Plan injerencista de Estados Unidos contra Nicaragua

Los recientes ataques injerencistas de congresistas de Estados Unidos contra Nicaragua y su gobierno revolucionario forman parte del plan de desestabilización regional emprendido por los sectores más retrógrados del capitalismo mundial, cuyo centro radica en la gigantesca nación norteña.

En las últimas elecciones presidenciales efectuadas en Nicaragua el pasado año, el Comandante Daniel Ortega y su compañera de fórmula Rosario Murillo obtuvieron más del 70 % de los votos válidos, lo que ratificó la confianza del pueblo en las autoridades del gobierno de Reconciliación Nacional y Unidad y el plan de desarrollo sostenible en marcha.

Para Estados Unidos, siempre a contrapelo de la historia, Nicaragua es otro de sus enemigos ideológicos en la parte sur del continente. Hace pocos días, el pequeño país centroamericano demostró una vez más su digna postura política al oponerse en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), —junto a otras naciones progresistas— a la aplicación de la llamada Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo aislacionista y de represalia a un país soberano.

Era de esperarse, por tanto, una reacción de Washington contra el gobierno nicaragüense, al igual que lo hace contra el de Nicolás Maduro y sus pares de Ecuador, Bolivia y El Salvador, —y antes contra Argentina, Brasil y Honduras— que mantienen como principios la independencia y soberanía de sus pueblos.

La idea de poner de nuevo sobre el tapete el ataque injerencista partió a principios de este mes de 25 legisladores (15 republicanos y 10 demócratas) del Congreso de Estados Unidos, que intentan revivir la frustrada imposición el pasado año de la Nicaraguan Investment Conditionality o Nica Act 2017, que contempla sanciones económicas contra el gobierno sandinista por el mismo y desgastado patrón derechista de “violaciones de los derechos humanos”.

El Nica Act fue presentado de nuevo —luego de no pasar al Senado por el cierre legislativo de 2016— por la republicana Ileana Ros-Lehtinen (Florida) y el demócrata Albio Sires (Nueva Jersey), también protagonistas de la acción precedente.

De lo que se trata es que Estados Unidos —ahora con una volátil política exterior bajo el mandato de Donald Trump— vote en contra de los préstamos que el gobierno de Nicaragua solicite a entidades financieras multilaterales, un evidente chantaje a Managua, con graves repercusiones económicas.

En un comunicado, la legisladora republicana, conocida por sus posiciones extremas contra los líderes y procesos revolucionarios, refirió en un comunicado que: “Debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia, mientras examinamos dónde usar el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.

Explicó que este nuevo proyecto de Nica Act “es más fuerte” que el del pasado año, pues exige “que el régimen (de Ortega) combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas”, dijo la representante, que acusó al jefe de Estado de “una trayectoria destructiva”.

El nuevo proyecto de ley especifica que Estados Unidos solo aprobaría los préstamos internacionales a Nicaragua por “razones humanitarias o para promover la democracia” en la nación centroamericana, de poco más de seis millones de habitantes y una historia de intervenciones del país imperialista.

Aunque debe ser aprobado por la Cámara Baja, luego por el Senado y finalmente ratificado por Trump, este nuevo movimiento contrarrevolucionario traería complicaciones internas, pues le cerraría el paso al desarrollo sostenible que prestigia al gobierno.

La provocación de los congresistas queda clara al contemplar que la Nica Act sería suspendida solo si Ortega promueve la realización de elecciones “libres, justas y transparentes”, un viejo cliché injerencista en los asuntos internos de otros países, al que está habituada la prepotente Casa Blanca.

ENÉRGICA PROTESTA DE MANAGUA

Para la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, los impulsores de la injerencista legislación intentan “vulnerar el derecho de Nicaragua a continuar desarrollando el modelo socialista y solidario” en el país y calificó a quienes armaron el chantaje de “radicales”.

En nombre del gobierno, precisó que “La pretensión irracional, inoportuna e improcedente de este grupo de congresistas de conocidas posiciones extremas solo apunta a desestabilizar un país donde las personas somos prioridad, donde vivimos tranquilos, en el arraigo de una valiosa cultura religiosa, familiar y comunitaria” en sus 15 departamentos y dos regiones autónomas.

Más adelante confirmó que “La Nica Act. es una propuesta ciega concebida por mentes insensibles y mal intencionadas, cerrada a reconocer el derecho de los nicaragüenses a vivir alejados de los conflictos de tiempos pasados”.

El gobierno de Reconciliación Nacional y Unidad representa los intereses de distintos partidos y agrupaciones de Nicaragua y continúa en este nuevo mandato un período iniciado una década atrás bajo la dirección de Ortega, quien estuvo al frente del país entre 1985 y 1990 y no ganó la reelección debido a sucias campañas de la oposición derechista apoyada por Washington.

UNA HISTORIA DE INTROMISIÓN

La historia de la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua se remonta a 1854, cuando la potencia norteña bombardeó y destruyó el puerto de San Juan del Norte con el pretexto de un impuesto oficial al yate de su representante Cornelius Vanderbilt, fondeado en ese lugar.

Desde esa época y hasta la construcción del canal de Panamá, Nicaragua fue importante para Norteamérica porque representaba un puente posible entre los océanos Pacífico y Atlántico

Luego de otras maniobras intervencionistas, en agosto de 1909 la soldadesca estadounidense ocupó de nuevo el país para sostener al régimen títere del conservador presidente Adolfo Díaz. Tomaron Managua, la capital, y las importantes ciudades de Granada y León quedándose en el país hasta 1933 luego de un levantamiento popular de seis años liderado por el general Augusto César Sandino.

En 1926, bajo la ocupación, Sandino creó un ejército guerrillero para combatir a los norteamericanos, a los que obligó a retirarse en 1933.

Un año más tarde, el popular líder fue asesinado por el jefe de la Guardia Nacional, el después dictador Anastasio Somoza García, con la complicidad del embajador estadounidense. La dinastía de los Somoza perduró hasta 1979 con la caída del poder de su hijo menor Anastasio Somoza Debayle a manos de la Revolución Sandinista.

Luego de la derrota del somocismo por las armas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y de asumir el presidente Comandante Daniel Ortega en 1979, la administración norteamericana de turno dio cobertura a los planes de la derecha para impedir la continuidad del proceso revolucionario. En 1990 Ortega no resultó reelecto en las elecciones y entregó el gobierno de manera pacífica.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos fue la encargada de organizar a los llamados “contra” que desataron una nueva guerra, en esos momentos contra un gobierno legítimo y democrático. El ejército contrarrevolucionario llegó a contar con 12 000 exsoldados de la Guardia Nacional de Somoza, a lo que se unió una guerra económica y presiones ejercidas por organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional.

La política revolucionaria de Ortega y el FSLN constituyeron una amenaza a los intereses estadounidenses en su antigua colonia hasta entonces y en la región centroamericana, ya que desde Managua comenzaron una serie de transformaciones estructurales, entre ellas la expropiación de los bienes de los Somoza, el impulso a la reforma agraria integral, nacionalización de las minas, la pesca y los recursos naturales.

También en aquella primera etapa el FSLN llevó a cabo una Cruzada Nacional de Alfabetización, campañas de salud y limpieza, educación gratuita y acceso libre a las universidades, entre otras medidas de carácter social.

La llamada “guerra de baja intensidad” contra el gobierno de Ortega costó al pueblo nicaragüense más de 50 000 fallecidos y la destrucción de gran parte de la infraestructura general, luego del minado de puertos y unidades productivas, destrucción de puentes y torres eléctricas.

Los daños causados por la administración del ex actor estadounidense ascendieron a unos 17 mil millones de dólares.

Ahora, la contrarrevolución quiere repetir la historia, pero Nicaragua posee suficiente experiencia política para hacer frente a los nuevos mecanismos injerencistas que trata de imponer Estados Unidos en esta etapa de convulsión e incertidumbre, generada por sus ineptos e ignorantes políticos.

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