Elecciones primarias en Bolivia de cara a presidenciales

Bolivia y su proceso revolucionario dirigido por Evo Morales tampoco escapan a las presiones y planes imperiales de retorno al conservadurismo. No obstante, y siguiendo su política de mirar al futuro y su defensa, el próximo día 27 habrá allí elecciones primarias previas a las presidenciales de octubre, cuando se pone en juego el liderazgo del primer mandatario indígena de ese antes empobrecido país.

Estos comicios son inéditos en Bolivia y fueron implantados a partir de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece, por primera vez, la realización obligatoria de primarias partidistas en las que elegirán a los candidatos a presidente y vicepresidente. La regulación fue aprobada el pasado 23 de agosto por la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados para, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), impulsar la democracia interna en los partidos, en su mayoría de derecha o extrema derecha.

La regulación, dictada el pasado año —explicó el analista Fernando Molina, de Nueva Sociedad— no exige la competencia dentro de las agrupaciones ni la discusión por separado de la vicepresidencia. Es decir, los binomios quedaron establecidos e inscriptos ante el tribunal en noviembre último.

Para la presidenta de la Comisión legislativa, Mireya Montaño, “los militantes van poder elegir al candidato de su organización política, agrupación ciudadana o pueblo indígena originario”, en votación secreta y voluntaria.

Esta decisión electoral debe influir de manera concreta en los grupos de oposición que, según Molina, están en un estado tal de pasmo y desorganización que solo así decidirán su participación en los comicios, a la vez que, como indican conocidas intenciones citadas por la prensa boliviana, pretenden desvirtuar con sus campañas la candidatura del presidente Morales y su vice, el intelectual Álvaro García Linera.

Una de las artimañas contra el binomio ocurrió el pasado año, cuando el mandatario solicitó un referendo popular para determinar la reelección presidencial y fue rechazada por los votantes (48 a 52 %) debido a una estrategia previa de desprestigio y descrédito de su figura por parte de la media capitalista, lo cual fue desmentido después por los autores del montaje.

La presión de los movimientos sociales que defienden su permanencia en Palacio Quemado, iniciada en 2005, exigieron a la Asamblea Nacional Constituyente la modificación de un artículo de la Carta Magna para que este político de raíces sindicalistas pudiera continuar la obra que dio un vuelco absoluto a la economía nacional (la más próspera de América Latina) y con ello a la calidad de vida de los sectores discriminados del país.

La acción comicial, en que la militancia partidista se pronunciará por los binomios de octubre, tuvo repercusión en varias alianzas opositoras ya convocadas. Son seis las principales parejas que disputarán el máximo cargo del país, la mayoría de ellas sin el apoyo de la población, por lo que apelan —como hacen ahora— a desvirtuar las razones y verdades del progresismo boliviano y del máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS), apoyado por sindicatos, movimientos sociales y pueblos autóctonos.

Ante el TSE están inscriptos Morales y García Linera por el MAS; la Alianza Ciudadana del expresidente Carlos Mesa y el alcalde de La Paz, la capital, Luis Revilla; la agrupación Bolivia Dice No, integrada por los dos mayores partidos opositores, el del político y empresario Samuel Doria Medina y el del gobernador de la región oriental de Santa Cruz Rubén Costas; la Unión Cívica Solidaridad, que postula al exvicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), con un discurso de restauración moral respaldado por algunas iglesias evangélicas; el Movimiento del Tercer Sistema, que pertenece al gobernador de La Paz, el intelectual aymara Feliz Patzi; y dos partidos tradicionales que tratan de revertir su reducción de las últimas décadas: el Movimiento Nacionalista Revolucionario, otrora principal partido boliviano, y el Partido Demócrata Cristiano.

En su mayoría, estas agrupaciones representan un sector minoritario de la oposición, que llama abiertamente a boicotear el proceso electoral mediante los proclamados “movimientos ciudadanos”, luego de que en 2017 el Tribunal Constitucional habilitó a Morales para presentarse a un cuarto mandato, tal como exigieron los seguidores del presidente aymara.

Los movimientos sociales entienden que, en estos momentos cuando Bolivia es amenazada por sus enemigos internos y externos para eliminar los vestigios progresistas de América Latina, el actual jefe de gobierno resulta “imprescindible en la lucha política” —refirió García Linera— ya que él es, dijo, la expresión simbólica de la larga lucha indígena y popular por el poder.

La idea de la oposición era llevar una candidatura única para enfrentar al mandatario, pero la opción de las primarias dejó claro que hasta entonces no tenían una figura única y sí un evidente interés para colocarse en mejor posición ante las presidenciales.

Sus diferencias ideológicas conservadoras son tenues y todos son críticos, unos con mayor fiereza que otros, del gobierno nacional actual, al que califican de populista y autoritario desde su posición neoliberal, pero sin sustentación probatoria de tales adjetivos.

Una de las figuras más sobresalientes para la lid que se avecina es el expresidente Mesa, quien mantiene la matriz ideológica de la llamada antipolítica, proponiendo un “gobierno de ciudadanos”. Su organización la conforman exmiembros de su gobierno (2003-2005) y jóvenes recién llegados a la vida pública, a quienes trata de involucrar con su discurso de “no ideologías, sino causas”, una idea contradictoria en la realidad.

Este político, que renunció al cargo cuando una suerte de insurrección popular se desató en la inconforme Bolivia, es el favorito de la oligarquía nacional y de Estados Unidos. Aunque algunas encuestas lo sitúan con un 30 % de popularidad en la actualidad, la cifra podría descender de manera vertiginosa si se comprueba que participó en el caso Lava Jato (Friega Autos) de Brasil —corrupción de la estatal Petrobrás y la constructora Odebrecht—, por el cual han caído importantes políticos del subcontinente.

La Comisión aseguró que Mesa ordenó construir carreteras a la firma brasileña Odebrecht a cambio de sobornos, lo cual puede dar al traste con sus intenciones de retornar al Palacio Quemado. Además, pretende que la ciudadanía olvide que ya fue presidente luego de la fuga de Gonzalo Sánchez de Losada, cuyo puesto asumió desde la vicepresidencia cuando el llamado “Goni”, tras la masacre de octubre negro en El Alto huyó del país a Perú y luego a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por el crimen que dejó 70 fallecidos.

Mientras, el Jefe Indígena del Sur, como le llama su homólogo venezolano Nicolás Maduro, mantiene a Bolivia en los estándares más altos de crecimiento económico y una distribución de las ganancias nacionales entre los ciudadanos más pobres de esa nación milenaria de la cual pocos gobernantes se habían entendido. Un proyecto inclusivo de país que cristaliza en la Agenda Patriótica 2025.

En los comicios de octubre se elegirán, además del mandatario y su vice, 130 diputados y 36 senadores para el período gubernamental 2020-2025.

Si ningún candidato a la presidencia alcanza más del 50 % de los votos válidos, o un mínimo del 40 % con una diferencia del 10 % frente al segundo posicionado habrá una segunda vuelta electoral.