Ley de medios, un llamado al cambio

 El año 2012 terminó con un escenario convulso en la esfera mediática argentina. Los cambios en la concepción de la prensa, los canales de televisión y las emisoras radiales acontecidos en los últimos meses pueden considerarse como los más profundos desde la década de los 80. Avaladas por una nueva Ley de Medios, las transformaciones afectan a una buena parte de los conglomerados noticiosos que dominan la prensa y el entretenimiento de ese país. Asimismo, protagonizan un complejo enfrentamiento entre el gobierno argentino y uno de los mayores conglomerados mediáticos del continente.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una normativa que establece las pautas de funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido aprobada en 1980 por la dictadura cívico-militar y se había mantenido vigente desde entonces.

No obstante, el conflicto mayor está planteado por los artículos 45 y 161 de la mencionada ley. En ellos se regula el número de licencias que puede manejar una empresa determinada. “Un mismo concesionario solo puede tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable, y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.

“A ningún operador se le permite que dé servicios a más del 35 % del total de la población del país o de los abonados, según corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable”, señalan medios latinoamericanos que han seguido la polémica, sostenida en gran parte por el Grupo Clarín, dominante en el espectro mediático de la nación suramericana.

Dichos artículos de la Ley obligan a las empresas comunicativas con mayor concentración a ceder una parte de sus licencias en Argentina a otras empresas pequeñas o colectivos sociales de la comunicación, y las sobrantes serán subastadas a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCSA).

A pesar de que la aprobación de la ley data de 2009, la madeja judicial en la que se ha visto envuelto el gobierno de Cristina Fernández frente al Grupo Clarín aún no se deshace, pues este último considera que la ley constituye un ataque a la libertad de expresión y a su patrimonio, sumado esto al hecho de que debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58,61 % de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica, según un informe de la AFCSA, citado por la agencia EFE.

Otros datos proporcionados por el mencionado organismo indican que Clarín posee “el 41 % del mercado de radio, el 38 % de la TV abierta y el 59 % de la TV por cable, cuando el máximo (que marca la ley) en todos los casos es 35 %. La empresa también gestiona el diario de mayor circulación en Argentina, varios canales televisivos, así como emisoras de radio, con un volumen de negocios que alcanzó cifras cercanas a los 10 mil millones de pesos (unos 2 000 millones de dólares) en 2011.

Hasta el momento, 19 conglomerados mediáticos —entre ellos Prisa (editora de El País), Telefónica y la norteamericana DirecTV— han presentado su plan de desinversión voluntario. Mientras, Clarín continúa siendo el único que se opone a acatar la medida, por lo que se enfrenta a un proceso de transferencia de oficio, que comprende la tasación de los bienes y la selección de licencias por las autoridades que estarán sujetas a una posterior licitación.

Para los defensores de la Ley es evidente que los artículos en cuestión tratan de frenar el monopolio de los medios por parte de los grandes emporios comunicativos, mediante la diversificación de la oferta mediática y el aumento de la pluralidad, lo que resulta inadmisible para los directivos de Clarín.

Los cambios en el desarrollo de mecanismos que tienen como fin la democratización de la información no han sido bien recibidos por una empresa que desde hace varias décadas controla el mercado de la comunicación en Argentina y ha mantenido su influencia en la gestión de varios gobiernos.

La normativa constituye además “una garantía importante de igualdad y pluralismo y que procura un verdadero lugar a las radios y televisiones comunitarias, que abundan en América Latina pero que con frecuencia son discriminadas y excluidas del espacio de difusión en numerosos países”, afirmaron representantes de Reporteros sin Fronteras.