Lenin Moreno, dos años después

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, un exizquierdista que giró 180 grados para situarse en el grupo de los conservadores de América Latina, aliados a Estados Unidos y sus políticas, cumplió dos años al frente del gobierno, en medio de protestas por la reforma laboral que beneficiará al gran empresariado y apretará la tuerca a los trabajadores.

Moreno, quien ocupó la vicepresidencia del líder de Alianza País, Rafael Correa, durante seis años, en su primer mandato, actúa como un neoliberal y toma medidas que niegan una sostenida actitud política de décadas.

La reforma, repudiada por la clase obrera, cumple con varias exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos un cambio radical en el plano económico. La liquidación de los derechos de los trabajadores constituye un inminente riesgo en el llamado País Meridiano del Mundo.

Lo que el gobierno conservador de Ecuador presenta ahora como una forma de salvación de la economía, supuesto generador de empleos, son cambios en la estructura del trabajo, tanto estatal como privado, en beneficio de las grandes empresas y el exigente capital que le apoya en su gestión, con quien concilió sus intereses, según varias fuentes, aun antes de asumir la jefatura del Estado.

La Asamblea Constituyente de 2007 y la Constitución formalizada en 2008 cerraron el camino neoliberal que imperaba en esa nación antes de que Correa asumiera la presidencia ese año e inaugurara una época de prosperidad económica, que ya al final de su mandato se vio afectada por la crisis petrolera, la pérdida de dos pleitos con grandes compañías contaminadoras de la Amazonía y el terremoto de Manatí en 2017, entre otros factores.

Los empresarios, en especial los de importantes provincias, como la industrializada Guayaquil, nunca perdonaron al líder izquierdista el derrumbe de un modelo consagrado en dos décadas anteriores para sus beneficios, pues la explotación del trabajador estaba formalizada por leyes que apoyaban a los grandes capitales.

La reforma propuesta por el régimen de Moreno complace a la oligarquía nacional —que gobierna la nación a su antojo—, la cual exigió el retorno del viejo proyecto que flexibiliza las jornadas a capricho del empleador, no distribuye utilidades, acaba con las indemnizaciones por despido y la jubilación, en tanto privatiza la seguridad social, entre otras medidas.

En el reciente acuerdo firmado con el FMI y su impuesta reforma que debe aplicarse el próximo año, el gobierno espera que el capital fluya, sea competitivo y “adelante” el país, en palabras del presidente.

No obstante, el FMI plantea un lento crecimiento para Ecuador, que traerá aparejado un mayor deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en la sociedad ecuatoriana. De acuerdo con datos del Fondo, la economía nacional decrecerá este año un 0,5%, y crecerá en 2020 0,2 %, en 2021, 2,7 % y en 2022, 2,3 %.

La entidad financiera internacional, de funesta presencia en América Latina, anunció que el desempleo aumentará en 2019 entre un 4,3 % y un 4,7 %, según publicó el diario El Comercio. Ese órgano de prensa indicó que, con las normas planteadas, se viola la jornada máxima de ocho horas diarias por 12, pero las cuatro adicionales no serán pagadas como tiempo extra o suplementario; tampoco se respeta el descanso obligatorio de sábados y domingos, y no hace distinción en el pago de jornada diurna o nocturna. La cuantía del pago dependerá solo del giro económico de la empleadora, números solo de la competencia de los propietarios.

El gobierno acordó, como paso intermedio a la reforma, un acuerdo con la Central Nacional de Trabajo que, si se aprueba, afectará a todos los trabajadores, pues podrá ser adoptado tanto para estatales como particulares. El escándalo en rechazo del convenio se hizo sentir en otras agrupaciones sindicales.

Una de las argumentaciones oficiales sobre los cambios que se avecinan es que propiciará empleo a los ocupados y subocupados —que representan el 70 % de la población económicamente activa—, pero se vuelve precaria la jornada de los actuales trabajadores contratados.

De acuerdo con anuncios oficiales, también el Código de Trabajo será reformado en sus artículos 47, 47.2, 50, 51 y 52, y entre ellos el referido a una jornada máxima de 12 horas sin pago adicional.

Las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo de Moreno —donde hay representantes de grandes corporaciones en funciones ministeriales— han movilizado al Frente Unitario de Trabajadores, que en un principio apoyó a Moreno y echó pestes contra Correa, pero que se ve compulsada por las masas obreras a convocar movilizaciones y huelgas en señal de protesta.

El pasado día 24, Moreno se dirigió a la nación para rendir cuentas de sus dos años de gestión, mientras miles de personas protestaban ante la sede de la Asamblea Nacional. En un discurso en que se dedicó a denigrar a su mentor Correa, quien lo propuso para la Primera Magistratura y apuntaló personalmente en su campaña, trató de enmascarar el incumplimiento de sus anunciadas metas de gobierno.

Las promesas de viviendas y empleos se las llevó el viento. Las cifras de más de 325 000 viviendas faltantes, el gobierno las redujo a 220 000, y de ellas en dos años se construyeron 28 116, aunque el mandatario confía en créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo.

Las cifras de Moreno cambian a medida que le resulta imposible cumplirlas. Prometió en 2017 la generación de 250 000 empleos anuales, en enero del pasado año la cifra se redujo a 500 000 en cuatro años. En febrero alentó el desempleo al reducir en un 10 % la nómina de 21 empresas públicas.

Para César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, las ofertas, sobre todo en vivienda y empleo, siguen en deuda: “Han pasado dos años y no ha cumplido. Está en una deuda permanente”.Otros nueve de los 12 ofrecimientos presidenciales se desarrollan con cuestionamientos. Para la bancada de Revolución Ciudadana, el nuevo partido de Correa —ya que Moreno dividió y destruyó el movimiento Alianza País—, “las obras del presidente se resumen en desempleo; inseguridad; incremento de los precios de combustible y servicios básicos; retroceso en los derechos de los estudiantes, trabajadores, adultos mayores, pueblos ancestrales, mujeres y niños; reducción del presupuesto del sector social; y supresión de las estructuras estatales, destrucción de la infraestructura productiva; corrupción y encubrimiento; violación de los derechos humanos; precarización laboral; persecución política; y, sobre todo, sus obras se resumen a INA PAPERS”, dijeron en un comunicado.

Este mandatario está involucrado en el caso de corrupción la empresa offshore Ina Investment Corporation, constituida por su hermano Edwin Moreno, y los esposos Xavier Macías Carmigniani y María A. González, indica el diario La Fuente.

Con recursos de esa firma fueron comprados para su hogar muebles de alto costo en Ginebra, Suiza, cuando cumplía el cargo de enviado especial del secretario general de la ONU para discapacidades de 2014 a 2016.

También esa firma compró un departamento en España —donde vive una de las hijas de Moreno— por valor de 133 400 euros, inscripto a nombre de la pareja de empresarios, pero considerado el hogar de la sobrina.

Ahora se conoce que estando en Ginebra, cuando fue designado candidato de Alianza País en 2017, de un lado mantenía conversaciones con Correa, quien pensaba que daría continuidad a la Revolución Ciudadana, y también se reunía allí con sus luego asesores de derecha, que ahora están en el poder.

Al presidente se le vincula con tránsito de influencias en la firma Sinohydro en Ecuador. El lobista y contratista de esa empresa china es Conto Patiño, padre de la cuñada de Moreno, quien habría recibido 18 millones de dólares a cambio de otorgarle la licitación de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Aunque desestimó las acusaciones, la Fiscalía inició una investigación en su contra a pedido del asambleísta de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga.

Para una gran parte de la población ecuatoriana, Moreno dio muestras de su entreguismo político cuando, violando las leyes internacionales, sacó al periodista australiano Julián Assange por la fuerza de su embajada en Londres, donde estaba asilado desde hacía siete años.

Fuerzas del Reino Unido penetraron en la sede diplomática poco días después de que el gobierno de Quito le retirara la inmunidad, y lo mantienen en la cárcel en espera de extraditarlo a Estados Unidos para que sea juzgado como traidor al divulgar asuntos internos del gobierno de ese país, entre ellas las mentiras empleadas para atizar la guerra contra Iraq.

Reconocido aliado de Donald Trump, el discapacitado presidente fomentó la destrucción de la Unión de Naciones Suramericanas al quitarle su sede en Quito, y literalmente suprimió las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el guerrillero Ejército del Pueblo en esa misma ciudad.

Luego de 24 meses en el Palacio de Carondelet, la encuesta Perfiles de Opinión indicó el pasado 29 de abril, que solo el 24 % de la ciudadanía adulta aprobaba la gestión del proimperialista dirigente, cuando un año atrás la cifra era del 51 %. Esa firma también apuntó que en él solo cree un 1 6% de los votantes, y en 2018 ascendía a 40 %. A ello se le suma que el 67 % quienes lo apoyaron en 2017 ahora están arrepentidos.