La pregunta anda de boca en boca en Argentina democrática: ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Lo metieron preso y lo mataron? ¿Lo desaparecieron como a otros 30 000 jóvenes durante la dictadura militar? El responsable de que este muchacho de 28 años aparezca con vida es el Estado argentino.
Lo que ha ocurrido con Maldonado recuerda la situación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en México, raptados por la policía el 26 de septiembre de 2014 y por cuyas vidas aún reclaman los familiares y una población que protesta en las calles por las políticas de violencia amparadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Un elemento viene a sumarse en Argentina a la búsqueda del Maldonado, artesano de profesión y activista en la lucha indígena, y es el cambio a “desaparición forzada”, la primera en el gobierno de Mauricio Macri, aceptada por la Policía Federal Argentina, ya que hasta ahora las investigaciones corrieron a cargo de autoridades de Cushamen, provincia de Chubut, donde fue detenido por la Gendarmería Nacional.
Como una “persona extraviada” se le consideró hasta el pasado jueves, y todo indica que no hubo esfuerzo alguno por encontrarlo.
Los parientes del joven han hecho innúmeras gestiones sin resultado ante las oficinas públicas y cuerpos armados. Al momento de ser preso —según testigos— Santiago acompañaba en solidaridad una manifestación de los indígenas mapuches contra el grupo italiano Benetton, poseedor de un millón de hectáreas en la región donde ellos tienen sus campamentos.
El hecho de cambiar el estatuto a desaparición forzosa obliga al Ministerio Público a investigar a la gendarmería y a quienes participaron en la disolución de los mapuches con balas de plomo y de goma el pasado 1 de agosto.
A la búsqueda de Maldonado, residente en El Bolsón, en la zona patagónica, se unió también la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), pero los avances para hallarlo son nulos, cuando se acerca el primer mes de su rapto.
Interpol difundió los datos generales del joven y de sus familiares, fotografías y otros elementos que puedan identificarlo tanto en suelo argentino como en países colindantes.
Hace unos días —según el diario La Nación— el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires encontró cabellos y una cuerda que pudieran pertenecer al desaparecido, pero sin resultados oficiales.
La publicación destacó que aún no hay pruebas concretas ni hipótesis sólidas, salvo las declaraciones de personas que vieron cuando era apresado por operativos de la Gendarmería Nacional, que entró a Esquel disparando balas de plomo y de goma contra personas pacíficas.
“Todo el relato que nos ofrecieron más el intercambio con la comunidad mapuche Pu Lof, testigo de primera mano, nos permitió reafirmar nuestros indicios de que a Santiago lo desapareció Gendarmería”, afirmó el militante de la agrupación H.I.J.O.S. de Argentina, Carlos Pisoni.
“La presencia de Santiago en el lugar, el rastrillaje de los perros que probó los testimonios de los testigos, las camionetas lavadas de Gendarmería, las fajas de seguridad rota… incluso, la fuerza mintió sobre la cantidad de efectivos y coches que participaron de la represión”, dijo.
Pisoni, quien se trasladó a Esquel junto a otros representantes de derechos humanos y familiares y amigos de Maldonado, afirmó a la prensa que “hay cada vez más certeza de que fue raptado por Gendarmería”.
Según esas fuentes, la operación restrictiva fue dirigida personalmente por el jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien anticipó en dos entrevistas radiales que “todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serían detenidos por el gobierno nacional sin la intervención de un juez”, que consideró innecesaria.
Este individuo, quien ahora deberá rendir cuentas por sus acciones a la fiscalía federal, llegó a llamar “instigador de las acciones mapuche” al Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, y a “gente vinculada al gobierno anterior” de la presidenta Cristina Fernández.
Noceti es conocido como abogador defensor de militares de la última dictadura que asoló Argentina entre 1976 y 1983, en procesos que cuestionó como venganza política.
El Ministerio de Seguridad desde que asumió Macri en 2016 intenta clasificar a la RAM como una organización terrorista, aunque la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los pueblos originarios.
Testigos del operativo afirman que Maldonado, quien había pernoctado junto a los indígenas la noche previa, fue visto corriendo hacia el río cuando los uniformados empezaron a disparar y como no logró cruzar se quedó agazapado bajo un árbol.
Del otro lado de la corriente, varios manifestantes escucharon la voz de dos uniformados diciendo que habían reducido a alguien, con la exclamación de “acá tenemos a uno”, mientras otro decía “estás detenido”.
Una persona que estaba en un punto más alto vio a varios gendarmes golpeando a un hombre maniatado, mientras otro observó como introdujeron un cuerpo por la puerta trasera de una camioneta de color blanco que partió por la ruta 40 en dirección a Esquel.
Al no faltar ningún miembro de la comunidad indígena, todo indica que el detenido es Maldonado, afirmó el diario Página 12, que publicó los testimonios.
Los parientes del solidario joven crearon una página Web para recibir información veraz y evitar falsedades de los medios de comunicación alineados con el gobierno y de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, en tanto responsabilizan al Estado por la suerte del muchacho.
En lo que algunos analistas califican de irónica y poco seria, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llamó a “no interponer una única hipótesis” sobre el caso de Maldonado luego que corrieran rumores de que había contestado su teléfono celular desde Chile, lo cual resultó mentira.
Junto al ministro de Justicia, Germán Garavano, la titular recibió a 14 organizaciones de derechos humanos, entre ellos las Abuelas de la Plaza de Mayo y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, quienes aún buscan a sus muertos desaparecidos y nietos nacidos en la prisión de sus madres y entregados a oficiales y personas vinculadas a la dictadura.
Taty Almeida, de Madres de la Plaza de Mayo declaró al salir de la reunión: “Salimos peor de lo que entramos” y enfatizó en que viajarían junto a miembros de varios sindicatos a Chubut para estar con la comunidad mapuche.
Estela de Carlota, presidenta de Abuelas… afirmó que “nuestras palabras no entraron en el corazón de quienes tienen que resolver este problema de una manera rápida por respeto a los familiares y el pueblo”.
La situación de Maldonado mantiene en movilización constante a la población argentina, que día tras día sale a las calles del país para exigir su aparición con vida.
El próximo día 1, a un mes de ser visto vivo por última vez, las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y populares celebrarán una concentración en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno derechista de Macri.
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