Indulto a Fujimori es ofensivo al pueblo de Perú

Miles de peruanos protestan en las calles de distintas ciudades por el indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por supuestas razones humanitarias, en lo que se considera un canje político arreglado por el también derechista mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para mantenerse en el cargo.

Fujimori, 79 años, estaba ingresado en una clínica privada en Lima, la capital, que fue rodeada por simpatizantes del antiguo mandatario condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas, y corrupción administrativa. Mientras, centenares de jóvenes que intentaron acercarse al lugar para repudiar su liberación fueron dispersados de manera violenta por la fuerza pública.

Grupos de manifestantes contra la medida, que salieron de la Plaza San Martín, llegaron hasta las cercanías de la vivienda de Zuczynski, de 77 años, protegida por centenares de policías que lanzaron grases lacrimógenas contra la protesta.

Reportes de prensa indican que también hay movilizaciones populares en ciudades del interior como Cusco, Huaraz, Puno, Trujillo, Tacna y Arequipa.

Lejos de la tradición navideña de armonía y paz, este país suramericano está en tensión ante la salida en libertad del político responsable de dos grandes matanzas de civiles.  El reo cumplió 12 años de cárcel.

En un argumento considerado muy pobre, Zuczynski declaró que los objetivos del indulto eran alcanzar la reconciliación política, defendida por fujimoristas, y el estado precario de salud del condenado. No es tan simple. Sus hijos Keiko y Kenji son miembros activos del Congreso Nacional. Keiko, ex candidata presidencial, es la lideresa del partido Fuerza Popular, de mayoría en el parlamento e imprescindible para que el gobernante pueda dirigir el país.

Para expertos, la liberación de Fujimori, bajo cuyo gobierno más de 300 mil mujeres indígenas y negras fueron esterilizadas sin consentimiento –según defensores de derechos humanos-, es resultante de la desestimación hecha por el Congreso Nacional al pedido de destitución del también llamado PPK, acusado de recibir pagos de la firma brasileña Odebrecht a cambio de favores en Perú.

Dueño de varias empresas, ex ciudadano de Estados Unidos donde trabajó durante una gran parte de su vida en altas esferas de la banca, PPK es amigo personal de los Fujimori y fue mentor de Keiko en su primera postulación a la presidencia.

Kenji, sin el brillo político de su hermana, fue al parecer el encargado de resolver el entuerto político de PPK a cambio del indulto, negándose a votar en su contra, aunque ante el público su hermana aparezca como una enemiga absoluta del actual gobierno del partido Perú por el Kambio.

Pero la mayoría del pueblo y de expertos no tragan el cuento de un perdón por razones humanitarias y se preguntan qué pasará con los familiares de las víctimas de tal asesino y ladrón.

El expresidente de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el oncólogo peruano Elmer Huerta,  cuestionó el informe médico por el cual, según PPK, otorgó el perdón a Fujimori, incluida la anulación de causas pendientes, como una masacre perpetrada en la norteña región de Áncash por un escuadrón de la muerte bajo sus órdenes. Huerta argumentó que todos los antecedentes oncológicos y otros males del sentenciado son comunes en personas de la tercera edad y ninguno es terminal ni conlleva riesgo fatal si el paciente es tratado adecuadamente.

Todos saben que Fujimori tenía en prisión un nivel de atención médica como muy pocos. Desde el punto de vista médico, precisó, este indulto no tiene ninguna razón, es una decisión enteramente política¨, añadió en su análisis crítico al perdón.

Para Oscar Ugarteche, analista político y economista peruano, en realidad había una máquina en marcha al menos desde el pasado mes de octubre para liberar a Fujimori. Es posible, afirmó, que el pedido de vacancia presidencial a PPK fuera parte de la escenografía de esa maquinaria.

Lo cierto es, añadió, que bajo el premierato de Mercedes Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo. Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el Congreso¨.

Para Verónika Mendoza, líder del Movimiento Nuevo Perú (MNP), quien apoyó a PPK en las presidenciales, ¨Lo que acaba de hacer es una vil traición a la Patria. A cambio de salvar su pellejo ha negociado con el Fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino Fujimori¨.

Un reporte de la agencia Prensa Latina informa que Mendoza calificó el aparente arreglo político como ¨pacto infame de los corruptos. La impunidad es la muestra, precisó, de cómo nuestra clase política tradicional trata los asuntos del país: negociando bajo la mesa en perjuicio de la gente y sus derechos¨.

Para el jurista y analista político Joseph Campo el presunto canje no ayuda a la reconciliación y la gobernabilidad esgrimida por PPK pues determina una ruptura con las fuerzas democráticas que lo ayudaron a ganar la presidencia, en contra de Keiko Fujimori.

La vocera parlamentaria de FP, Milagros Salazar, aunque apoyó la libertad del ex dictador, consideró ¨'lamentable para el país que Kuczynski haya canjeado su permanencia en el cargo por un indulto¨ en una situación censurable de ¨componendas y acuerdos bajo la mesa¨.

Llamado ¨mano de hierro¨, Fujimori dejó Perú a fines del 2000 para dirigirse a una reunión en Brunei. De ahí siguió a Japón, desde donde renunció a la Presidencia vía fax, dejando atrás uno de los más graves escándalos de corrupción ocurridos en su gestión y que marcaría el declive de su régimen.

Amparado en su doble nacionalidad, estuvo en Japón hasta el 2005, burlando las acusaciones judiciales por delitos de peculado, corrupción y de lesa humanidad.

Ese año viajó a Chile, país que inició un proceso de extradición en su contra, aprobada el 21 de septiembre de 2007. Una vez en Perú fue condenado por cinco casos, entre ellos usurpación de funciones para hacer desaparecer videos comprometedores, utilizando a un militar que suplantó a un fiscal para allanar el hogar de su ex asesor Vladimiro Montesinos. Fue condenado a seis años de prisión por ese delito.

El 7 de abril del 2009 la segunda sentencia le impuso 25 años de prisión por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y de 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en abril de 1992.

Ese año, el ex gobernante reconoció el delito de peculado al apropiarse de 15 millones de dólares de las arcas públicas, para entregárselos a Montesinos. La Corte le impuso siete años y seis meses de cárcel.

En el 2015 recibió su cuarta condena relacionada con delitos de espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas tránsfugas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima de ¨'chuponeo¨, que en jerga técnica significa espiar conversaciones telefónicas de una persona con aparatos de intersección.

El 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora lo sentenció a otros ocho años por desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los ¨diarios chicha¨  o tabloides de prensa sensacionalista utilizados por Fujimori para desacreditar a opositores de su régimen y favorecerlo en las elecciones generales del año 2000.

Es este, en síntesis, el individuo al que en vísperas de Navidad perdonó el presidente PPK, a quien le esperan seguramente días de inseguridad en su gestión. Fujimori está en la calle, y no será para bien.