Persecución política contra Rafael Correa

El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien dejó atrás su militancia progresista, trata ahora de complacer a la derecha local y a Estados Unidos (EE.UU.) lanzando un arsenal de acusaciones contra su antecesor y antiguo amigo Rafael Correa, a quien intenta desprestigiar y llevar a la cárcel para evitar su retorno a la política nacional. Pero el plan hasta ahora se volvió humo.

Para muchos resultó una sorpresa el odio visceral que Moreno demuestra por Correa y la Revolución Ciudadana que este llevó adelante durante su mandato de una década, aún cuando él fue su vice durante seis años y supuestamente era parte importante de un sistema inclusivo y revolucionario.

Ahora, con el bastón de mando alcanzado gracias a quien ahora intenta destruir, pues fue el líder de Alianza País quien lo propuso para el cargo y lo acompañó durante su campaña electoral, al presidente no le tiembla la mano para incriminarlo en supuestos delitos inventados, tratar de enjuiciarlo, condenarlo a prisión y sacarlo para siempre del espectro político nacional.

Lo que demuestra el actual gobierno es una casi desesperación para impedir su presencia como candidato en las elecciones municipales del 2019 y que continúe además al frente de la reorganización del movimiento ciudadano antiliberal que gana adeptos tras el giro de Moreno y su alianza con EE.UU.

El antiguo vicepresidente del economista que puso de pie nuevamente a Ecuador, forma parte de la cruzada continental de desprestigio de líderes progresistas que pudieran retornar al poder luego del fracaso del neoliberalismo en sus países, como ocurre en Argentina y Brasil.

Hace mucho más contra el antiguo proceso revolucionario y sus dirigentes y excompañeros.

Luego de la condena a ocho años de prisión a su vice Jorge Glass —también en ese cargo junto a Correa— por supuesta relación no comprobada con la constructora brasileña Odebrecht, está destruyendo el aparato del gobierno anterior, lo que muestra un aspecto del rostro autoritario y antidemocrático de su régimen.

A pesar de su complaciente actitud con las élites, Moreno sufre la presión de la derecha interna con la que se alió apenas llegado al Palacio de Carondelet ya que sus maniobras contra Correa no tienen el resultado esperado. Y tampoco, a pesar de su sumisión las tiene todas con EE.UU., país con el que hizo las paces y dejó entrar de nuevo con sus soldados al territorio nacional.

Como él, los nuevos lacayos de la potencia norteña son utilizados, entre otros asuntos, para tratar de aniquilar el pensamiento progresista en América Latina y llevar al poder en un futuro próximo a quienes respondan también al neoliberalismo crudo, ya fracasado, léase Argentina. Su otra gran misión es el incondicional apoyo al acoso internacional constante contra Venezuela, incluida una posible agresión militar.

Este individuo que tildó de “loco” ante las cámaras al líder de la Revolución Ciudadana pocas horas después de ganar las elecciones, integra ahora la corte del multimillonario Donald Trump, y sigue sus orientaciones al pie de la letra, como hace contra Correa.

Con esa estrategia de aniquilamiento, EE.UU. derrocó en 2016 a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT) gracias a la traición de su vice y actual mandatario Michel Temer, quien organizó el proceso de impugnación orquestado por un Congreso corrupto y un vendido sistema de justicia.

La derecha fue más lejos en Brasil cuando jueces que responden a la oligarquía local condenaron a 12 años y un mes de prisión al líder petista Luiz Inacio Lula da Silva, considerado seguro ganador de las presidenciales del próximo 7 de octubre.

Igual tratan de hacer con Cristina Fernández, la exmandataria de Argentina, acusada también sin sustento de cuentas ilícitas, quien no ha sido encarcelada por su impunidad como senadora de la República.

Cualquier ciudadano común se percata de que Correa es un perseguido político, pues la escalada judicial en su contra sigue fracasando por falta de sustentación.

El exmandatario fue calumniado y demostrada su inocencia en supuestas anormalidades ocurridas durante su gestión —resultó reelecto en dos ocasiones, como dicta la ley— que abarcan desde su supuesta intervención en un intento de secuestro de un opositor radicado en Colombia, hasta ventas ilegales de petróleo a China.

El caso de Fernando Balda, quien hacía contrarrevolución en Bogotá, es el más publicitado por la media capitalista. Ese individuo reclama que Correa ordenó su rapto, pues era reclamado por la justicia en Ecuador. Sin embargo, cámaras de video demostraron quiénes eran los culpables, juzgados en la vecina nación. Balda fue devuelto a Quito, donde cumplió prisión por conspiración contra el Estado.

La causa presentada por Balda ya prescribió, por lo cual solo hay una motivación política para que este individuo se una a Moreno, cuya supuesta ideología torció rumbo.

En su afán destructivo, la Fiscalía ordenó que Correa, residente en el exterior, se presentara cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, a partir de julio pasado. Como era materialmente imposible, en su lugar se presentó ante la sede del Consulado de su país en Bélgica, lo cual fue considerado un acto de desacato por la justicia.

De ahí procede la solicitud de prisión preventiva y la petición de captura y extradición a Interpol (policía internacional) como si se tratara de un delincuente común.

Las leyes del llamado país meridiano del mundo indican que el ex jefe de gobierno no puede ser juzgado en ausencia. Entonces “tendrá que quedarse nueve años fuera del país”, hasta que prescriba el juicio, afirmó el defensor de Balda, Fernando Felipe Rodríguez, quien agregó que “tendrá que quedarse el resto de su vida en Bélgica”.

A pesar de la parafernalia mediática en torno al exmandatario, la administración actual ha visto frustrarse sus intereses. Su intento de apresarlo en el extranjero por interdicción de la Interpol se vino abajo. Su abogado en la ciudad europea, Christophe Marchand, informó que la Interpol desoyó la petición de Quito, al quedar demostrado el tinte político del enjuiciamiento, no apegado a derechos. Precisó que la decisión fue tomada luego del envío de una carpeta a la sede de la Policía Internacional en Francia, en la que se demuestra la inocencia del reclamado.