Días decisivos en la batalla de Venezuela

Venezuela vive en estos días momentos de máxima tensión en su enfrentamiento con los planes desestabilizadores de la derecha interna y las agresiones unilaterales de Estados Unidos, en una estrategia escalonada desde el pasado 23 de enero, concebida para el derrocamiento de la Revolución Bolivariana liderada por el presidente Nicolás Maduro.

Aunque los enemigos del proceso político bolivariano nunca han cejado en sus proyectos para eliminar el socialismo del siglo XXI iniciado por el fallecido mandatario Hugo Chávez Frías en 1999, en la actualidad los halcones imperialistas se lanzan de lleno contra Venezuela con el apoyo de sus aliados internos y de la región, además del Estado español, para tratar de crear un desgaste político insuperable.

Más de dos años de resistencia popular vive la patria de Chávez contra una guerra económica fortalecida en los últimos meses por una gran parte del empresariado privado acaparador y contrarrevolucionario, que busca el malestar de la población sometida a una presión psicológica por la falta de insumos utilitarios, los que ahora incluso puede adquirir gracias a la política social inclusiva de la Revolución.

Para contrarrestar la ofensiva, el gobierno extremó la fiscalización, la que arrojó que existían  miles de toneladas de productos acaparados. Estas acciones permitieron visibilizar y detener a propietarios de entidades acaparadores, en tanto se organizaron mega-operativos de Mercados de Alimentos y se mantiene un importante subsidio a productos de la canasta básica, a precios justos, al igual que en los medicamentos, entre otras medidas.

Ocurren también provocaciones internacionales contra un gobierno legítimo, como la reciente visita a Caracas de tres ex presidentes neoliberales que apoyaron la implantación del sistema  encaminado a destruir sus economías nacionales: Andrés Pastrana, de Colombia, Felipe Calderón, de México, y Sebastián Piñera de Chile, reconocidos líderes de la derecha latinoamericana.

Estos políticos viajaron a la capital venezolana para participar en un foro de derechos humanos organizado por reconocidos disidentes –al que envió una indignante misiva el también ex mandatario costarricense Oscar Arias- , e intentaron, sin permiso de las autoridades oficiales, visitar en la cárcel a Leopoldo López, uno de los dirigentes de las llamadas guarimbas o ataques armados que costaron la vida de 43 personas. López, preso por su liderazgo en las guarimbas, se niega a personarse en el juicio que le sigue la justicia venezolana.

En las últimas semanas se develaron elementos de la estrategia de Estados Unidos contra Venezuela, combinando el golpe de Estado económico, las operaciones psicológicas, y una delirante campaña mediática y diplomática que articula a los sectores más conservadores de Washington, el Estado español y sectores latinoamericanos de esa tendencia.

Este conjunto de medidas extremas van encaminadas a crear el caldo de cultivo que impida al gobierno y su Partido Unido de la Revolución Socialista (PSUV) ganar los comicios legislativos previstos para el segundo semestre de este año, en una especie de copia fiel de la estrategia utilizada en Chile en el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).

Algunos analistas consideran que incluso otra fórmula sería incrementar las medidas contrarrevolucionarias para que la derecha ocupe el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional, y desde esa instancia propiciar un golpe de estado parlamentario, al estilo de lo que hicieron contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay.

Hace pocos días, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, fue blanco de la ofensiva de varios órganos de prensa que responden a la derecha internacional, acusándolo de ser el jefe de un cártel de drogas en Venezuela. Esa información manipulada, que el propio Cabello se encargó de desmentir exigiendo pruebas, fue reproducida por medios como ABC y El País, de España, el Nuevo Herald, de Miami, Clarín y La Nación, de Argentina, NTN24 y RCN de Colombia e Infobae.

Aunque Estados Unidos nunca concordó con el socialismo de Chávez y Maduro, ahora acabó de quitarse la careta con la amenaza de sanciones unilaterales, arbitrarias e injerencistas, que su gobierno pretende imponer al país suramericano.

Luego de su asistencia a la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Costa Rica, el presidente Maduro denunció que el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, sostuvo reuniones con jefes de Estado y/o Gobierno de países caribeños, a quienes presionó para que abandonen Petrocaribe, el ente regulador creado por Chávez para evitar el colapso de economías pobres, a los que entrega petróleo a precios preferenciales. El argumento utilizado por Biden es que Maduro sería derrocado en los próximos meses, según denunció el presidente.

En una descarada intromisión en los asuntos internos de una nación soberana, poco después el  general Vincent Stewart, director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Estado, concurrió a la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes para anunciar las eventuales “amenazas internacionales” al país norteño.

Stewart explicó a los Representantes que este año continuaría la desestabilización en Venezuela. “En este año -aseguró- nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles y la oposición política van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas”. Stewart, además, relacionó los comicios con “lo que eso podría significar en términos de violencia y los derechos humanos”.

“Stewart fue al congreso ayer a hablar de Venezuela, dijo Maduro el pasado 4 de febrero. ¿ Qué pasaría, preguntó, si un alto funcionario de Venezuela fuera al Congreso a decir qué va a pasar en la sociedad estadounidense a opinar sobre los asuntos internos de Estados Unidos?.

La arremetida contrarrevolucionaria ocurre justamente cuando Venezuela – como muchos otros países exportadores de petróleo- sufre la caída de los precios del crudo, pero aun así no abandona su Plan Nacional de la Economía, que incluyó un aumento reciente del 15% en los salarios, la construcción de más de 400 mil viviendas y la continuidad de los planes sociales.

En medio de este panorama, la Revolución Bolivariana camina acompañada por los gobiernos populares nacidos de las urnas, en consonancia con el de Caracas.

El secretario general de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), Ernesto Samper, se solidarizó con el proceso político venezolano y rechazó la injerencia estadounidense en sus asuntos internos, luego de reunirse con Maduro, quien solicitó el respaldo de las organizaciones integracionistas con la Revolución. Samper prometió iniciar una nueva iniciativa diplomática con la Casa Blanca en el interés de evitar nuevas injerencias.

Según trascendió, Uruguay será sede de un próximo encuentro extraordinario de los 12 cancilleres de esa organización para acompañar a Venezuela frente a los intentos de desestabilización de Estados Unidos, defender la democracia y mantener la paz en ese país.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, hizo el anunció este lunes tras una reunión en Montevideo del Comité de Cancilleres del organismo regional, a la que asistió Samper, expresidente de Colombia, y destacó que las sanciones estadounidenses merecen una reacción inmediata de UNASUR, cuya presidencia temporal está en manos de Uruguay.

Patiño reiteró la necesidad de defender a Venezuela y los países de la región de cualquier amenaza extranjera que afecte la prosperidad y paz mantenida en los últimos años, indicó la agencia de noticias Prensa Latina.

También el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, en la presidencia pro témpore de la CELAC, ofreció la solidaridad de esa organización integrada por 33 naciones a Venezuela, al igual que lo hizo este lunes el presidente saliente de Uruguay, José Mujica, quien aseguró que agredir a la nación de Chávez era agredir a América Latina y El Caribe en su totalidad.

De igual manera, el Movimiento de Países no Alineados rechazó la injerencia de la Casa Blanca en los asuntos internos venezolanos y exigió un diálogo democrático para evitar la desestabilización de la región latinoamericana.