Los guerrilleros siguen encarcelados en Colombia

Nadie pensó jamás, a no ser los ingenuos, que la aplicación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos sería fácil, pero se dificulta aún más por la negligente postura oficialista ante determinadas decisiones.

La Ley de Amnistía fue firmada el 30 de diciembre del pasado año, la que, se suponía, beneficiaría a los guerrilleros presos, pero hasta ahora ni siquiera la mitad han sido liberados, y ahora la justicia indica que solo beneficiará a los que están en las llamadas zonas veredales o de tránsito.

De acuerdo con voceros de la guerrilla, que suscribió la paz luego de casi seis años de tanteos y conversaciones con la administración de Santos, aunque hay 500 de sus miembros fuera, ha sido por vías de indulto, libertad condicional, traslados. Unos 900 combatientes de sus filas que deben estar libres siguen encarcelados.

Este es uno de los graves motivos, uno más, de fricción entre los líderes de las FARC-EP y lo que algunos analistas estiman el sistema tramposo del derechista Santos, que de continuo incumple con sus obligaciones estampadas en las firmas de los documentos en La Habana, Cuba, y en Cartagena de Indias, en suelo colombiano.

Las guerrillas tienen razones para sentirse engañadas en el proceso de implantación de paz, aunque uno de los objetivos de constituirse en partido político se hará realidad, según anuncios, el próximo 1 de septiembre. Pero ese es otro cantar.

La falta de seriedad de la administración de Santos se hizo visible cuando aseguró que estaban listas las construcciones de edificaciones donde se albergarían los guerrilleros que dejaban sus campamentos, ocupados ahora en su mayoría por fuerzas paramilitares dedicadas a asesinar a exsubversivos y activistas sociales.

A pesar de encontrarse con extensiones de fango en lugar de inmuebles, sin agua, servicios sanitarios, y comida, las FARC-EP tragaron en seco y los antiguos soldados que pelearon durante 56 años contra las injusticias de las oligarquías terminaron de levantar sus eventuales paradores.

En esos lugares entregaron sus armas a las Naciones Unidas (ONU), que ya había protestado por los incumplimientos en las zonas veredales. Allí los desarmaron, identificaron, les dieron carnés, les prometieron una vida diferente, y ahí siguen en espera de que Bogotá cumpla su parte en esta historia cuyo fin ya no es tan claro.

Se estima que siete mil mujeres y hombres formaban parte de las FARC-EP y aún están en sus improvisados campamentos al lado de los llamados “Puntos de Concentración y Normalización”.

Algunos periodistas se han preguntado por qué las FARC-EP confiaron en Santos y su equipo, a sabiendas de su ideología y de que fue el Ministro de Defensa que ordenó el asesinato del canciller de la organización guerrillera, Raúl Reyes, cuando pernoctaba en zona fronteriza con Ecuador. Él y su jefe, el ex presidente de extrema derecha Álvaro Uribe, siempre quisieron destruir el foco guerrillero operativo en la Colombia profunda.

Sin embargo, Santos cambió de maquillaje, dijo que pasaría a la historia como el presidente que logró la paz, y por ello le dieron el Nobel de 2016 en esa categoría, el mismo que recibió Barack Obama, uno de los guerreristas más sonados de los gobiernos estadounidenses de las últimas décadas.

Como organización, las FARC-EP entendieron que era el momento de buscar una solución dialogada a la guerra civil que dejó más de seis millones de víctimas, entre ellos más de 200 000 muertos. Antes también se habían hecho otros intentos, siempre fracasados.

La dirección guerrillera estaba consciente de que había un anhelo popular de terminar con el desangre ocasionada por una confrontación bastante intensa y con el sufrimiento de las familias colombianas.

En este frágil entorno político, el incumplimiento de la Ley de Amnistía es otro más en el proceso. La Corte Constitucional, por ejemplo, intentó suspender el llamado fast track o movimientos rápidos de leyes para cumplir el Acuerdo de Paz. De atrasar las regulaciones, podía morir el Acuerdo de Paz.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, advirtió hace pocos días que el gobierno otorgó la amnistía a 3 252 guerrilleros por delitos políticos, pero solo los que se encuentran en las zonas de transición.

“Las amnistías son de carácter administrativo y solo aplican para miembros de las Farc concentrados en zonas veredales y no para los que están en las cárceles”, precisó el ministro, quien dijo que los jueces y en aplicación de libertades condicionadas, previstas en la Ley de amnistía e indulto, liberó a 1 400 exguerrilleros.

Sin referirse a los encarcelados, por los que reclaman las FARC-EP, Gil Botero refirió en una entrevista publicada por El espectador, “antes de que los guerrilleros reciban este beneficio se deberá realizar la plena identificación de los miembros de la organización, presentación del certificado individual de dejación de armas, firma del acta de no volver a levantarse en armas en contra del Estado y recibir la acreditación de la Oficina del Alto Comisionado para la paz.

Lo cierto es que, al margen de los paños tibios del ministro, desde que se aprobó la Ley muchos jueces, en medio del desconocimiento y de posturas individuales, ponen obstáculos para que pueda hacerse efectiva en los casos que son merecedores de las medidas ahí contempladas.

A la fecha, quienes han recuperado su libertad bajo la figura de amnistía e indulto siguen siendo una parte minoritaria de la población total de prisioneros y prisioneras políticas.

Para politólogos, los guerrilleros presos no son delincuentes, por lo que su libertad es un paso indispensable para que puedan sumarse al proceso de reincorporación a la vida civil y política, junto con los restantes miembros de las FARC-EP.

También como detenidos políticos hay una enorme cantidad de personas acusadas en montajes judiciales de ser colaboradores de las guerrillas, activistas sociales. La Coalición Larga Vida a las Mariposas hizo la denuncia sobre el limbo judicial de estos individuos y reconoció que resulta imposible saber el número exacto de apresados por esos motivos.

El Comandante de las FARC-EP, Jesús Santrich, que se unió a una huelga de hambre en curso de rebeldes presos acusó a los magistrados encargados de otorgar las amnistías de “tener una actitud de denegación de la justicia”.

Uno de ellos es el procurador general, Fernando Carrillo, quien refirió que tal como está la ley no se ajusta a la Constitución y exigió que se debe penalizar a los miembros de la guerrilla a partir de los 15 años de edad.

De ahí que el Comandante Santrich —dijo el Semanario Latinoamericano— ante el evidente bloqueo del gobierno y otras instituciones al proceso de paz advirtiera a la segunda fuerza guerrillera del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que midiera con mucho detalle lo que está ocurriendo, ya que esa organización está en conversaciones en Quito, Ecuador, para iniciar la paz en próximos meses.

Hasta ahora, el gobierno de Santos no ha movido un dedo para aniquilar las bandas paramilitares que operan en las zonas rurales, ahora sin protección de las fuerzas guerrilleras; ni tampoco la prometida repartición de tierras a los campesinos.

Para tensar aún más la cuerda, habría que ver cómo reacciona el próximo gobierno nacional que será elegido en 2018. Si es capaz de respetar el Acuerdo de Paz, posiblemente para esa fecha también firmado con el ELN, o si lo lanza por la borda o, como mínimo, olvida los compromisos de su antecesor.