Golpe a la democracia en Brasil

Aunque no hay prueba alguna contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, la Cámara de Diputados de ese país, siguiendo un plan orquestado por la derecha local y regional, votó a favor este domingo de que continuara al Senado el proceso de juicio político en su contra,  donde  42 senadores de 81 decidirán el futuro del gobierno del Partido de los Trabajadores.

En un ambiente enrarecido por las posiciones cambiantes de los legisladores, las mentiras contra Rousseff, una ex guerrillera a la que intentan destituir para dar paso a un Mandatario conservador, las ofensas, y acusaciones entre sí, 367 legisladores se pronunciaron por impugnarla, 137 en contra, siete se abstuvieron y dos estaban ausentes.

Poco después del cierre de la sesión para culminar este paso del mecanismo de destitución  tras más de 34 horas de debate, y organizado de manera apresurada por el corrupto jefe de la Cámara, Eduardo Cunha, el abogado de la Unión y defensor de la Mandataria, José Eduardo Cardozo, afirmó que “lo acontecido es un golpe contra la democracia y contra 54 millones de personas “que votaron por un segundo mandato de la líder petista, iniciado hace solo tres meses.

Cardozo se mostró indignado ante la actitud de los parlamentarios que permitieron que siguiera lo que denominó “circo político” de elementos en su mayoría indicados como presuntos delincuentes involucrados con distintos escándalos de corrupción, entre ellos el de la estatal Petrobrás, en el que está involucrado Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se separó de la coalición gobernante hace pocos días.

El abogado precisó que organizaciones como los Secretarios Generales de la Unión de Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos, Ernesto Samper y Luis Almagro  afirmaron que “no hay razón para un juicio político en Brasil”, ya que no hay una ruptura del orden constitucional.

Cardoso explicó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa, nada de ello ha sucedido, según dijo a la prensa.

Dilma, recordó, no está acusada de desviar un solo centavo. Ella es una mujer honesta, no involucrada en la corrupción, ni en un soborno, en momentos que en el país se juzga a decenas de personas, entre ellos numerosos políticos. Están acusando a la Presidenta, reafirmó, de una situación presupuestaria absolutamente válida que ya hicieron otros gobiernos.

Ni siquiera se ha verificado que la Mandataria hubiese maquillado alguna cuenta de la Unión para ocultar un supuesto déficit fiscal. “La han acusado, precisó, de algo que no existe, y una persona solo puede ser juzgada por hechos reales, comprobados”.

Cunha, uno de los hombres de confianza del vicepresidente y enemigo de Dilma, Michel Temer, chantajeó a la Dignataria a principios de año con pasar a la Cámara las denuncias de dos políticos en su contra, si no evitaba que fuera detenido por el proceso de Petrobrás, donde comprobadamente robó como mínimo cinco millones de dólares depositados en una cuenta en Europa. Su plan era, luego del desaire de la presidenta que dijo no ampararía corruptos, estrangular al gobierno para hacerlo caer de manera rápida.

¿Qué viene ahora?

Este lunes, según se espera, la presidenta hablará a la nación para pronunciarse sobre los resultados del proceso cameral, aunque advirtió hace días que no renunciará a su cargo.

A este complot contra el PT y sus dirigentes, también se une la postura del Supremo Tribunal Federal de Justicia que impidió que el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva entrara como Ministro del gobierno después de que fuera detenido en su hogar e interrogado durante tres horas, en una acción inaudita y fraguada por el clan derechista integrado, entre otros, por el gran capital y su cabeza visible, la media contrarrevolucionaria.

Algunos analistas coinciden en que solo un gran movimiento de masas podría impedir que el Senado se pronuncie contra la Jefa de Gobierno.

En ese sentido, el periodista brasileño Betto Almeida declaró ayer a Telesur que mientras la derecha poseen la mayoría de la prensa escrita, radial y televisiva de Brasil, el PT no posee ni un solo diario, por lo que debe trazarse las movilizaciones mediante otras estrategias que no confundan a la población, como hace la gran prensa liderada por el conglomerado O Globo.

Luego de los resultados en la Cámara Alta, la discusión por el juicio político continuará en el Senado. En ese ente, la admisión del proceso estará a cargo de una comisión de 21 miembros, que de aprobar la solicitud, pondrá a juicio de la mayoría simple (la mitad más uno) del plenario, ratificar o no la medida.

Este será un momento crucial de ese proceso. Si lo acepta –precisan expertos- se estaría verificando el golpe de Estado, dada la carencia de elementos desfavorables a la Dignataria.

Si el Senado da luz verde al mecanismo, de inmediato la Presidenta debe recesar 180 días para la investigación, y al final habría otra reunión en la que 56 senadores deben pronunciarse por la destitución. En caso contrario, el caso sería archivado.

Pero, en el supuesto caso de que Dilma fuera suprimida de su cargo, sería sustituida por el derechista Temer,  contra el que también existe un proceso de impugnación, por adoptar medidas de gastos innecesarios sin autorización del Congreso, en ausencia de la Mandataria, quien se encontraba en el exterior.

Es significativo como el plan de la derecha se ha ido montando paso a paso. Con la separación del PMDB de la alianza gubernamental –pero Temer no renunció a la vicepresidencia- orientó a sus diputados a que se pronunciaron a favor del juicio político.

Si este viejo politiquero asumiera el gobierno, luego de su ruptura con el PT, tendría que buscar alianzas con el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña, a cuyo candidato Áecio Neves, la Mandataria venció en las últimas elecciones generales, y con otras agrupaciones del mismo corte.

El PSDB, en la época del expresidente Fernando Henrique Cardoso, privatizó importantes empresas, como la minera de Vale Doce, imponiendo el sistema neoliberal en el país. Por tanto, lo que se espera, si este escenario se realiza, es la venta de la Petrobrás con el pretexto de que el Estado no ha sabido manejarla dado el escándalo de robo y corrupción en que está sumida desde hace décadas.