La crisis de los rohingyas estuvo lejos de solucionarse en este año, pese a los acuerdos alcanzados entre Myanmar y Bangladesh. De hecho, los planes de retorno de la minoría étnica a sus sitios de origen están de momento paralizados.
Los intentos de la ONU y de las autoridades locales se han topado con la falta de garantías para un regreso seguro de los refugiados.
El pasado 30 de octubre se rubricó un acuerdo catalogado por las autoridades como 'firme' para la vuelta. En ese momento se elaboró una lista con los ocho mil primeros nombres y en una primera entrega el 15 de noviembre debían cruzar la frontera más de dos mil personas hacia Myanmar.
Sin embargo, los propios afectados exigieron seguridad y ciudadanía antes del regreso, por lo que no hubo ningún voluntario. Se cree que más del 90 por ciento de este pueblo permanece refugiado en Bangladesh.
Ante los grandes brotes de violencia del pasado año en el estado de Rakhine, Myanmar, más de 700 mil de ellos abandonaron el país y cruzaron al vecino país, concentrándose en uno de los mayores campos de refugiados del mundo, en Cox Bazar.
Bangladesh trabaja por devolver a los rohingyas. Aunque les abrió las puertas, se trata de un país con una enorme densidad de población y pocos recursos. En noviembre del pasado año se firmó el acuerdo bilateral Daca-Naipyidó para estas repatriaciones, pero desde entonces nada ha funcionado.
Una solución duradera a la crisis requiere abordar la situación en el norte de Rakhine, así como implementar las recomendaciones de la comisión asesora de la ONU, incluido el reconocimiento de los derechos básicos de esa minoría musulmana.
Actualmente más de 100 mil rohingyas se encuentran en Malasia, pero no todos están registrados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Por otro lado, se registra la llegada a Indonesia de nuevas embarcaciones repletas de estos refugiados, mientras que otras son interceptadas en países como Bangladesh o Myanmar. Otro navío con 93 rohingyas a bordo fue atajado este diciembre cuando se dirigía hacia Malasia.
Los Rohingya son una población de casi un millón de personas que radicaban en su mayoría en Rakhine. Su situación era ya de por sí complicada como minoría musulmana dentro de un Estado budista que no los reconoce como ciudadanos. La explicación de las autoridades locales es que no los admiten como grupo étnico.
A principios de 2018 quedaba en Myanmar medio millón de miembros de esta etnia, de los cuales 120 mil estaban internados en campos de concentración y decenas de miles vivían confinados en sus pueblos, según datos de la ONU.
Daca les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades, y no tienen derecho a poseer tierra ni otras propiedades.
Diferentes personalidades e instituciones del orbe han pedido mayor atención a esta crisis humanitaria por parte de la comunidad internacional. El pasado 27 de agosto, el papa Francisco hizo un llamado para que 'cese la persecución de la minoría religiosa de nuestros hermanos rohingyas'.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que el futuro de más de medio millón de niños refugiados en Bangladesh está en peligro ante la falta de fondos para garantizar su educación.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático expresó su apoyo a la búsqueda de una solución de la crisis entre todas las partes.
Acnur apoya la repatriación voluntaria y sostenible de los rohingyas en condiciones seguras y dignas. El ente no cree que Rakhine esté listo para el retorno seguro, digno, voluntario y sostenible, pero subrayó su compromiso con los esfuerzos del gobierno de Myanmar para crear estas condiciones, bajo los términos del Memorando de Entendimiento suscrito en junio por Acnur, PNUD y las autoridades myanmenas.
Lejos de mejorar la situación, recientemente Bangladesh protestó por los 'irresponsables' comentarios hechos por el ministro de Religión de Myanmar, Thura Aung Ko, sobre los rohingyas, a los que acusó de 'tener el cerebro lavado' y de querer 'marchar' sobre el país.
Rechazó Daca cualquier forma de radicalismo y pidió a Naipyidó que ponga en marcha una serie de medidas contra el titular.
Casi invisibilizada ante la comunidad internacional, la crisis de los rohingyas no se solucionará en 2019 sólo con la repatriación completa; es preciso garantizarle a esa minoría étnica los derechos elementales a los que aspira cualquier ser humano más allá de su religión.
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