Ningún indicio permite concluir que el ganador de la segunda vuelta electoral en Guatemala —entre Sandra Torres y Alejandro Giammettei— tenga un programa que pague las grandes deudas sociales de ese país, en especial la corrupción, pues ambos están indicados por actos delictivos, como el financiamiento ilícito.
El próximo 11 de agosto será la segunda vuelta de estos comicios generales en los que 19 candidatos aspiraban a la presidencia pero ninguno alcanzó más del 50 % más uno de los votos válidos, en tanto Torres y Giammettei ocuparon los dos primeros lugares con 25,7 % y13,89 %, respectivamente. Como suele ocurrir en Guatemala, una nación próspera de Centroamérica pero con la peor distribución de la renta de la región (una pobreza del 68 % de la ciudadanía) el desencanto político se vio reflejado en la baja participación ciudadana, con 8,2 millones de convocados.
Los electores debían decidir el pasado domingo 16 quién será su próximo dignatario(a), 160 diputados y 340 alcaldes para el período 2020-2024.
Quien salga electo sustituirá a Jimmy Morales, un actor cómico y obispo evangélico que recibió un fuerte apoyo de esos religiosos guatemaltecos para ascender al poder. Acusado de corrupción, al igual que su hijo José Manuel y su hermano Samuel —los dos con procesos abiertos por estafa al fisco— trata de salvarse de la cárcel por la inmunidad que le concede por otros cuatro años más el ser miembro del Parlamento Centroamericano, cuyo mandato va más allá de su cargo presidencial.
Sandra Torres, una de las contendientes de agosto próximo por el partido denominado socialdemócrata Unión Nacional de la Esperanza (UNE), es la mejor situada para proteger los intereses de la familia Morales pues mantiene un hilo directo con el mandatario y es protegida por el Supremo Tribunal de Justicia.
La finalista de los comicios es acusada pero no juzgada por un supuesto delito de falsificación de documentos para inscribir aspirantes a diputados por la UNE.
Morales, quien de manera sarcástica tuvo como lema de campaña “ni corrupto ni ladrón”, hizo una fortuna luego de llegar al gobierno gracias al desprestigio de la política tradicional. Sin ninguna experiencia política, no solo repitió la dosis sino que se plegó a los políticos más cuestionados de la nación, en especial militares veteranos de la guerra civil conocidos como violadores de los derechos humanos.
Para un número notable de analistas guatemaltecos, el cómico admirado de la televisión pasará a la historia como uno de los gobernantes más corruptos de la historia de la nación, de la cual escapan miles de personas cada año huyendo del hambre, el narcotráfico, la violencia y la violación de los derechos humanos.
¿QUIÉNES SON LOS CONTENDIENTES DE LA SEGUNDA VUELTA?
Para el analista independiente guatemalteco Héctor Rosada, “las elecciones en Guatemala se han convertido en un ritual como asistir al fútbol o a las procesiones de Semana Santa. Un mero gesto que no comprende la mayor parte de una población, que no capta la posibilidad de cómo pueden influir en el futuro en la democracia y el Estado de derecho”.
Los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron a Sandra Torres el primer lugar de los votos válidos y a Alejandro Giammettei el segundo.
En Semanario Latinoamericano, el analista Yyanta refirió que los guatemaltecos no pudieron evitar en las urnas que dos aspirantes “contrarios” a la lucha contra la corrupción llegasen a la segunda vuelta. Ambos, precisó, están señalados por actos de corrupción y financiamiento ilícito.
Torres, de 63 años, es la tercera vez que aspira a la presidencia y en los comicios del 2015 quedó en segundo lugar para disputar y perder la ronda decisiva. Según estudios locales, curiosamente, ella también concentra la mayoría del “antivoto” —electores que indicaron que nunca votarían por ella—, especialmente en zonas urbanas. Aunque no ocupó cargos en el gobierno de Álvaro Colom, se hizo conocida en el país por sus programas sociales. Ahora aseguró en su campaña electoral que su gestión, si gana, estará enfocada en cuatro ejes: la reactivación económica, garantizar la seguridad y la justicia, protección social y extremar los esfuerzos para garantizar la transparencia de su Gobierno.
Mientras, Giammettei, un cirujano también de 63 años, participa por cuarta vez en elecciones presidenciales. En su opinión, Guatemala precisa un cambio en su modelo económico para convertirlo en una nación exportadora y atractiva a los inversionistas extranjeros. Anunció que profesionalizará y dignificará a la Policía, cuestionada como parte del aparato militar de ejecuciones del narcotráfico.
¿FRAUDE EN LAS ELECCIONES?
Para observadores internacionales y varios partidos, las elecciones de este mes estuvieron marcadas por el fraude para que Torres, en especial, se haga cargo del nuevo gobierno.
A pesar de las trabas impuestas por el TSE, comunidades indígenas y campesinas a nivel nacional impusieron su organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que ocupó el cuarto lugar en el conteo de los votos, algo inaudito en Guatemala. Esta nueva organización fue la única que planteó una lucha frontal contra la corrupción, con la anulación de la inmunidad y el secreto bancario para altos funcionarios públicos, y convocó a un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional y la revisión de los contratos de privatización.
Convertido en un fenómeno político, los escrutinios del TSE lo relegaron con la acreditación de cerca de medio millón de votos, sin alcaldías municipales y la posibilidad de una diputación.
El MLP denunció públicamente los delitos cometidos y cómo, a pesar de las más de mil denuncias penales no resueltas por delitos electorales, el Tribunal anunció diputaciones y gobiernos municipales para el resto de los partidos, menos para el Movimiento.
La excandidata por el MLP, Thelma Cabrera, destacó las irregularidades del TSE durante la campaña electoral, al no permitirle colocar vallas ni acceder a una cuenta bancaria del propio ente para utilizar el dinero en la propaganda electoral, como manda la ley.
El periódico Prensa Libre publicó que en la jornada de votación hubo entrega de papeletas previamente marcadas sobre el símbolo de la UNE, videos de traslado grupal de votantes por los partidos tradicionales y entrega de boletas en las que no aparecía el logo del MLP.
La evidencia del fraude hizo que se suspendieran los comicios en dos municipios, hubo reacciones violentas de votantes en ocho de los 22 departamentos guatemaltecos y apagones eléctricos en zonas donde se escrutaban los votos. En uno de ellos, San Jorge, en Zacapa, la junta electoral municipal renunció por amenazas de muerte recibidas pocas horas antes de abrir los colegios electorales.
¿QUÉ PASARÁ CON EL CICIC?
Otro de los problemas que enfrentará el próximo gobierno está relacionado con la permanencia o no de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de Naciones Unidas, que deberá cesar sus funciones en ese país el próximo 3 de septiembre.
El Cicig fue expulsado por Morales por investigarlo en una supuesta financiación de su campaña electoral con fondos ilícitos. Este organismo ha enjuiciado a más de 300 personas por casos de corrupción, incluido el expresidente Otto Molina y varios de sus parientes, ahora en la cárcel.
Considerado un exitoso mecanismo de cooperación internacional, el Cicig fue aprobado en 2007 por el Congreso de Guatemala, pero ahora su futuro es incierto, dada la posición del presidente saliente.
Dependerá del nuevo dignatario (a) cambiar el escenario de este importante organismo que demostró un fuerte respaldo popular enarbolado por el lema Justicia Ya.
Morales acusó al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, de extralimitarse en sus funciones, e incluso trató de impedirle el ingreso a Ciudad de Guatemala, decisión revocada por la Corte de Constitucionalidad.
La situación de la Cicig es precaria. Habrá que esperar hasta agosto para conocer cómo se pronunciará el designado (a) para dirigir los destinos de la nación centroamericana.
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