Bacardí y la división de poderes

Uno de los paradigmas que suele vendernos el “Cuarto poder” -como suele denominarse en el capitalismo a la influencia de los grandes medios de comunicación- es precisamente el del funcionamiento en los países industrializados de la llamada división de poderes entre el llamado ejecutivo, legislativo y judicial.

Lo ocurrido el pasado 14 de mayo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos -poder judicial- de denegar a la compañía cubana Cubaexport la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de la marca de ron Havana Club, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) es una muestra de cómo -con métodos mafiosos- una poderosa empresa puede imponer su voluntad concertando decisiones de los famosos tres poderes a su favor, en contra del interés nacional y el derecho internacional.

Como resultado del cabildeo de legisladores de la ultraderecha de Miami, financiados por la empresa Bacardí, principal beneficiaria de la decisión de la Corte Suprema, a fines de 1998, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en la sección 211 de la Ley Ómnibus de ese año prohibir el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano.

Esta ley exige una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para renovar marcas cubanas en ese país, algo que en el caso de Havana Club ocurrió desde 1976 a 2006 pero que -como declaró la OFAC ante la Corte Suprema- dejó de aprobar porque el Departamento de Estado -parte del poder ejecutivo- le ordenó no hacerlo con el argumento de que no se correspondería con la política de EE.UU. hacia Cuba.

En términos de derecho internacional, el Panel de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló contra los Estados Unidos y reclamó la eliminación de la sección 211 que consideró ilegal. En cuanto al interés nacional norteamericano la decisión estadounidense pone en riesgo el reconocimiento de más de cinco mil marcas y patentes norteamericanas en Cuba con “consecuencias negativas que pudieran derivarse de este hecho para la protección recíproca de la Propiedad Industrial”, según declaró la cancillería cubana.

Bacardí ha sido señalada por las estrechas relaciones de sus ejecutivos y accionistas con la ultraderechista y terrorista Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA) que maneja la agenda y prioridades de los legisladores cubanoamericanos en el Congreso norteamericano. En la sede de la FNCA realizó Barack Obama su principal pronunciamiento sobre la política hacia Cuba durante su campaña electoral.

El libro del periodista colombiano Hernando Calvo Ospina Bacardí: la guerra oculta documenta los lazos de Bacardí con la FNCA, la CIA y el terrorismo en Cuba, Nicaragua y Angola y un documental basado en ese libro, realizado por cineastas alemanes, ganó el tercer premio en un importante Festival en New York. Otro libro de Calvo Ospina, titulado ¿Disidentes o mercenarios? entrevista a varios dirigentes de la FNCA y establece sus vínculos con el terrorismo y la política norteamericana hacia Cuba.

El testimonio de Calvo Ospina -quien es colaborador de prestigiosas publicaciones como Le Monde Diplomatique- ante la prensa norteamericana o la referencias a sus investigaciones pudieran haber sido útiles para que el público norteamericano se enterara de cómo funciona en su país la división de poderes. Pero esa información no sólo es ocultada, sino que en otra decisión ejecutiva, violatoria del derecho internacional, el pasado 6 de mayo al autor de esas investigaciones sobre la FNCA y Bacardí se le impidió abordar un vuelo con destino a Cuba de la empresa española Air Europa en el aeropuerto de Madrid, bajo el insólito pretexto de que el avión sobrevolaría por unos minutos territorio norteamericano.

¿Temería el gobierno estadounidense que al periodista colombiano se le cayera uno de sus libros sobre el suelo de EE.UU. en vísperas de la decisión de la Corte Suprema? No lo creo, pero lo cierto es que hay una corrupta maquinaria de violencia, poder político, dinero y control mediático, cuyo poder llega hasta la sacrosanta Corte Suprema de los Estados Unidos de América, el Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Estado. Y aunque el llamado Cuarto poder no se entere, es la expresión del funcionamiento de una mafia que, moviendo dinero e influencias mediáticas y políticas, impone decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales a la sociedad que se vanagloria de su división de poderes.