Inversión Extranjera en Cuba: los primeros pasos

La sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la aprobación de la nueva Ley de Inversión extranjera marcaron jornadas que, sin dudas, trazan un antes y un después en el desarrollo económico y social del país.

Para quienes lo vivimos desde dentro, significó conocer de primera mano los porqué de esta necesaria legislación, la política que la respalda y la posibilidad de aclarar dudas sobre el camino que seguirá en lo adelante, en el que todos tendremos una cuota de responsabilidad.

Entre los momentos más importantes de la sesión, resalta la explicación oportuna del vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, sobre la relación de esta ley con los lineamiento aprobados en el VI Congreso del Partido, la lectura del dictamen propuesto por las Comisiones Constitucionales y de Asuntos Económicos del Parlamento y la discusión el proyecto de ley, aprobado por unanimidad por los diputados cubanos.

Acerquémonos a algunos detalles de estas sesiones de trabajo.

DE LAS PROPUESTAS, MODIFICACIONES Y OTRAS ACLARACIONES

Un oportuno resumen realizó el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca, ante el parlamento cubano, en el que detalló un grupo de elementos técnicos y jurídicos contenidos en las recomendaciones de los diputados, algunas de los cuales no fueron aceptadas por estar ya presentes en otros decretos leyes vigentes en el país.

De las 17 propuestas de modificaciones evaluadas, se aceptaron 7 y se tuvieron en cuenta los criterios y dudas que se generaron, la mayoría relacionadas con términos del glosario que establece la ley; por ejemplo, la diferencia entre una filial y una sucursal.

Un tema de especial interés resultó ser la definición de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) y los parques científicos y tecnológicos, definidos en la ley. Al respecto, Rodrigo Malmierca recordó la existencia en Cuba del Decreto Ley 165 sobre zonas francas y parques industriales, que debe derogarse, pues se tendrá que emitir otra norma jurídica que ampare las ZED, que es un concepto diferente al de las zonas francas.

Dijo además que excepcionalmente se emitió uno para la Zona Especial de Mariel, pero “esto no exime que se elabore uno que ampare todas las Zonas Especiales que se pueden constituir en el país”.

En este escenario se reflexionó nuevamente sobre la posibilidad de que un cubano residente en el exterior pueda invertir en el país, y se reiteró que se trabajará siempre sobre la base de carteras de proyectos, identificadas con políticas sectoriales que ya el gobierno aprobó. Es crucial entonces asociarnos con empresas que tengan la capacidad tecnológica y financiera de cumplir los compromisos necesarios para la ejecución de un proyecto.

“A nadie se le quitará la posibilidad de venir a invertir, pero sí vamos a defender que sea en los proyectos que queremos y sean empresas serias,  y si en ellas hay cubanos residentes en el exterior —ya sea en Estados Unidos o donde sean— se analizaría puntualmente y el gobierno decidirá qué hace. La garantía es que  todos los proyectos los va a aprobar nuestro gobierno y no deberán cometerse errores”, puntualizó el ministro del MINCEX.

Entre las propuestas de modificación aceptadas estuvo la aclaración del término “autorización” y el concepto de “patrimonio de la nación”, el cual fue incluido en el artículo 20, en el que se precisa que el Estado Cubano autorizará la inversión extranjera siempre que no se afecte la soberanía y la seguridad nacional, el patrimonio de la nación y el medio ambiente.

Sin embargo, no se incluyó el concepto “acciones”, por determinarse propio de una ley de sociedades mercantiles que aún no existe en el país, aunque en su momento se evaluará su posible elaboración, al igual que el código de comercio que es antiguo y deberá renovarse. Otros temas, como el de las posibles causas de la expropiación forzosa, que están contenidos en la Constitución de la República, no fue necesario detallarlos nuevamente en esta legislación.

Otro tema de gran interés fue el derecho a prórrogas. En este sentido se  precisó que estas podían aprobarse o no, pero todo negocio tiene el derecho a solicitarlas luego de concluir el plazo establecido inicialmente, y de esto se encargaría la misma autoridad que concedió el permiso.

Para la protección del país de nuestra soberanía y de las propias inversiones, la política y la propia ley establecen que las inversiones extranjeras serán protegidas contra reclamaciones que se ajusten a derecho o la aplicación extraterritorial de leyes de otros Estados, es decir, conforme a las leyes cubanas y nuestros tribunales. Por otro lado, la participación extranjera podrá transferir sus partes de tres maneras: al Estado Cubano, a la contraparte cubana en el negocio o a un tercero; pero si es un tercero tiene que ser con autorización del gobierno.

Ante la inquietud de un diputado villaclareño, Rodrigo Malmierca instó a que los territorios —los municipios, las provincias— tengan participación en el proceso de identificación de proyectos y se dijo que cualquier iniciativa puede ser buena, pero tiene que estar en línea con las políticas sectoriales y tiene que prepararse adecuadamente.

Estos y otros temas están detallados en el reglamento de la ley y en las normas complementarias que la acompañan, los que forman en conjunto el marco legal que facilitará su comprensión y aplicación.

 EL DEBATE: DE LAS GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES  

Los diputados aprobaron el Dictamen y la ley por unanimidad y resaltaron el nivel de preparación, los diagnósticos, el estudio realizado para su conformación, así como el proceso de consultas y discusiones por todo el país.

Durante la presentación del Dictamen, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento reiteró que la aplicación de esta ley deberá acometerse en el contexto de una economía mundial competitiva y lastrada por crisis sucesivas, con predominio de las reglas que dicta el mercado y en la que Cuba se inserta con la necesidad insoslayable de incrementar las tasas de su  Producto Interno Bruto y lograr las transformaciones estructurales necesarias, por lo que la inversión del capital extranjero resulta un elemento activo y fundamental para el desarrollo de determinados sectores de la economía.

La renovación de las normas jurídicas que regulan las inversiones extranjeras es una práctica internacional que se corresponde con las cambiantes situaciones económicas, tanto a nivel mundial como en la economía interna de los Estados. “(…) Ningún país que transita hoy por el camino del desarrollo, lo hace sin contar con la inversión de capital extranjero como un componente de su política económica”, señaló Santander.

Para el inversionista extranjero, invertir en Cuba significa seguridad jurídica —sin temor a la expropiación, excepto por razones de interés social o utilidad pública previamente declarado por el Consejo de Ministros y con la debida indemnización—,  derecho a que se prorrogue el plazo de vigencia de la inversión, libre transferencia al exterior de sus beneficios,  facilidades y excepciones tributarias, alta  calificación de los recursos humanos de que dispondrá, posibilidad de vender su parte en la asociación,  estabilidad socio-política, seguridad ciudadana y seriedad ante los compromisos contraídos.

A ellos se suma la decisión declarada del gobierno cubano de luchar contra toda manifestación de corrupción administrativa, tema en el cual todos los implicados y el pueblo en general deberán tener un papel muy activo y responsable.

Los diputados le otorgaron especial relevancia a la inclusión en el proyecto de ley de la responsabilidad de los Organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales patrocinadores de la inversión extranjera, en la presentación al MINCEX de las propuestas de negocios, y por tanto, la responsabilidad de todos en mantener actualizadas las carteras de inversiones, para facilitar todo el proceso inversionista y cumplir con las políticas sectoriales aprobadas.

A tales efectos, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera deberá informar anualmente al Consejo de Ministros sobre el estado de conformación y actualización de este proceso, para que el gobierno adopte oportunamente las medidas requeridas en cada caso.

LOS PRIMEROS PASOS DE UN LARGO CAMINO

Publicar íntegramente el texto de la nueva Ley de Inversión Extranjera en el menor tiempo posible, darle seguimiento a las dudas, las posibles interpretaciones incorrectas y realizar las aclaraciones necesarias sobre su relación con la Constitución y el ordenamiento legal que realiza el país, deberá ser, en los próximos días, una prioridad.

Los propios diputados también recomendaron realizar debates en los barrios, centros de trabajo o de estudio sobre este tema y dedicar el próximo proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores en cada una de las circunscripciones territoriales al análisis de estos temas.  “Los cubanos todos tenemos que sentirnos partícipes, comprometidos y orgullosos de una legislación como esta, porque está en juego el desarrollo y el futuro del país. Hay que conocerla, estudiarla, defenderla”, afirmó la diputada Mirtha Millán, del municipio Especial Isla de la Juventud.

En tal sentido, un primer paso fue encomendar al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera elaborar y desarrollar una estrategia de comunicación para la ley y su legislación complementaria, para emitir cuanta información se requiera, tanto a lo interno del país como hacia el exterior.

Al aprobarse esta ley, se inicia un largo camino y se abren nuevas puertas para el desarrollo económico y social de la nación. A la vista, se avizoran preguntas sobre temas específicos como los procesos de licitación y valorización de los activos del país, algunos de los riesgos ya evaluados en un proceso que tendrá ventajas, pero también riesgos, o cuáles podrían ser los resultados reales a corto plazo, si es que ya se han realizado estudios al respecto.

Estas y muchas otras interrogantes podrán aclararse, seguramente, cuando todos dispongamos de la ley, sus normas complementarias y el reglamento que la respalda. Otras requerirán consultas de especialistas y directivos; pero solo el tiempo, la aplicación y los resultados de las primeras experiencias concretas podrán ofrecernos respuestas definitorias.