¿Quién gobierna Estados Unidos? Responder esa interrogante ha sido una preocupación permanente de muchos estudiosos. ¿Cómo es el proceso de formulación de políticas? ¿Cómo se toman decisiones que afectan no solamente a los estadounidenses sino a millones de personas en el mundo?
La conformación de cada política es un proceso complejo, donde intervienen una multiplicidad de factores. En el caso de Cuba, no es posible comprender en todas sus dimensiones la proyección de Estados Unidos hacia nuestro país sin entender la labor del Congreso, por ser el órgano donde se ha aprobado el sistema de sanciones que conforman el bloqueo, y donde este podría ser eliminado.
No son pocos los legisladores que se han pronunciado a favor del mejoramiento de las relaciones bilaterales. Esta semana, en Nueva York, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, se reunió con varios congresistas. Entre ellos estaba la representante demócrata por Tampa Kathy Castor, quien durante el encuentro enfatizó en la importancia de continuar el diálogo en beneficio de los ciudadanos de ambos países. Sus posturas no son nuevas. Castor visitó Cuba en 2013, y a su regreso escribió una carta al entonces presidente Barack Obama en la cual llamaba a eliminar el bloqueo.
El senador demócrata por Oregon, Ron Wyden, también estuvo presente en el encuentro con Díaz-Canel, y declaró a Dominio Cuba que tras las elecciones de medio término en noviembre próximo —donde se reelegirá un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes— en el nuevo Congreso podría haber un mayor apoyo a las relaciones comerciales bilaterales.
Desde los anuncios del 17 de diciembre de 2014 se reavivaron los debates sobre Cuba dentro del Congreso, y se comenzaron a presentar, paralelamente, proyectos de ley para allanar el camino de las relaciones bilaterales y otros para dificultarlas. Dentro del primer grupo destacan varios dirigidos a eliminar restricciones para los viajes de los estadounidenses a la isla y para la venta de productos agrícolas. De hecho, Díaz-Canel también se reunió en Nueva York con líderes del sector de los agronegocios.
¿Por qué a pesar de tantos intereses favorables los proyectos de ley no han logrado cristalizar en el Congreso?
Esa institución está caracterizada por una gran complejidad. Su tamaño —535 miembros y más de 25 000 empleados—, el funcionamiento de los partidos, los comités, subcomités, además de las reglas y procedimientos, hacen que en el proceso legislativo participen muchos actores con diversidad de intereses.
La lucha en el Capitolio, en lo que a Cuba se refiere, no es entre demócratas y republicanos, puesto que se han generado después del 17D intereses políticos y económicos que van más allá de filiaciones partidistas.
Tampoco bastaría para el análisis dividirlos entre “liberales” y “conservadores”, con los primeros más interesados en acercar a Washington y La Habana. Un caso que lo ilustra bien es el del senador Jeff Flake, quien regularmente mantiene posturas muy conservadoras, y, sin embargo, ha sido uno de los principales promotores del restablecimiento de las relaciones bilaterales. Pero ese consenso bipartidista no necesariamente se traduce en un recorrido más fácil del proyecto dentro del Capitolio.
El sistema de comités y subcomités por donde debe transitar cada propuesta, con sus enrevesadas reglas de funcionamiento, hace que sea insuficiente la existencia de un apoyo mayoritario a un proyecto para que este sea convertido en ley.
Como consecuencia de su propio reglamento —sobre todo en el Senado por la existencia del filibusterismo— las propuestas pueden ser detenidas por una sola persona durante el proceso, aunque el resto de los miembros desee avanzar.
Así, las votaciones pueden ser pospuestas por largos períodos de tiempo, o incluso de manera indefinida. Muchos de los proyectos terminan engavetados por esa causa.
En el caso de Cuba, es evidente que el sector de los negocios agrícolas ha sido un núcleo fundamental a favor del acercamiento, específicamente a favor del levantamiento de algunas sanciones económicas que entorpecen las exportaciones.
La mayoría de los proyectos de ley presentados en este sentido han sido promovidos y respaldados por republicanos, muchos de los cuales son beneficiarios de financiamiento proveniente del sector de los agronegocios para sus campañas. De hecho, algunas investigaciones sugieren que los agronegocios contribuyen más a campañas de republicanos que de demócratas durante los ciclos electorales.
Los legisladores persiguen sus propios objetivos políticos —fundamentalmente electorales—, mientras compiten entre ellos, interaccionan con el presidente, con sus electores y con grupos de presión. El resultado es un Congreso donde fenómenos como la polarización partidista creciente dificulta la posibilidad de avanzar en la agenda.
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