Paz difícil

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que este miércoles enviará para su refrendación al Congreso Nacional el Acuerdo Final de Paz, lo que parece impostergable ante los últimos asesinatos de guerrilleros y líderes campesinos, a pesar del cese al fuego bilateral, signos de la fragilidad del proceso de reconciliación nacional.

Estos atentados ocurrieron tras la firma del reformado y enriquecido Acuerdo Final de Paz, suscrito el pasado día 12 en La Habana, sede durante cuatro años de la mesa de negociaciones entre el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) a lo que seguiría la aprobación parlamentaria y la implementación del pacto.

Los ataques contra los líderes campesinos —la parte de la sociedad más pobre, discriminada y atacada por sicarios y bandas paramilitares— acontecieron en los departamentos de Caquetá, Meta y Nariño, sin que hasta ahora las autoridades hayan detenido a sospechosos de los crímenes.

Las víctimas mortales fueron Jhon Rodríguez, José Velásquez, Erley Monroy, Didier Losada y Rodrigo Cabrera, mientras resultaron baleados Daniel Bolaños y Hugo Cuellar, además de que otros dirigentes rurales, vinculados como los agredidos al movimiento Marcha Patriótica, reciben amenazas de muerte.

A estos graves sucesos se une el desalojo forzado del Campamento por la Paz por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, organizado por activistas en la bogotana Plaza Bolívar, quienes debían permanecer en ese lugar hasta que haya certeza absoluta de que el Acuerdo Final esté refrendado e implementado.

Ante el atropello desmedido, el activista Michael Sánchez informó a la emisora nacional Bluradio que trasladarán las simbólicas casas de campaña a los cerros orientales de Bogotá, lo cual podría significar nuevas agresiones de las fuerzas militares.

También David Flores, dirigente de Marcha Patriótica —surgida hace cuatro años cuando comenzaron las negociaciones— aseguró a la cadena multinacional Telesur que “es preocupante la ola de asesinatos de líderes campesinos en su país y de persecución de movimientos sociales. No es casualidad, pues pretende afectar el período de firma del nuevo acuerdo de paz y su implementación”.

La caída de dos guerrilleros en el departamento Bolívar cuando supuestamente se dirigían a una zona de concentración para el desarme, también constituye un grave incidente que refleja la fragilidad del cese al fuego bilateral. Mientras, el gobierno afirmó que hubo un enfrentamiento con el Ejército, el Comandante de las FARC-EP, Carlos Antonio Lozada, exigió determinar, en su cuenta en Twitter, las circunstancias del suceso.

También el Comandante de esa organización guerrillera, Pablo Catatumbo, se pronunció sobre los graves acontecimientos de los últimos días, los cuales calificó de “pésima señal” para la paz.

Según Catatumbo, “vuelve la guerra sucia y exigimos la aplicación inmediata de los Acuerdos de Garantías de Seguridad”, y recordó que solo este año han sido asesinados 16 activistas campesinos.

AGILIZACIÓN DE LA REFRENDACIÓN

Esta semana debe llegar a Bogotá, para conversar con el gobierno, el jefe máximo de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, con una agenda que todavía permanece en secreto, pero que analistas estiman está relacionada con los últimos acontecimientos que boicotean el Acuerdo de Paz.

Timochenko se limitó a informar que sus conversaciones están relacionadas con algunos aspectos del nuevo pacto. En su opinión, el mejor camino hacia la paz es la refrendación en el Congreso e indicó que espera que los parlamentarios “estén a la altura de lo que la patria está pidiendo.

”Cuanto más tiempo se dilate, más espacio se les da a los sectores que no quieren la paz, quienes quieren que la guerra continúe”, aseguró.

Mientras, el Ejecutivo anunció que este miércoles se entregará el documento al Congreso Nacional para su valoración y refrendación, lo que daría paso a la puesta en práctica del acuerdo, otro difícil momento para las fuerzas guerrilleras que deberán entregar sus armas, y quedarán a merced de los distintos grupos interesados en mantener a Colombia en una guerra civil, aún cuando el pacto defina la protección de los insurgentes.

La preocupación para que se agilicen los trámites para la aprobación definitiva del Acuerdo también es compartida por el abogado y político Humberto de La Calle, jefe de la delegación gubernamental en la mesa de negociaciones de La Habana. Este domingo, de La Calle solicitó una rápida tramitación en el Congreso, y expresó que no hay motivos para su atraso.

El segundo acuerdo da respuesta a las 500 propuestas emanadas de distintos sectores de la sociedad colombiana y que fueron revisados por la reinstalada mesa de negociaciones de La Habana. Las dos partes hicieron concesiones a fin de evitar que el proceso de pacificación fracase luego de 52 años de guerra que dejó más de ocho millones de victimas.

Para el gobierno colombiano, el retorno a un país unido y pacífico —una ilusión ante los ataques continuos de la ultraderecha al proceso— es una necesidad de carácter económico, pues el país se encuentra en una crítica situación a partir de que su principal rubro exportable es el petróleo, aunque no es un país productor del crudo.

Ese rubro fue el mayor renglón de exportación hasta el 2015, abarcando el 48,4 % del total de las exportaciones, pero con un ritmo de extracción a niveles que agotan con rapidez las pocas reservas comprobadas.

Aunque la situación económica es aceptada de manera tímida por el presidente Santos, este año, por ejemplo, hubo una reducción de 16 000 millones de pesos (moneda nacional) del presupuesto, un déficit de cuenta corriente del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,5 % hace un año. Hay otras señales, como la disminución de exportaciones en torno al 35,1 % hasta junio pasado.

Aun cuando la derecha representada por Santos trata de enmascarar el declive económico y busca una solución en mas fórmulas neoliberales, el expresidente Álvaro Uribe, del ultraderechista partido Centro Democrático, propone cero tributación para los ricos, continuar con una economía de guerra centrada en la industria militar, afianzar el despojo violento de tierras y escalar los impuestos indirectos.

Se espera que la situación económica y sus eventuales soluciones serán el plato fuerte de cara a las elecciones del 2018, cuando el ahora senador Uribe dejó entrever que podría postularse de nuevo a la presidencia o colocar en el Palacio de Nariño a uno de sus delfines. Elecciones en las que por primera vez las guerrillas puedan presentarse como partido político, si es que la paz logra afianzarse en la nación suramericana.