La hora de salvar a América Latina

Organizar y movilizar a las fuerzas revolucionarias y progresistas de América Latina y El Caribe resulta impostergable ante los acontecimientos políticos de los últimos meses en Argentina y Brasil y las graves amenazas que se ciernen sobre Venezuela. El pase a la ofensiva revolucionaria, a estas alturas, y como una entidad compacta, es de suma urgencia a nivel continental. Vistos los acontecimientos, queda claro que el embate revolucionario resulta todavía débil ante la gravedad de los hechos.

Unidos al surgimiento de los gobiernos populares en la región desde 1999, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela y le siguieron otros países, comenzaron a crearse, a raíz de la necesidad de la unidad y la integración, organismos como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la primera del anillo que blindaría a los procesos progresistas, luego la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Los mecanismos de nuevo tipo, cuyas funciones rebasaban los criterios tradicionales de la amistad, devinieron fuerzas vivas contra los intentos de derrocamientos presidenciales desde la propia asunción de Chávez. El propósito entonces, como debía seguir siendo, era la fundación de bloques que blindaran las novedosas políticas, la caída del neoliberalismo y los programas sociales a favor de los pobres.

Revoluciones pacíficas, sin un disparo, hechas en las urnas, de donde surgieron los mandatarios progresistas, antiimperialistas y antineoliberales. Como escudo protector de la nueva era surgida en América Latina, aparecieron sus reconocidas organizaciones, basadas en la solidaridad de los pueblos y la colaboración asumida de igual manera para todos.

Venezuela, considerada líder de estas revoluciones, sufrió —y no puede verse de otra manera— un tempestuoso golpe con la muerte de Chávez. Antes, Argentina había perdido a Néstor Kirchner. Luiz Inacio Lula da Silva, otro de los puntales de los nuevos tiempos, cumplió dos mandatos en el Palacio de Planalto, sustituyéndolo por voto popular su pupila y revolucionaria Dilma Rousseff, ahora separada del cargo por 180 días gracias a un golpe de Estado parlamentario orquestado por la oposición conservadora.

Es cierto que las condiciones no son iguales, pero se mantienen en pie gobiernos como los hostigados de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y otros que conservan las proyecciones con las que nacieron, a pesar de los continuos ataques tácticos de la derecha regional y mundial (triangulación de América Latina con Europa y Estados Unidos).

En moda ha puesto Estados Unidos la táctica de los golpes de Estado parlamentarios y jurídicos, el uso de los medios de comunicación en sustitución de los partidos políticos, nuevos líderes de derecha, pero con la estrategia imperial de recuperar su terreno en las tierras del Sur.

Si se quiere salvar a Venezuela, en uno de los momentos más críticos de la Revolución Bolivariana al decir de su presidente Nicolás Maduro, se torna imprescindible la cohesión política por la cual nacieron las organizaciones regionales, donde tienen cabida todas las naciones, como es el caso de la CELAC, surgida en 2010.

El gobierno de Venezuela está siendo hostigado por casi todos los flancos posibles, y ya los analistas políticos han advertido desde hace meses la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos, que creando condiciones para tan arriesgado paso declaró a esa nación suramericana “una amenaza inusual y extraordinaria”.

Aunque UNASUR se pronunció por propiciar el diálogo entre el gobierno bolivariano y los líderes de la derecha venezolana, ahora ocupantes de la Asamblea Nacional, otros intentos fracasaron en años anteriores, como el 2014, cuando propiciaron —como en los últimos días— acciones violentas.

Los opositores no han dictado desde el Parlamento una medida para tratar de sacar al país del marasmo económico en que está y del cual tienen parte de culpa, ni tampoco para salvar al país de la injerencia norteamericana, pues su meta priorizada es sacar a Maduro del Palacio de Miraflores este año.

Desde la experiencia revolucionaria, y tomando como base lo ocurrido en Chile en 1973, cuando bajo la sombrilla de Washington un golpe militar derrocó al presidente legítimo Salvador Allende —lo que no ocurriría en Venezuela dada la unión cívica entre la Fuerza Nacional Bolivariana y el Ejecutivo—, se impone ahora una actuación ágil, comprometida, que haga válido el acuerdo adoptado por la CELAC en su segunda Cumbre en La Habana en el 2014, de declarar a América Latina zona de paz.

Zona de paz que en estos momentos parece un sueño, pues nadie puede dormir tranquilo sabiendo que elementos anticonstitucionalistas buscan quebrar el equilibrio democrático en la tierra de Simón Bolívar, como ya hicieron en Brasil y Argentina —antes en Paraguay y Honduras—.

En estas naciones se hacen visibles en las calles millares de personas movilizadas por los movimientos populares —a pesar de la represión de los nuevos dirigentes apegados a ideas imperiales—, que alcanzan importantes niveles de organización y actúan al unísono en distintos países mediante el uso de la tecnología más actual, pero que precisan enrumbar en un plan único capaz de detener el avance derechista en los puntos más amenazados.

El grado visible de organización que posee la derecha internacional, guiada por el objetivo de recuperar las plazas perdidas, debía prevalecer también en las filas revolucionarias, de manera realista, como si la región fuera una nación única que actúa en consecuencia con las circunstancias, ágil en sus decisiones y sin hacer concesión alguna a los enemigos de clase.

Buen momento para volver a poner en práctica la unidad de principios de soberanía y nacionalismo que hicieron posible líderes de finales del siglo XX y que por imperativos de la historia deben continuar los actuales. De lo contrario, más antes que después, América Latina retrocederá al punto de donde partió hace poco más de tres lustros.