La resistencia mantiene vivos a los 43 desaparecidos de Ayotnizapa

Las noticias sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas mexicanos el 26 de septiembre de 2014 dio la vuelta al mundo, estupefacto ante la impunidad con que actúan autoridades estatales junto al crimen organizado en el estado de Guerrero, en un México que hasta hoy espera una respuesta oficial a los familiares y a la opinión pública.

Los jóvenes eran alumnos de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotnizapa, donde se preparaban para impartir la docencia en las áreas más empobrecidas de ese municipio. Los desaparecidos, presuntamente asesinados, viajaban en un ómnibus a Iguala, donde participarían en una manifestación pacífica contra determinada medida de la Alcaldía.

El grupo de muchachos fueron recibidos a balazos, y los que no pudieron escapar fueron arrestados por la Policía –según declararon testigos-. De los que salieron de Iguala tres murieron en la balacera junto a otras tres personas que viajaban en el mismo transporte. Los 43 que fueron detenidos esa noche nunca más fueron vistos, ni vivos, ni muertos.

El rapto de los muchachos despertó la conciencia de la ciudadanía mexicana contra una acción que --aunque cotidiana en varios estados controlados por el narcotráfico y con la mirada complaciente de las autoridades gubernamentales-- se movilizó junto a los familiares en caravanas, mítines, manifestaciones y solicitudes al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En esas circunstancias fueron descubiertas centenares de fosas comunes con restos de personas dadas como desaparecidas por sus  familias.

“Vivos los queremos” fue la exigencia que animó al estudiantado, al sindicalismo, al campesinado y otras fuerzas civiles de la antigua nación de los aztecas en su pedido de justicia al gobierno federal, luego del encarcelamiento del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, -presuntos autores intelectuales de las desapariciones- y varios sicarios de Guerreros Unidos, el grupo mafioso que domina el Estado.

En aquellos momentos, la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el arresto de 111 personas supuestamente involucradas con el suceso, de ellos: 52 policías municipales de Iguala; 19, de Cocula y 40, de la organización criminal. El matón Girardo López, alias El Gil, fue acusado de ordenar el asesinato de los 43, basándose en la palabra de sus compinches.

Los mafiosos –incluso esa versión es puesta en duda por los parientes- declararon que les fueron entregados los estudiantes por la Policía; luego ellos los asesinaron,  quemaron sus restos en el basurero del colindante municipio de Cocula y lanzaron las cenizas al río San Juan.

Aunque la PRG dio públicamente el caso por cerrado –algo que desmintió esta semana Peña Nieto en un encuentro con los familiares de las víctimas- la presión popular hizo que volviera a la palestra pública ante los mentís de expertos en necrología llegados de Argentina, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (Giei) de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes están en desacuerdo por los resultados oficiales, ya que carecen, aseguraron, de información científica.

Expertos confirmaron que incinerar 43 cuerpos al aire libre demora como mínimo 16 horas y ni la noche del secuestro ni en los días siguientes hubo incendio alguno en el basurero de Cocula.

HUELGA DE HAMBRE Y DESENCUENTRO CON PEÑA NIETO

Los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, que jamás han perdido la esperanza de reencontrar vivos a sus hijos, estuvieron hasta este viernes 43 horas en huelga de hambre en El Zócalo de la capital mexicana. Hoy se dirigirán a la casa presidencial de Los Pinos, donde reside el Mandatario, en una nueva manifestación de protesta.

Esta semana, en vísperas del primer aniversario del secuestro, se realizó la segunda reunión de Peña Nieto con los familiares de los estudiantes (la primera fue en octubre del pasado año).

La cita no partió del gobierno, sino de los padres de los 43 secuestrados, de la comunidad de Ayotzinapa, abogados y organizaciones sociales que impiden el olvido de este suceso que conmovió al mundo.

En la reunión realizada en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, que algunos diarios mexicanos calificaron “de desencuentros” y “falta de consenso”, le fue entregado al Mandatario un pliego con ocho reclamos, entre las que sobresale el replanteo de la búsqueda con una unidad especializada y supervisión internacional.

Los diarios La Jornada y El Universal informaron sobre las demandas presentadas, que incluyen una pesquisa sobre la responsabilidad del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y del exprocurador general  Jesús Murillo, por el "montaje con el que se pretendió engañar a las familias".

Junto a padres y madres estaban los especialistas de Giei, - quienes cedieron a Peña Nieto un tomo con su informe sobre el caso- y abogados, mientras por el gobierno se encontraban varios funcionarios relacionados con las investigaciones oficiales.

Desde esa reunión el Presidente emitió órdenes a distintas instancias gubernamentales para analizar la viabilidad de las ocho solicitudes –lo cual no significa que se cumplan-, y se solidarizó con el dolor y la indignación de los familiares. También precisó que se mantiene abierta la búsqueda de los 43 y las autoridades están comprometidas a averiguar qué ocurrió  con cada uno de ellos.

Así lo confirmó a la prensa Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, quien aseguró que Peña Nieto expresó que buscará "castigar a todos y cada uno de los responsables", palabras que, al parecer, sonaron huecas en los oídos de los dolientes.

Luego de la cita, los familiares expresaron su inconformidad con la línea oficial expresada por el Mandatario que, dijeron, en momento alguno se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias en el asunto, y consideraron débiles los compromisos del gobierno federal.

Según La Jornada, Carmen Mendoza, madre del normalista Jorge Cruz, afirmó que "Esa gente tiene la sangre helada. Su mirada lo dice todo. Salimos con mucho coraje, la verdad. No obtuvimos nada".

Otros seis meses trabajarán en México los expertos de la Giei, que propusieron nuevas líneas de indagación, una de ellas sobre los vínculos del narcotráfico con el rapto.

En espera de que la justicia se haga presente, este viernes se conoció que forenses mexicanos y argentinos seleccionan restos humanos –presuntamente de los 43- para enviarlos a un laboratorio austriaco para su eventual identificación.

Eber Mora Betánzos, subprocurador de derechos humanos de la PGR, dijo a Prensa Latina que “se trabaja en la selección de unos 61 mil restos hallados en una bolsa arrojada en el río San Juan, triturados y sometidos a altas temperaturas, por lo cual se hace difícil la obtención de ADN por métodos usuales y se enviarán al Laboratorio Central de ADN de Austria”, poseedor de técnicas avanzadas en esas pesquisas.

Mientras, con su dolor a cuestas, y en espera de una verdad que quizás nunca sea revelada en su totalidad, las madres, los padres, los hermanos y parientes de los 43 futuros maestros de Ayotnizapa, esperan que, como mínimo, puedan llorar en paz a sus seres queridos.