Con el júbilo al tope

Los precios topados se han vuelto plato fuerte del debate nacional por estos días. Y no porque muchos cubanos hayan “dado agua” a discutir de pelota; sino porque los cambios suelen provocar retortijones de estómago, acaloramientos, polémicas. Finalmente, luego de un dilatado reclamo popular, se acordó establecer precios máximos para una serie de productos y servicios que oferta el sector no estatal; política palpable a partir de la entrada en vigor de la Resolución 302 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Esta regulación –que se suma a la 301, ya funcional en entidades estatales– ha llegado oportunamente para complementar el impacto positivo y proteger el valor real del recién horneado incremento salarial al sector presupuestado (un tercio de la fuerza laboral), una de las significativas medidas aprobadas por el Estado cubano para impulsar la economía. Con ello se materializa la voluntad gubernamental de mantener un equilibrio financiero y, sobre todo, de evitar alzas arbitrarias, desmedidas e injustificadas de precios que estrangulen los trémulos bolsillos de las mayorías.

Como novedad, la nueva legislación faculta a las autoridades territoriales –dígase municipales y provinciales– para evaluar, ordenar y fiscalizar el sistema de mercadeo. Doce provincias, hasta el momento, se han ajustado los cinturones en ese sentido. Para ello se basaron en un estudio previo de sus respectivos escenarios socio-económicos y en las capacidades de compra de sus habitantes, sin desdeñar la influencia del principio de oferta y demanda que rige el sector no estatal.

A raíz de lo dispuesto y, sobre todo, tras las consiguientes publicaciones de los listados de precios máximos, se ha generado entre economistas, cuentapropistas, consumidores y en general, entre peñistas de lo cotidiano, un maremágnum de opiniones y posturas diversas, encontradas, candentes. Tampoco han faltado las andanadas de mensajes más sutiles y malintencionados llegados desde alejados confines. Todo el mundo siente tener la verdad en la mano. Aunque la verdad de la verdad: es que no es absoluta.

Algunos emprendedores han puesto la exclamación en el cielo –allá mismo donde volaban los precios– o han recogido momentáneamente el guante, pues consideran que ante este movimiento “la jugada no le da negocio”; y de paso aprovechan para “refrescar” que carecen del necesario mercado mayorista. Mientras, personas de menores ingresos opinan que prosigue el atentado contra sus monederos en tanto algunos importes siguen siendo caros, inaccesibles –como la cebolla, el frijol colorado o las bebidas enlatadas–; pues se fijaron en sumas elevadas, incluso por encima de las que tenían antes. Además, piensan que asentar un número máximo permitió que los (re)vendedores que tenían un determinado coto por debajo, lo subieran raudamente a ese escalón superior. Lógicamente, sería muy complicado satisfacer todos los gustos. (Ni de Coppelia, así haya diez sabores en carta, sale el cliente plenamente complacido). No obstante, en mi humilde parecer, se derivan beneficios para todas las partes.

Aun cuando puedan existir disímiles aristas para razonar el asunto, todas válidas y tantas que se agolpan, como inconformidades y pulsos silenciosos, la realidad es que no se trata del “acabose” –como inducen los habituales detractores– ni mucho menos de la guerra de los mundos. Pero, como diría el eminente profesor Calviño, “vale la pena” preguntarse ¿qué estaría pasando de no existir el tope de precios tras el aumento salarial? ¿A qué altura de la galaxia estaría hoy, por ejemplo, la carne de cerdo; devenida tan espinosa como un jurel? La cuestión de los precios parecía regirse por el grito entusiasta de Buzz Lightyear: ¡al infinito y más allá! Así de simple.

En una Cuba cimentada sobre la justicia social, solidaridad y disciplina, no se podía eternizar el desorden ni la tendencia de que el vivo viviera acaparando y lucrando a costa de las necesidades del bobo (de Abela) o de Liborio, que al final son un mismo personaje: el pueblo noble y trabajador, el que más respeto merece, porque es mayoría; los pobres de la tierra con los que quiso Martí su suerte echar. Por supuesto, sería injusto echar en el mismo saco a todos los trabajadores por cuenta propia, ciertamente los hay muy sacrificados, decentes, progresistas. Además, el sector no estatal forma parte del país que se encamina, y como tal acompaña y contribuye en la solución de los problemas.

Siguiendo dicho abecé, las resoluciones adoptadas deben ser respetadas por todos los actores económicos. He aquí, probablemente, el mayor desafío; porque una cosa es lo que se dice y otra, la que se hace. Esa perogrullada –que debe ser entronizada en su esencia por los cuerpos de inspectores– es de dominio público, y también del Ministerio de Finanzas y Precios que ha enfocado su mirilla a contener con acciones graduales y sensatas cualquier violación emergente. “Vamos a ser rigurosos y no permitiremos artificios para evadir las regulaciones. Contamos con el apoyo de la población para que denuncie”, manifestó recientemente la titular del organismo, Meisi Bolaños.

En tal sentido, las autoridades ministeriales enfatizaron que no habrá impunidad, y alertaron que las medidas pueden ir desde multas hasta la retirada de la licencia. De hecho, desde inicios de julio a mediados de agosto han tramitado más de 400 quejas y denuncias de la población, recibidas por los diversos canales habilitados (el teléfono 78669107, el correo comunicación@mfp.gob.cu y sus plataformas en internet).

Cuánto resta todavía por hacer en lo adelante para desterrar de muchas mentes la ley del más fuerte, y para borrar de engañosas tablillas los “precios tapados”. Por otra parte, se requerirá avanzar hacia mayores niveles de productividad, estabilidad, calidad y diversidad de productos y servicios, hacia una administración mucho más racional y multiplicar por cero el derroche de recursos; en fin, habrá que ser eficientes en todo. El Estado cubano ha dado un gran paso en materia económica, aventurado y desacertado a juicio de algunos; para mí, decisivo y valeroso. Tiempo habrá para rectificarlo o perfeccionarlo si fuera menester. Por lo pronto, la adhesión popular aplaude lo resuelto con el júbilo al tope.