Venezuela: ¿ley de amnistía o de impunidad? (+Video)

Dicen que guerra avisada no mata soldado. Se sabía en Venezuela que cuando los elementos derechistas comenzaran a legislar en la Asamblea Nacional, obtenida por votación popular en las urnas, harían lo imposible por destruir el andamiaje político construido por los presidentes Hugo Chávez, ya fallecido, y el actual, Nicolás Maduro.

Pero, al igual que en Argentina sorprendió, a pesar de que se conoce su ideología conservadora y su pensamiento burgués, la velocidad con que el presidente Mauricio Macri firmó 29 decretos que han puesto de cabeza algunos de los logros de los anteriores mandatos de los presidentes peronistas Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en Venezuela no se quedan atrás los nuevos parlamentarios.

Los 109 diputados derechistas que asumieron el Parlamento el pasado enero ya dieron dos pasos que revelan el odio político que prima en ese recinto donde legislan 165 diputados, con las fuerzas revolucionarias en minoría.

A pocos días de su asunción, el presidente de ese órgano, Henry Ramos Allup, mandó a sacar de inmediato de la sede parlamentaria los retratos de dos íconos políticos del pueblo venezolano: el de Simón Bolívar, el caraqueño Libertador de América, y el de Chávez, líder indiscutible de la historia contemporánea de esa nación suramericana.

Luego, colocaron el 4 de febrero como primer punto de la agenda iniciada a principios de enero la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para lograr la liberación de dirigentes políticos opositores que están detenidos o exiliados, pero el camino para su aprobación final podría ser más largo de lo que ellos pensaron en el furor de la victoria.

En su recorrido, el proyecto legislativo fue a la Comisión Permanente de Política Interior para después pasar a plenaria para su primera discusión y volvió a la primera instancia para ser revisada por segunda vez. Después será enviada para su sanción definitiva por la plenaria. De ahí pasará a la firma del presidente de la República, de antemano negado a su promulgación.

En ese contexto, los opositores advirtieron que este año solicitarán un proceso revocatorio contra Maduro, cuando se cumplen dos años de su gestión, tal como dicta la Constitución Nacional impulsada por el presidente Chávez, con un artículo que permite esa consulta popular para garantizar la transparencia de los gobiernos.

¿PUEDE MADURO VETAR LA LEY?

De acuerdo con la Carta Magna, el presidente no puede vetar la ley, ya aprobada, y que le es remitida para su promulgación (firma y publicación en Gaceta Oficial), pero sí desaprobarla y solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su revisión y declare si es o no constitucional.

Si el Mandatario no la promulga y tampoco recurre al TSJ, la Asamblea Nacional podrá hacerlo vía decreto.

Si ya está publicada en Gaceta, cualquier ciudadano podrá pedirle al TSJ su nulidad, y puede declararse como tal si los beneficiarios de la legislación incurrieron en crímenes de lesa humanidad o violación de derechos humanos. Esos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía, según el artículo 29 de la Constitución.

El Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, recordó que Maduro tiene opciones para modificar la ley derechista e incluso el TSJ —poder que también se encuentra cuestionado por el nuevo Parlamento— está facultado para considerarla inconstitucional antes de ser aprobada en segunda votación en el Parlamento.

Romero explicó a la prensa: “Nicolás Maduro tiene tres posibilidades en cuanto a la Ley de Amnistía, aprobar y promulgar la ley, la segunda opción es vetarla lo que no significa que no la aprueba, sino que la remite al Legislativo para modificarla y que sea sometida a la tercera discusión en la plenaria, donde se estudiaría si son incluidas o no las solicitudes pedidas. La tercera opción es pedir la revisión constitucional que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia”.

Si es vetada, indicó, vuelve al Parlamento “para evaluar la pertinencia de las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo. Si este es el procedimiento que prospera, la Asamblea la remite nuevamente a Miraflores y quedarían cinco días para que el presidente la promulgue”.

El jurista indicó que si el Mandatario toma en consideración la última opción, “al TSJ le quedarían 15 días hábiles para emitir su decisión que puede ser declararla inconstitucional antes de que la ley sea aprobada”.

El diario El Universal recordó que la ley de amnistía de 2007, firmada por Chávez, dejó fuera de sus beneficios a un grupo de prófugos de la justicia o señalados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis; el exgobernador del estado Miranda Enrique Mendoza, el exgobernador del estado Yaracuy Eduardo Lappi, el expresidente de la Central de Trabajadores de Venezuela Carlos Ortega y los militares que participaron en la intentona de golpe de estado en 2002.

Aún antes de ganar los comicios parlamentarios del 6 de diciembre pasado, la oposición había publicado los 43 artículos de su propuesta de ley durante su campaña electoral.

El objeto de este recurso, dice una parte del articulado, “será conferir amnistía general y plena a favor de todos aquellos ciudadanos bajo investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y a procedimientos administrativos o penales con ocasión de protestas políticas y posiciones disidentes. Esta Amnistía supondría también la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria”.

Según se estima, unas cinco mil personas serían beneficiadas, pero lo que desean los dirigentes de la conservadora Mesa de Unidad Democrática (MUD) es la liberación de alrededor de un centenar de varios de sus miembros más conocidos y simpatizantes que actualmente cumplen condena, están en libertad condicional por su actividad contrarrevolucionaria o salieron del país huyendo de la justicia.

Para una oposición que carece de líder, es muy importante la vuelta a las calles del revoltoso Leopoldo López, dirigente nacional del partido Voluntad Popular, acusado de ser el instigador de las acciones de violencia que dejaron como saldo 43 muertos y más de 800 heridos.

Se acogerían a la llamada Ley de impunidad, entre otros, el cabecilla contrarrevolucionario Antonio Ledezma, ex alcalde mayor de Caracas, el exalcalde de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos, el exgobernador del Estado Zulia Manuel Rosales y la exjuez María Lourdes Afiuni.

López promovió durante meses la violencia generada por un intento de golpe de Estado conocido como La Salida, violando los derechos humanos del pueblo en el 2014.

Entre otros, también serán beneficiados los detenidos por estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos, y corruptos. Otros dos eventos que disfrutarán de la ley son el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año.

Uno de los artículos más controversiales es el 30, que favorece a quienes vendieron drogas y estupefacientes de menor cuantía “en los campamentos o manifestaciones”, en referencia directa a los jóvenes acampados en la avenida Francisco de Miranda, en Baruta y en la plaza Bolívar de Chacao. A algunos de ellos se les halló, en allanamientos efectuados, sustancias de diversos tipos.

La bancada opositora Patria se opuso desde el primer momento a la aprobación del mecanismo derechista que legitimaría la violencia como manera de hacer política y concedería impunidad a quienes opten por esa vía para llegar al Gobierno.

El plan, dijo la diputada oficialista Nora Delgado, es “sacar a Leopoldo López”y los demás “asesinos”como parte de la estrategia opositora para lograr el derrocamiento del presidente Maduro.

La legisladora precisó: “Por esas razones nos solidarizamos con las verdaderas víctimas del pueblo de Venezuela y rechazamos contundentemente cualquier intento de usar este foro político legislativo para aprobar una ley inconstitucional”, alertó.

Para el abogado constitucionalista Enrique Tineo, la propuesta oposicionista busca la paz por la vía del olvido, dejando en libertad a los procesados por violación de derechos humanos y de cargos a prófugos de la justicia.

En entrevista exclusiva para Telesur, Tineo precisó que “las leyes de amnistía no son para poner en libertad a determinadas personas. Estas leyes se dan en aquellos casos donde el Estado está a punto de desaparecer para convertirse en un Estado fallido, producto de guerras civiles, cuando se corre peligro de desaparición de las fronteras donde el Estado está disminuido, donde no existe Estado de derecho y donde hay una confrontación de tipo militar entre dos bandos”.

Para este abogado, los presuntos beneficiaros “no quedarían absueltos, pues esa condición ocurre cuando una persona en un juicio es declarada inocente, se le sobresee la causa, se absuelve por diversas formas. Esta ley de amnistía lo que procura es el olvido, no absuelve a las personas”.

Otro jurista constitucionalista, Hermán Escarrá, declaró al portal web venezolano Panorama, que “con un proyecto así se pierde la credibilidad de quienes lo proponen, porque pareciera que no logran diferenciar, primero lo que son los pasos para la reconciliación de los venezolanos mediante un diálogo respetuoso, ni tampoco reconocen las características de los delitos sujetos a amnistía, porque amnistiar a un corrupto, amnistiar a personas que han jugado con la vida de los demás, amnistiar a quienes han generado violencia suena como un hecho grave”.

Escarrá puntualizó que es una ley débil por “la manera genérica, abstracta, que abarca prácticamente dos décadas y que no logra precisar, seleccionar y establecer los criterios para que la amnistía proceda frente a los hechos de naturaleza política, porque allí aparecen hechos de corrupción, delitos por estafa, delitos por violación, lesión a empresas como la eléctrica”.

Por su parte, David Palis, abogado y miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad aseguró que esa ley solo beneficiará a los perpetradores que la derecha llama presos políticos, pero sin considerar a las víctimas directas, indirectas ni a las colectivas.

Lo que se busca, comentó, es impedir que se haga una investigación por la Comisión que señale a los responsables y, al mismo tiempo, arrojar la culpabilidad sobre el Gobierno por los sucesos del 2014.

La dirigente del Comité de Víctimas de la Guarimba (nombre que reciben los disturbios de 2014), Yesenia Fuentes, puntualizó que la amnistía ensangrienta la Carta Magna, ya que las violaciones graves a los derechos humanos, como es el caso de los detenidos, carecen de derecho a indultar, y solicito al TSJ que no permita la aprobación de la ley.

Para observadores, la aprobación de la Ley puede desatar una confrontación de envergadura en las calles entre las fuerzas revolucionarias y los opositores venezolanos.