Afirman los analistas que los comicios parciales realizados este 27 de septiembre en Cataluña se registran como los de mayor afluencia de votantes en largos años.
En efecto, las cifras indican que casi el ochenta por ciento de los cinco millones y medio de catalanes convocados a las urnas acudieron a expresar su criterio, que otorgó la mayoría de las butacas legislativas a los grupos proclives a la independencia regional.
Así, los partidos que apuestan al desmembramiento con relación del poder central español acumularon setenta y dos de los ciento treinta y cinco escaños que componen el parlamento, lo que los coloca en una cómoda posición a la hora de adoptar decisiones.
Según los informes, la plataforma Juntos por el Sí, que lidera el actual jefe del gobierno regional, Artur Mas, se hizo de sesenta y dos escaños, en tanto que la Candidatura de Unidad Popular, asumió diez. En esas circunstancias ambas entidades estarían listas para una negociación que sume fuerzas en el legislativo.
El gran golpe fue para el derechista Partido Popular, del jefe del gobierno nacional, Mariano Rajoy, que perdió once de sus diecinueve butacas en juego en el recién electo parlamento de Cataluña, lo que debilita seriamente su campaña contraria a la proclamación de la independencia de esa región.
Como se ha dicho en otras ocasiones, las aspiraciones de secesión entre los catalanes tienen su origen en particulares circunstancias históricas, a las que se suman en los últimos años la tozudez del Madrid oficial para atender los reclamos y aspiraciones regionales, así como su fallida política económica -agravada por la crisis europea- con muy serias, frustrantes y prolongadas consecuencias sociales.
De hecho, los independentistas, que han visto cortadas hasta ahora sus aspiraciones de realizar un referendo para separarse de España, enfocaron estas elecciones parciales como una posibilidad para que la población local expresara sus preferencias sobre un tema tan sensible, que concita permanentemente y sonada alarma entre los círculos de poder de La Moncloa.
De hecho, la mayoría parlamentaria se percibe como el preámbulo para “avanzar en un lapso de dieciocho meses hacia la declaración unilateral de independencia de España”, según los cálculos de los grupos que abogan por la separación.
No obstante, vale indicar que si bien los que apoyan la escisión han logrado el control del legislativo regional, no llegaron a adjudicarse más de cincuenta por ciento de las boletas contabilizadas, por lo que todavía –aducen algunas fuentes- no es válido afirmar que la mayoría absoluta de los catalanes aboga por el separatismo.
Esta circunstancia ha sido aprovechada por varias figuras y entidades políticas críticas de la independencia para intentar poner vallas a toda decisión de ese corte, y exhortar a los intercambios políticos que conduzcan a algún tipo de arreglo ajeno al desmembramiento.
Incluso varios órganos de prensa presentes este domingo en Cataluña, centraron su atención en lo que llaman la “franja del medio”, en referencia a los miles de ciudadanos que aún no están seguros de que paso futuro será más conveniente.
En esa lista ubican a aquellos que, aún cuando critican a Madrid y a sus restrictivas políticas hacia las regiones y en materia de economía, e incluso favorecen mayor albedrío para su terruño natal, no se sienten cómodos ante la idea de dejar de ser españoles.
No obstante, lo cierto que este 27 de septiembre, por intermedio de una asistencia récord a las urnas en los últimos 35 años y un apoyo mayoritario a los partidos proclives a cortar con Madrid, la sociedad civil de Cataluña ha dado un nuevo paso que cualquier autoridad gubernamental medianamente inteligente no soslayaría ni dejaría pasar por alto.
Las bravatas oficiales, por tanto, no parecerían ser el camino más adecuado para intentar zanjar un entuerto que tiene entre sus opciones un duro golpe al dibujo de la España que hemos conocido hasta hoy.
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