Una respuesta firme ante una ley infame (II Parte)

El 24 de diciembre de 1996, Cuba dejó clara su postura ante la imposición, por parte del Gobierno de Estados Unidos de una ley infame, la Helms-Burton. En el VII Periodo Ordinario de Sesiones de la Cuarta Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedó aprobada la Ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas.

La Ley Helms-Burton se estableció por un acuerdo entre los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En ella se habla de “la reclamación de «propiedades», por batistianos, los malversadores, los explotadores de origen cubano que devinieron después ciudadanos de Estados Unidos”, según las palabras de Ricardo Alarcón de Quesada, en aquella fecha presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

Ese diciembre de 1996, en el seno de la Asamblea se analizó un informe de Estados Unidos que anualmente se presentaba al Congreso por la Comisión Federal de Reclamaciones (1990, 1991… 1995), órgano de ese país que se encarga de las demandas de propiedades de norteamericanos en otros países. Se anunciaba, además, que la comisión atendería las reclamaciones de propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba al principio de la Revolución, las ya formuladas y las que habrían de sumarse. Por lo tanto, se demostraba que la Ley Helms-Burton (firmada por el presidente Clinton en marzo de 1996) no era una nueva política lanzada contra Cuba, sino un disfraz diferente para este proceso absurdo.

Con ella se pretende negar la existencia de Cuba como Estado soberano y no tiene en cuenta el respeto a la libre determinación, más bien promueve la servidumbre colonial. Es un paso más en el recrudecimiento del bloqueo. Representa una amenaza ilegal con el objetivo de tomar el poder, de forzar al pueblo de Cuba a acatar sus designios.

Sus métodos: asfixiar económicamente a Cuba y aumentar las dificultades del pueblo. Bajo el manipulado concepto de libertad, sus armas de guerra son los alimentos y las medicinas. Sufrimientos, penurias, enfermedades constituyen solo piezas de su táctica para doblegar a las naciones.

“No se trata de que los problemas entre Cuba y Estados Unidos fueran a resolverse si nos volviésemos locos y fuésemos a aceptar la imposición aquí del régimen norteamericano; no se resolverían nuestros problemas con ellos, ni siquiera de ese modo. No se trata, ni siquiera, de que se nos proponga la rendición para evitar que continúe la guerra; no se trata ni siquiera, de que con el suicidio colectivo pudiésemos poner fin al diferendo con Estados Unidos. Si hay algo que agradecerle al señor Helms y al señor Burton es que lo hayan dicho y lo hayan puesto claramente en la Ley”, explicó acertadamente Alarcón de Quesada ante la Asamblea Nacional.

LA LEY DE REAFIRMACIÓN DE LA DIGNIDAD Y LA SOBERANÍA CUBANAS

Contrario a ese proceso de transición que busca el Gobierno norteamericano en Cuba, en el que el Congreso y el presidente de ese país deben certificar la existencia de un “régimen democrático” en la Isla, la Helms-Burton ha recibido el rechazo de la comunidad internacional y del pueblo cubano, por su carácter violatorio de los principios del Derecho Internacional reconocidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

“Los cubanos no nos rendimos, ni aceptamos leyes sobre nuestros destinos que estén fuera de la Constitución”, fue la respuesta rotunda del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y este mensaje ya está plasmado en la Ley 80 o Ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas, donde se declara ilícita la Ley Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, por lo tanto resulta nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica.

En ella se aclara que el proceso de nacionalización llevado a cabo por el Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo cubano, “fue realizado conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el Derecho Internacional, sin discriminaciones, con propósito de beneficio público; disponiéndose las compensaciones adecuadas, las que fueron acordadas mediante negociación bilateral con todos los gobiernos involucrados, con excepción del de Estados Unidos de América que se negó a ello por su política de bloqueo y agresión, perjudicando gravemente con esta actuación a sus nacionales”.

“Se reafirma la disposición del Gobierno de la República de Cuba, expresada en las leyes de nacionalización promulgadas hace más de treinta y cinco años, en lo relativo a una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América”, especifica la Ley 80.

Asimismo, toda persona natural o jurídica que utilice los procedimientos y mecanismos de la Helms-Burton se excluye de futuras negociaciones.

LEY ANTÍDOTO CONTRA LA HELMS-BURTON

“No cambiará la actitud frente a los que sostienen la espada contra nosotros. Los cubanos no nos rendimos, ni aceptamos leyes sobre nuestros destinos que estén fuera de la Constitución. En Cuba mandamos los cubanos”, con estas palabras Díaz-Canel establecía la postura del país y planteaba lo que se podría llamar la Ley antídoto contra la Helms-Burton: que el aislador resulte aislado.

A pesar de la desconfianza que han pretendido sembrar en la comunidad internacional con respecto a la inversión extranjera en Cuba, muchos son los empresarios que han demostrado su confianza, invierten en el país o negocian potenciales inversiones. Para ellos, el Gobierno cubano no solo utiliza todas las fórmulas legales con el objetivo de proteger sus intereses, sino que declara su decisión irrenunciable de adoptar las medidas que estén a su alcance como respuesta a esa legislación anticubana, incluyendo el traslado de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión.

Una posición como la de la Unión Europea (UE) inhabilitaría la aplicación de la Helms-Burton: “Nuestra reglamentación permite a las empresas europeas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas americanas", afirmó en La Habana Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE.

Por su parte, Alberto Navarro, embajador en Cuba de la UE, explicó recientemente que “la zona euro se ha dotado de una «legislación antídoto», un reglamento interno que protege a sus ciudadanos y empresarios de las disposiciones de la legislación estadounidense”.  Ya se ha conocido la decisión de algunos países europeos de acudir, de ser necesario, a la Organización Mundial del Comercio. Además, aprobaron sus propias leyes antídotos, que pondrían en peligro los intereses de empresas norteamericanas en Europa. En una carta enviada al secretario de estado de EE.UU. Mike Pompeo, las encargadas de Relaciones Exteriores y Comercio de la UE recalcaron el derecho de las empresas europeas demandadas en ese país de recurrir a los tribunales europeos para tratar de recuperar cualquier pérdida.

De forma similar lo han hecho Canadá y México. Hasta ahora ninguna empresa extranjera ha oficializado su salida del territorio cubano. Actitudes como estas demuestran que las locuras de Trump pudieran silenciarse con el apoyo de las naciones…