Trump: limitar inmigrantes y permitir delincuentes

“Estados Unidos está dando la espalda a una orgullosa historia de acogida de refugiados e inmigrantes, personas que ayudaron a construir su país, listos para trabajar duro a cambio de una oportunidad justa y una nueva vida”, dijo Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz que una vez fue baleada por talibanes como represalia por defender la educación de las mujeres en Pakistán.

Esto fue en enero, cuando el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13769, titulada Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos, cuyo contenido limitó fuertemente tanto el viaje como la inmigración de personas de varios países de Oriente Medio, suspendiendo el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP) durante 120 días, así como la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana (Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), sin importar el estatus de visado o residencia permanente, durante 90 días.

Esa orden ejecutiva original de Trump fue anulada después de una batalla legal iniciada por los estados de Washington y Minnesota. Luego el presidente firmó una segunda orden ejecutiva revisada en marzo, que prohibía la entrada a personas de dichos países, que tampoco incluía a ciudadanos de Arabia Saudita, y que no ha podido aplicar en medio del rechazo generalizado.

Al parecer, el magnate de la Casa Blanca halló una solución en los vericuetos legales con una oposición pocas veces vista en las calles norteamericanas. Se trata de la Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte (cuyo acrónimo en inglés forma la palabra RAICE, que significa aumentar), un proyecto de ley elaborado por dos senadores republicanos, David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas, que pretende reducir el número de inmigrantes legales permitidos en Estados Unidos en un 40 % en el primer año y el 50 % en una década, según sus promotores.

De aprobarse este proyecto, desaparecerá el sistema de lotería, a través del cual se otorgan alrededor de 50 000 permisos de residencia temporal a personas originarias de países con bajos niveles de inmigración, adelantó la web La Izquierda Diario México. Prioriza como criterio para autorizar ingreso legal de los migrantes las habilidades profesionales frente a la presencia de familiares de los solicitantes. Hablar bien inglés, poseer una alta cualificación profesional y haber recibido una oferta de trabajo con buena remuneración o contar con un proyecto empresarial propio son los criterios de mayor peso para obtener permisos temporales de residencia o la greencard.

Según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., relativos a 2015, los países cuyos ciudadanos reciben ahora más permisos de residencia permanente son México (el 15,1 % del total), China (7,1 %), India (6,1 %), Filipinas (5,4 %), Cuba (5,2 %) y República Dominicana (4,8 %), de acuerdo con la agencia EFE.

Desde el inicio de su campaña electoral, Trump enarboló las banderas del racismo y la xenofobia al criminalizar a los migrantes sin documentos. Además de esto, los culpó de presionar a la baja los salarios por ser trabajadores de “baja cualificación”, así como azuzó el odio contra los países como México por ser destino de inversiones de trasnacionales que buscan pagar bajos salarios. Y ahora va contra los migrantes legales. Un mecanismo perverso para mantener dividida a la multiétnica clase obrera de Estados Unidos.

En este punto del análisis hay que detenerse. La prensa de Estados Unidos arremete contra Trump respondiendo a variados intereses, pero debe comprenderse que el súper poder que le otorgan al magnate presidente, es falso. El poder real está en manos de las grandes corporaciones, del complejo militar industrial y de las instituciones mundiales como el FMI o el Banco Mundial, de acuerdo con competentes analistas.

Ese poder real está timoneando el dogma neoliberal de la libre circulación del capital y la restricción de las personas, al igual que en la Vieja Europa, donde la canciller alemana Angela Merkel admitió “graciosamente” a Trump en marzo, después de un encuentro bilateral, que “la inmigración es un privilegio y no un derecho”.

Así no se entiende en los propios Estados Unidos, donde los ciudadanos están opuestos, pero quien más claro y sin titubeos lo ha denunciado, es el presidente de Bolivia Evo Morales, abanderado de la ciudadanía universal.

Morales consideró que es racista y fascista el proyecto de ley impulsado en Estados Unidos, con el apoyo de Donald Trump, para reducir al menos a la mitad la cantidad de inmigrantes en ese país.

El jefe de Estado lamentó que el gobierno de EE.UU. no quiera tener en su territorio a personas con poca formación, pero al mismo tiempo deje ingresar a los “delincuentes” e incluso a “genocidas”.

Así es, y no es posible probar lo contrario.