¿Qué ha cambiado Trump en materia migratoria?

Si un tema ha marcado la presidencia de Donald Trump ha sido la migración. La caravana de migrantes centroamericanos, la política de “tolerancia cero” que provocó que miles de niños fueran separados de sus padres en la frontera, el muro con México que fue una de las banderas de su campaña electoral, son solo algunos de los capítulos de una novela cuyo final no parece cercano.

Estados Unidos tiene una larga historia de regulaciones migratorias que podemos rastrear hasta el siglo XVIII. El Congreso desarrolla y aprueba las legislaciones que el presidente firma y convierte en ley, al tiempo que las agencias federales se ocupan de su implementación. Los retos que suponen la inmigración ilegal y el estatus de millones de indocumentados han generado en décadas más recientes debates permanentes sobre las posibles soluciones.

Es difícil conciliar la diversidad de intereses que se mueven en torno al tema. El académico estadounidense Daniel Tichenor, experto en migración y política, ha identificado cuatro posturas fundamentales. De una parte estarían los que él llama “cosmopolitas liberales”, cuyo propósito fundamental es resolver el estatus legal de los indocumentados. Son personas que apoyan las políticas expansivas de admisión de inmigrantes para la reunificación familiar, la ayuda a los refugiados y protecciones legales para los no ciudadanos.

De otro lado estarían los “proteccionistas económicos”, que se oponen a las fronteras porosas y a la inmigración creciente, con el argumento de que ponen en peligro la seguridad de la clase trabajadora; son hostiles a la inmigración ilegal y respaldan las sanciones contra los empleadores que contraten a indocumentados.

En otra dirección estarían los “conservadores proempresas y libre mercado”, quienes apoyan la inmigración con el objetivo de satisfacer las necesidades laborales y sus intereses económicos. Sin embargo, son solo partidarios de los recién llegados que sean económicamente autosuficientes y no requieran la asistencia del Gobierno.

Más a la derecha en el espectro conservador se ubicarían los que Tichenor denomina “proteccionistas culturales y halcones fronterizos”, quienes abogan por un control estricto de las fronteras, límites a los derechos de los extranjeros y reducciones en las admisiones. Para ellos, la inmigración ilegal representa un riesgo a la soberanía, la seguridad nacional, las oportunidades de empleo, la educación pública y la seguridad social. Favorecen tanto las deportaciones como las patrullas de control fronterizo y otras medidas restrictivas.

Quizás en ese último grupo podríamos ubicar al presidente Trump, aunque no debemos entender esas clasificaciones como moldes estrechos, sino como una evidencia de lo complejo del tema.

En Estados Unidos hay 43,7 millones de inmigrantes, lo que representa el 13,5 % de la población del país, según datos del Pew Hispanic Center. Se estima que 11 millones de ellos son indocumentados.

En julio pasado, los Estados miembros de la ONU acordaron el primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que tiene entre sus objetivos proteger a los inmigrantes indocumentados, con medidas contra la trata o la separación de las familias. Estados Unidos se marchó de esas negociaciones por considerar que el acuerdo es “incoherente” con sus políticas migratorias.

Pero, ¿cuál es en realidad la política migratoria de Trump? Más allá de su discurso xenófobo y centrado en la construcción del muro, ¿qué ha cambiado en la práctica? Las transformaciones fundamentales están relacionadas con la rigurosidad en la aplicación de la ley, recortes a los programas humanitarios, aumento de los obstáculos para la inmigración legal, y los intentos por finalizar el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Esos fueron los cambios fundamentales que identificó un informe del Migration Policy Institute —tanque pensante con sede en Washington DC especializado en temas migratorios.

La administración de Trump ha aumentado la cifra de inmigrantes que podrían ser considerados para deportación. Antes, un inmigrante podía ser deportado si cometía algún delito grave; ahora, incluso si es condenado por delitos menores, podría tener ese fin.

Además, ha eliminado las protecciones temporales para algunos no ciudadanos. El gobierno federal otorga el estatus de “protección temporal” a los inmigrantes que llegaron como consecuencia de emergencias nacionales en sus diversos países de origen. No obstante, el gobierno de Trump anunció que cancelaría dicho estatus para países como Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Después de una larga lucha legal, la administración también prohibió que ciudadanos de países de mayoría musulmana ingresen a Estados Unidos. En ese caso Trump tuvo el respaldo de la Corte Suprema, que consideró válida la orden ejecutiva que prohíbe la entrada a nacionales de Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

Una de las medidas migratorias de Trump que mayor atención mediática recibió fue su política de “tolerancia cero”, que exige procesos penales para todos los adultos que ingresan ilegalmente al país. Casi 3000 niños —en su mayoría centroamericanos— fueron separados de sus familias antes de que la práctica fuera terminada por una orden judicial en junio.

El reporte del Migration Policy Institute destaca también el aumento de los obstáculos para la inmigración legal, puesto que ahora hay más entrevistas y trámites para visados. Algunos solicitantes deben completar un cuestionario complementario, donde deben proporcionar 15 años de historia de viajes, empleo y direcciones residenciales, y sus nombres de usuario en todas las cuentas de redes sociales en los últimos cinco años.

En su discurso sobre el Estado de la Unión en enero de 2018, Trump presentó su propuesta al Congreso sobre el tema migratorio, que gira en torno a cuatro puntos fundamentales: Ofrecer un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de inmigrantes ilegales que llegaron siendo menores (con lo que pretende resolver de alguna manera el limbo legal en el cual se encuentran los beneficiarios del DACA); construcción del muro en la frontera con México; eliminar la “lotería” de visas; terminar la “migración en cadena” (que los inmigrantes solo puedan llevar a su familia inmediata, cónyuge e hijos menores).

Pero no lo ha tenido fácil en el Congreso, pues ninguna de sus propuestas legislativas sobre inmigración ha sido aprobada, incluidos los millones de dólares necesarios para financiar la construcción del muro, algo que debe quedar incluido en el presupuesto. También ha tenido la oposición de algunas cortes federales, pues una serie de fallos judiciales suspendieron o limitaron algunas de las políticas de la administración, como la finalización del DACA y la separación de familias en la frontera.

Sin embargo, habrá que seguir de cerca —más allá de sus discursos, más allá del muro o su retórica xenófoba— las órdenes ejecutivas que firme Trump y cuánto pueda redefinir la política migratoria de Estados Unidos.