Lula da Silva confirma su candidatura presidencial

El encarcelado expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien purga una condena de 12 años y un mes de cárcel sin pruebas comprobadas, reiteró esta semana que se presentará para igual cargo en las elecciones de octubre, aun cuando un complotado sistema judicial haga malabares para no liberarlo.

Lula, sin comentar el escándalo judicial del pasado domingo en torno a su liberación, expresó que “sigue en pie” su postulación por el Partido de los Trabajadores (PT), que él fundó durante la dictadura militar (1964-1985).

En un mensaje en Twitter confirmó desde la prisión: “Pueden tener certeza de que voy a ser candidato para, entre otras cosas, recuperar la soberanía del pueblo brasileño”, y denunció la “venta del patrimonio público de forma irresponsable y por una ganga, para encubrir la ilegitimidad de un golpista”.

Para Lula da Silva, la actual élite del Palacio de Planalto cultiva “un complejo de inferioridad que siempre tuvo en relación con Estados Unidos”, corroborado en la postura entreguista del presidente de facto Michel Temer a su homólogo Donald Trump.

Las trasnacionales norteamericanas son las más beneficiadas con la venta de las empresas estatales puesta en marcha por Temer, quien impone la economía neoliberal, inseguro en su posición de usurpador del cargo que robó a la mandataria Dilma Rousseff en 2016.

Incluso, en una acción sin precedentes contra la soberanía nacional, el pasado año ofreció el Amazonas brasileño para ejercicios militares con soldados estadounidenses y de otras naciones vecinas.

CONFIANZA EN LULA

El pasado domingo, la noticia de la orden de liberación de Lula recorrió el mundo. Las redes sociales reprodujeron que la justicia había reconocido la inocencia de Lula, de 73 años, acusado de recibir cuando era presidente un apartamento de lujo a cambio de favores a una empresa constructora, sin que exista documentación u otra prueba que lo inculpe.

En cuestión de minutos, para demostrar su solidaridad con el político más popular del país y esperar su salida del recinto policial de Curitiba, llegaron miles de seguidores del ex líder obrero, luego que el juez del Tribunal Regional Federal 4 Rogério Favreto —de guardia ese día— ordenara su liberación inmediata, acogiendo el habeas corpus presentado el pasado día 6 por tres diputados izquierdistas.

Sin embargo, Lula nunca puso un pie en la calle, pues la Policía Federal recibió órdenes de altas esferas oficiales para que demorara su salida en espera de una contraorden que llegó poco después.

El exmandatario fue encausado luego que el juez federal de primera instancia Sergio Moro, investigador principal en el escándalo Lava Jato (lava autos) en la estatal Petrobrás, lo involucrara en un supuesto soborno de la constructora OAS, filial de Odebrecht y responsable en la corrupción de políticos de varios países latinoamericanos.

Moro lo condenó a ocho años y un mes de cárcel, pero un Tribunal de Segunda Instancia elevó la pena a 12 años y mes.

Lo que ocurrió ese 8 de julio en Brasil carece de antecedentes y pone en tela de juicio la institucionalidad del país y los eventuales desacuerdos en el sistema judicial. En un suceso sin precedentes, Moro se negó a cumplir la orden de su superior en el TRF 4 y el prisionero solo vivió minutos de esperanza de quedar libre y sin cargos acusatorios, lo que le dejaba el camino libre para los comicios.

Tampoco aceptó la liberación otro juez encargado en el caso Lava Jato, João Pedro Gebran Neto, quien se encontraba en el exterior, y finalmente el presidente del TRF 4, Thompson Flores, dio el mazazo definitivo contra el prisionero.

El corresponsal de TeleSur en Brasil, André Vieira, informó que Moro fue denunciado por la Asociación de Juristas por la Democracia ante el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) por irrespetar el orden judicial.

Aunque el corregidor nacional de Justicia, Joao Otávio de Noronha, abrirá una investigación sobre la conducta de Favreto y de Moro, el expresidente sigue preso y se acerca el 15 de agosto, día marcado para que los partidos inscriban sus candidatos en la lid que cerrará uno de los ciclos de mayor corrupción en la clase política nacional, con el presidente de facto Michel Temer al frente.

NUEVO GOLPE JUDICIAL CONTRA EL EXMANDATARIO

Mientras Cristiano Zanin, del equipo de abogados del exmandatario —favorito actual en las encuestas para volver a gobernar el país— afirmó que Moro actuó “sin jurisdicción para impedir la liberación” del líder del PT. La politizada justicia brasileña continúa sus maniobras para impedir su postulación, pues de hacerlo ganará holgadamente las elecciones.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, comentó que la oligarquía nacional “…está haciendo todo lo posible por no dejarlo salir. Lula va a ganar, ellos no tienen liderazgo ni político ni popular. Lula es el liderazgo de este país”.

En una nueva operación judicial para retener al líder izquierdista, este miércoles la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, Laurita Vaz, rechazó en bloque 143 pedidos de excarcelación de Lula da Silva. Vaz criticó la “incompetencia” de Favreto, quien, según ella, generó un terremoto judicial aún en movimiento.

Calificado de monstruoso por analistas, el fallo de esta magistrada destruyó de un golpe las peticiones de habeas corpus, pero el STJ recibió de inmediato 105 nuevas demandas de libertad para el preso político de Curitiba.

El error de Vaz está en no condenar la armazón estratégica de jueces que no debían actuar en el caso, pero lo hicieron coordinadamente para cometer delitos como, por ejemplo, instruir a la Policía Federal de Curitiba de incumplir la orden de liberación.

La criticada magistrada trató de minimizar su fallo explicando que los pedidos “estandarizados” de habeas corpus en favor de Lula fueron presentados por personas ajenas a la defensa y que “sobrecargaron una rutina de trabajo que ya es suficientemente pesada”.

Para los juristas, la decisión de la presidenta del STJ causa risa pero no extrañeza, ya que antes ella convocó para auxiliar-relator de la Operación Lava Jato a un juez denunciado por fraude en concurso de la Magistratura, y en julio de 2017 concedió arresto domiciliario a Roger Abdelmassih, un médico condenado a 181 años de prisión por 48 violaciones de 37 pacientes.

Asimismo, en otra maniobra, este miércoles la jueza federal Carolina Lebbos, a cargo de la ejecución penal de Lula, rechazó las solicitudes de entrevistas de medios de comunicación locales al ex jefe de gobierno.

“El preso se somete a un régimen jurídico propio, no siendo posible (…) asegurarle derechos de la misma amplitud que aquellos ejercidos por el ciudadano en pleno gozo de su libertad”, sostuvo Lebbos, quien también negó el pedido del PT para que Lula participe por videoconferencia en actos de precampaña, informó TeleSur.

Para la investigadora brasileña Juraima Almeida “…es forzoso constatar que este poder judicial monstruoso es una aberración que sume a Brasil en el abismo fascista”.

Lula da Silva cuenta con 33 % de la intención de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 15 %; la ecologista Marina Silva, con 7 %; el laborista Ciro Gomes, con 4 %; y el socialdemócrata Geraldo Alckmin, con la misma puntuación.

De acuerdo con la ley electoral brasileña, ninguna persona con condena ratificada en segunda instancia, como es la situación de Lula, puede presentarse como candidato a un cargo de elección popular.