Contraloría: más allá del término

Quizás a usted le haya ocurrido igual que a mí. Desde que escuché por vez primera la palabra contraloría, debo hacer un pequeño esfuerzo cada vez que la pronuncio. Como no figura en el habla común del cubano, me resulta difícil expresarla correctamente.

El vocablo y su significado pueden encontrarse en varios diccionarios. El de la Real Academia Española de la Lengua plantea que contraloría es el “órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos”. Por su parte, el Larousse sostiene que ella constituye “la oficina de la nación encargada de revisar las diferentes cuentas del gobierno”.

En la mayoría de los países de América Latina conocen bien acerca de esta institución, refrendada en sus cartas magnas, como garantía del control sobre los recursos del patrimonio nacional.

En Cuba, durante los tiempos del dominio español, la administración de las finanzas recayó en la Intendencia de Hacienda y en el Tribunal de Cuentas. Estos debían vigilar el cumplimiento de las rentas y el uso de los bienes públicos.

Al instaurarse la República neocolonial surgió la figura del interventor general, quien cumplía la función de examinar los ingresos y gastos del Estado.

Luego, la Constitución del 40 dispuso que el Tribunal de Cuentas, con carácter autónomo y una jurisdicción más amplia, fuese la entidad fiscalizadora superior, pero su creación ocurrió diez años más tarde.

Permeado por funcionarios corruptos, este tribunal incumplió sus obligaciones y tuvo una pobre actuación durante la dictadura de Fulgencio Batista. Cesó sus funciones en 1960, a un año del triunfo revolucionario.

Desde entonces, las formas de control económico han variado en nuestro país, hasta la creación en el 2001 del Ministerio de Auditoría y Control (MAC), un organismo que es asumido desde el año 2009 por la Contraloría General de la República.

LLEGÓ EN EL MOMENTO PRECISO

En el sector estatal perdura un conjunto de irregularidades, que se concentran, fundamentalmente, en la ejecución del presupuesto, el manejo de los recursos materiales y financieros, así como en los portadores energéticos y el uso de las nuevas tecnologías. Tales deficiencias influyen en la aparición de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción.

La existencia de nuevas formas de propiedad, como la mixta, junto a una mayor inversión extranjera y el desarrollo de los vínculos con otras naciones, llevaron a la necesidad de aplicar métodos eficientes y capaces, con el objetivo de proteger los bienes estatales.

La Contraloría General de la República, subordinada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, llegó en el momento preciso. El MAC carecía de herramientas legales para asegurar la correcta administración del patrimonio público y exigirles a otros organismos el cumplimiento de normas y disposiciones.

El órgano, en estos cinco años, ha facilitado mayor rectitud en la preservación de las finanzas y permitido trabajar con amplia transparencia, al extender acciones de auditoría a esferas y entidades hasta entonces excluidas del control.

Igualmente, reconoce el derecho que tenemos todas las personas de nuestro país de poner en su conocimiento los actos de presunta corrupción administrativa.

En su desempeño ha pedido cuentas por la responsabilidad colateral, referida a aquellos cuadros, dirigentes y funcionarios que por su falta de exigencia, su conducta negligente o su inobservancia, propician la ocurrencia de violaciones o no informan de ellas a sus superiores.

En su intervención ante el parlamento el 27 de diciembre de 2008, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, planteó:

“La Contraloría no va a eliminar por sí sola estos problemas, que provienen de vicios enraizados —tan enraizados como el marabú; pero el marabú se arranca, el marabú se quema, y sobre la tierra que hoy es protegida por lo menos por el marabú, pueden producirse frutos útiles para el país—, pero contribuirá —me refiero a la Contraloría— a la batalla que estamos librando contra ellos, con el apoyo de otros organismos, particularmente de la Fiscalía General de la República, y junto al Partido y otras instituciones no estatales que representan en su conjunto a toda la sociedad”.

En el transcurso de estos años, la Contraloría ha ejecutado auditorías y comprobaciones especiales coordinadas, dirigidas a procesos y programas priorizados, en los que están comprometidos la implementación y el cumplimiento de los Lineamientos.

Los temas que han sido controlados con este mecanismo son, entre otros, la venta de materiales de la construcción para el programa de viviendas, la comercialización de implementos agrícolas y sistema de riego, la entrega y uso de tierra en usufructo, así como las medidas para el fortalecimiento de la Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).

Igualmente, ha colocado su atención en proyectos de iniciativas de desarrollo local y en los procesos de producción para la exportación, importación y sustitución de importaciones.

Particular importancia le ha concedido a la comprobación de los ingresos al presupuesto del Estado y al análisis de los sistemas que integran la administración financiera: los tributos, la tesorería, la contabilidad gubernamental.

Como ejercicio movilizador y preventivo, la Contraloría ha promovido las comprobaciones nacionales al control interno, de gran valor para las entidades. En este sentido, las unidades en perfeccionamiento empresarial se encuentran en la avanzada, mientras que las de subordinación local concentran los resultados más negativos.

Este órgano preside la Comisión Estatal de Control, creada desde el 19 de febrero de 2013 por acuerdo del Consejo de Estado, con el objetivo de contribuir, mediante el estudio de casos, al análisis sistemático de los temas relacionados con la corrupción y la necesidad del trabajo preventivo para evitar conductas contrarias a la ética ciudadana.

Esta labor de Cuba durante el quinquenio ha recibido el reconocimiento internacional. Durante el mandato 2011-2013, el país estuvo al frente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCFES), que concluyó con el reconocimiento del Mérito al Control, que otorga esta entidad.

Más allá de la pronunciación del término —al cual nos vamos adaptando después de cinco años—, la Contraloría llena un vacío que no solo estaba en nuestro hablar cotidiano. Cubre fisuras existentes en la exigencia institucional y con su actuación aminora los daños que sufre la economía cubana. Su rendición de cuentas próximamente ante la Asamblea Nacional será una oportunidad para revisar lo avanzado y asumir nuevos retos.