Ecuador celebra elecciones seccionales en situación convulsa

Ecuador celebrará elecciones seccionales este domingo 24 en medio de una convulsa situación política en la que el presidente Lenin Moreno aparece involucrado en un esquema de corrupción y el Consejo Electoral intenta cambiar normas constitucionales con soplo de aires fraudulentos.

Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a los sufragios, en los que participan más de 80 mil nominados en las 25 provincias del país. En esta ocasión se designarán 23 prefectos y sus vices, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos y 458 rurales, 4 089 vocales de las juntas principales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este último en el epicentro de una pugna nacional.

Presentan postulados ocho partidos políticos, 15 movimientos nacionales, 72 provinciales, 164 cantonales, y 21 parroquiales.

Menos de cuatro días antes de los comicios, Ecuador fue sacudido por un movimiento anticonstitucional fomentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que intenta implantar un mecanismo para validar el voto nulo en las elecciones de los siete miembros del Consejo, una entidad pública creada en la Constitución de la República, en 2008, como parte de la Función de Transparencia y Control Social.

La entidad de carácter autónomo tenía —según la Carta Magna— responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Controlaría General del Estado y las Superintendencias, además de influir en el nombramiento de ciertas autoridades de función electoral y judicial.

En la consulta popular efectuada poco después de su asunción, el presidente Moreno cesó el CPCCS vigente y nombró otro de carácter transitorio, violando lo establecido por la Carta Magna, que ahora debe ser sustituida en las elecciones sin muchas ganancias para el oficialismo.

Medios de la izquierda ecuatoriana advirtieron que el cambio sugerido por el CNE de que un voto nulo tenga el valor de tres va encaminado a enmascarar su eventual fracaso ante el triunfo popular de nuevos miembros del Consejo votados por el pueblo y no nombrados por el presidente del país.

En caso de que ganara el nulo, la normativa obliga a una nueva elección, sin que los actuales candidatos puedan postularse nuevamente. 

El CPCCS contará con tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos indígenas o del exterior, y serán escogidos de entre 43 candidatos. Para eso, una papeleta anulada para la elección de hombres o mujeres del Consejo equivaldría a tres votos nulos, idea con la que no estuvo de acuerdo el también consejero José Cabrera, quien defendió la equivalencia de una papeleta por un solo voto, indicó desde Quito la oficina de Prensa Latina.

Según esa fuente: “Para muchos, el nuevo mecanismo propuesto viola principios establecidos en el Código de la Democracia y cambia las reglas (…), generando además, incertidumbre y desconocimiento entre la población habilitada para el sufragio”.

Fue la Asamblea Nacional de Ecuador la que designó a los nuevos siete miembros principales, cuyos nombres fueron entregados por Moreno, y su accionar durante 2018 y hasta ahora ha sido destituir a todos los funcionarios públicos considerados como seguidores del expresidente Rafael Correa. 

En la Carta Magna ecuatoriana de 2008 se lee en el artículo 117 que “se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones.” Esto quiere decir que a tres días de las elecciones, la ley no permitiría un cambio al proceso electoral, cualquiera sea su naturaleza. 

Este jueves aún el tema no tenía solución por parte del CNE, pero se esperan pronunciamientos oficiales al respecto, dadas las protestas de los postulados a esa instancia.
En ese sentido, el analista y exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas publicó en Rebelión que el CNE inventó la triplicidad del voto nulo para inflar las cifras, “lo que ya es típico de farsantes. A nivel internacional ya se comenta la vergüenza electoral ecuatoriana, típica de antiguas republiquetas bananeras o dictaduras”.

Para Lucas “votar nulo es un acto de sumisión y un fraude montado por el CNE socialcristiano, que busca trampear a los ciudadanos”.

La resistencia de la población al cambio hizo fracasar de momento la anomalía, pero, no obstante, fue elevada a un nivel jurídico superior.

Mientras, sobre Moreno pesa la acusación de vinculación con empresas offshore, luego de que se conocieran supuestos ilícitos fiscales usando a la compañía Ina Investment Corporation. El mandatario habría adquirido un departamento y productos varios mediante transferencias bancarias irregulares en 2015 y 2016.

Un escándalo en torno al caso estalló cuando en la Asamblea Nacional —que enfrentaba una votación para establecer o no la moción parlamentaria de una investigación de la actuación del mandatario— se escuchó un audio en el que la presidenta de ese órgano, Elizabeth Cabezas, ejercía presión en una conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo, para generar un bloqueo político que detuviera la acusación.

El descubrimiento de este complot parlamentario para salvar a Moreno de una presunta culpabilidad desató la ira de la población, que exige la renuncia de Cabezas y una indagación sobre los paraísos fiscales donde presuntamente actuaba el jefe de gobierno.

El Partido Social Cristiano, mencionado en el diálogo, informó que debido a tales declaraciones apoyarán la moción para efectuar la pesquisa a Moreno, mientras el Parlamento mantiene silencio al respecto.

Poco después de asumir el gobierno, gracias al apoyo de Correa y su Movimiento Alianza País, el inválido mandatario inició una fórmula política de acercamiento a la derecha ecuatoriana y regional que desmintió su campaña de continuidad de la Revolución Ciudadana.

Alineado a la política de Estados Unidos (EE. UU.), este individuo que se proyectaba como izquierdista y acompañó siete años a Correa como su vicepresidente, colaboró directamente para destruir los logros económicos y sociales de una década de gobierno, instalando los mecanismos del neoliberalismo en el país.

Grandes movilizaciones de protesta se suscitan en Ecuador, luego que el presidente anunciara la concesión de un préstamo de 10 000 millones de dólares de varios acreedores, como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas consecuencias ya se sienten en la sociedad.

El régimen derechista aumentó el costo de la vida de la ciudadanía con el alza de los precios de los combustibles, así como un despido inicial de más de 10 mil empleados del sector público a comienzos de este mes, más los del área privada.

En esta ronda de acciones neoliberales, el gobierno anunció al menos dos licitaciones petroleras durante 2019 en los campos en el nororiente y el suroriente de la Amazonia.

Patricio Larrea, viceministro de hidrocarburos, afirmó que “hasta el 9 de mayo próximo se firmarán los contratos a 20 años, en siete campos. Las rentas para el Estado serían de 1 800 millones de dólares”.

Para evitar la desaparición del Estado ecuatoriano, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y diferentes organizaciones sociales, populares y sindicales de Ecuador se reunirán en Quito, la capital ecuatoriana, el próximo día 6, para organizar la estrategia de defensa del país andino y su proyecto de Economía Popular y Solidaria (EPS).

Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), anunció que gremios obreros, grupos sociales, jubilados, mujeres, estudiantes y profesionales se movilizarán en diversos mítines y plantones en todo el país para demostrar su apoyo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y reclamar al gobierno por su descapitalización.

Moreno, quien comulga con los intereses oligárquicos de la región, recibió en fecha reciente en el Palacio de Carondelet al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al que respaldó en su campaña dirigida por Washington para derrocar al líder bolivariano Nicolás Maduro y el proceso político denominado Socialismo del Siglo XXI.

También dio una estocada a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en cuya creación Ecuador tuvo un papel importante, retirándose de la organización para integrarse a un engendro económico denominado Prosur, patrocinado por Chile.

El país andino fue el segundo en salir del bloque regional después de Colombia. Meses antes también abandonó la emblemática Alianza Bolivariana de los pueblos de Nuestra América (Alba), de la cual fue fundador. Antes de oficializar su retiro de Unasur, Moreno cerró la sede a la organización en Quito, la capital, y mandó a retirar la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner, su primer secretario general.

El derechista presidente ha metido al país meridiano del mundo en un atolladero que cada vez lo hunde más al unirse a los bloques de poder hegemónicos. Sin embargo, la fortaleza de los movimientos sociales y partidos políticos con experiencia de diez años de Revolución Ciudadana pueden hacerle pasar amargos momentos, si antes no es juzgado por corrupto.