Se solicitan tragedias

Perturbadoras e insistentes informaciones se están acumulando referidas a una probable campaña militar a gran escala del ejército ucraniano contra el Donbass. Coinciden con datos sobre el almacenamiento de combustible y otros bienes en áreas limítrofes con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Insinuaciones propagandísticas sobre una hipotética agresión rusa están al centro de las justificantes para el pretendido plan.

Encendiendo fuego donde ya existe, apenas iniciado octubre, “aviones caza F-15 y de carga C-130 de las Fuerzas Aéreas de EE. UU. llegaron a Ucrania para participar en las maniobras militares Clear Sky 2018”. El informe fue circulado por la embajada estadounidense en Kiev relativo a un hecho que difiere de lo expuesto solo dos semanas antes por Petro Poroshenko en la ONU, donde adujo que una fuerza de paz del organismo mundial sería la mejor solución para el conflicto en el sureste del país.

La opción de instalar cascos azules como instrumento para viabilizar un conflicto extendido durante casi cuatro años y con unas once mil víctimas mortales no es nueva. Rusia lo había solicitado, en principio, como fuerza de apoyo y protección para los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE), que se encuentran en el territorio en conflicto.

Moscú presentó un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad en el 2017 optando por esa posible misión de paz, pero al cabo de unas seis reuniones entre el encargado norteamericano del caso y la parte rusa no se logró congeniar posiciones. El Kremlin insiste en que la posible fuerza internacional cumpla con el objetivo predicho de escudar a la OSCE y limite sus acciones a la zona de conflicto, pero la administración ucraniana pretende ase ejecutado un amenazante despliegue en la frontera con Rusia.

Este parece constituirse en el punto de mayor fricción pero no faltan otros relacionados con los incumplidos Acuerdos de Minsk, en particular el prometido retiro de armamento pesado y efectivos de los límites entre las partes, así como la realización de elecciones en las franjas rebeldes y una reforma constitucional que introduzca un estatus especial para ese enclave. A esto último le llaman “fórmula de Steinmeier”, aludiendo al presidente de Alemania  que propuso aplicar un mecanismo no idéntico, pero sí un referente, que ayudó a solventar en el Reino Unido el enfrentamiento entre unionistas y republicanos de Irlanda del Norte.

Las distintas opciones en busca de entendimiento chocan con obstáculos tremebundos, como el iniciado a través de la “ley de reintegración del Donbass”. Es el procedimiento empleado para declarar a Rusia “país agresor” y colocar a Donetsk, Lugansk y Crimea en condición de “territorios ocupados”. La resolución homologa indebidamente situaciones e ignora todos los acercamientos y pasos anteriores en busca de arreglos, y coloca las circunstancias en un disparadero crítico ¿para facilitar una intervención extranjera? Según tal decreto, el presidente ucraniano está facultado para emitir órdenes al ejército sin someterlo a la consideración del Parlamento.

“No hay ninguna guerra entre Rusia y Ucrania, son los (ultra) nacionalistas que llegaron al poder tras el golpe de Estado de febrero de 2014 los que libran una guerra contra su propio pueblo. Son quienes no toleran opiniones diferentes y pretenden imponer su 'orden' por la fuerza”, planteó Serguéi Lavrov en respuesta al medio italiano Panorama. Resumiendo, el canciller ruso dejó claro que el conflicto es interno y transcurre “entre Kiev y las regiones ucranianas” en rebeldía.

Como impulsores externos de la crisis desatada en el 2013 están —aseguró Lavrov—“…un grupo de países occidentales liderados por Estados Unidos, que ve al mundo entero como zona de influencia y, aspirando a la excepcionalidad, se permite dividir los pueblos en 'los nuestros' y 'los ajenos'”.

Dentro de Ucrania se movieron a favor de esos propósitos elementos nativos de gran peligrosidad: grupos neonazis, una estirpe con filiación en el colaboracionismo fascista, pero capaces de aumentar desde 2014 su fuerza e influencia sobre las esferas políticas y militares, al punto de sobrepasar, ponerle freno o hacerle desviaciones a varias determinaciones de la propia administración a la cual se supone sirven o ayudaron a su ascenso.

Europa y sus instituciones están menos involucradas que Washington en la articulación actual de cuanto respecta al conflicto. Las riendas las lleva la administración norteamericana, pero Bruselas está sumada al gran plan antiruso (incluida la fase ucraniana) sin medir bien los riesgos que ello supone.

Alguna vez Poroshenko admitió que no existe una salida militar para el conflicto y solo habría soluciones a través de medios políticos y diplomáticos. Parece haber cambiado de opinión o eso le exigen sus patrocinadores estadounidenses, si se mide la colosal malquerencia desplegada contra Rusia, convertida por Occidente en el saco adonde van a parar todos los golpes y de donde proviene cuanta fechoría ocurra.

El empeño de las autoridades ucranianas, enfilado a buscar falsos culpables y satanizar a un vecino que fue su principal sostén y vitalidad en muchos órdenes a lo largo de una historia común, es sospechosamente brutal. Tiene cara de trabajo sucio en favor de parcelas extremistas dentro y socios foráneos de dudoso lustre. Ninguno de los dos grupos son de fiar. Y se sabe qué ocurre con los Frankenstein de todos los tiempos.

Las recientes acusaciones sobre el supuesto ataque cibernético contra el Reino Unido, Holanda y EE. UU., en torno a las cuales no existe una sola evidencia palpable, no por azar contiene, entre una increíble cantidad de imaginarias acciones malignas, que Rusia procedió también a “interrumpir los sistemas de transporte en Ucrania”.

En medio de figuraciones y actos beligerantes transcurre una contrahecha campaña electoral para los comicios del venidero año. Los oligarcas, el jefe de Estado entre ellos, ven cómo sacarle lasca a las ayudas externas, aunque el país tenga ya una deuda pública ascendente a casi 80 000 millones de dólares. Eso es el 80 % del PBI, según datos del propio gobierno. Solo al FMI le deben 12 mil 100 millones.

Los problemas con el valor de la moneda, los altos precios de productos y servicios y la falta de fuerza laboral dentro, debido a una importante emigración (solo en Polonia están radicando alrededor de 2 millones de ucranianos) plantean, junto con la extendida corrupción, una trama de enorme desajuste y escasas soluciones.