México sigue clamando justicia

El 26 de septiembre de 2014 los alumnos de la escuela Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron detenidos en Iguala, la capital del municipio homónimo, a la que se habían trasladado desde el cercano centro de enseñanza para participar en un mitin pacifico contra las políticas de la alcaldía territorial, en el violento Estado de Guerrero. Momentos antes de la detención, el ómnibus donde viajaban fue tiroteado por uniformados que les emboscaron. Seis personas murieron —de ellas tres estudiantes— y varios quedaron heridos, en lo que algunos presentes allí catalogaron de matanza de inocentes.

Esa fue la última vez que los vieron con vida. Trasladados al cuartel de la policía, los jóvenes virtualmente se esfumaron. Como ocurre en territorios dominados por el narcotráfico y el terror, los testigos solo observaron cuando los llevaban hacia el recinto policial. El apresamiento y la comprobada desaparición forzada posterior catalizaron la toma de conciencia y movilización nacional de la ciudadanía que, aun en medio del clima de violencia imperante en la antigua nación de los aztecas, exige a Peña Nieto la justicia pendiente.

Los familiares de los estudiantes no se conforman. Llevaron el caso de sus hijos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Expertos llegados de Argentina a petición de los parientes desmintieron los resultados de investigadores oficialistas, que en algún momento de estos cuatro años inventaron un supuesto hallazgo de los restos, ocultando la verdad.

Periódicos como La Jornada afirman que “en realidad se trata de darles protección a los asesinos mafiosos, ya que México es un narco-Estado. Por tanto, es posible que jamás se sepa cuál es la verdad que se esconde en Guerrero”. Aun cuando ya es imposible encontrarlos con vida, tampoco han sido identificados entre los miles de cadáveres hallados en fosas comunes clandestinas donde los criminales abandonan a las victimas de ejecuciones extrajudiciales.

El caso de estos jovencitos que se preparaban para impartir docencia en las zonas pobres de Guerrero es uno más de los miles denunciados o no en México y solo la insistencia de sus parientes permite que se mantenga como símbolo de la impunidad reinante en el país, donde en los últimos cuatro años desaparecieron —que se conozca— 37 000 personas.

“El caso de los 43 no ha eclipsado los demás casos de desapariciones, nos ha mostrado más ampliamente y más allá de las fronteras el dolor de tantas desapariciones en el país, junto a la falta de respuesta del Estado mexicano”, afirmó Jan Jaraba, del Comité de Derechos Humanos de la ONU.  Los informes oficiales —según autoridades designadas por Peña Nieto— indican que, tras ser detenidos, el alcalde de Iguala los entregó al grupo mafioso Guerreros Unidos, que domina el Estado. Los sicarios, informan tales notas, los habrían asesinado e incinerado. Pero todo ello es especulativo, pues las presuntas pruebas no se corresponden con la realidad.

Ahora, queda en manos del presidente electo conocido como AMLO, por la sigla de su nombre, tratar de encontrar la verdad de lo ocurrido en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre y encontrar los restos para darles sepultura digna. En uno de sus discursos en esta etapa de entrega del gobierno —desde julio al 1 de diciembre cuando asumirá— el mandatario electo por una mayoría arrasadora deseosa de cambios internos estructurales, aseguró que “se va a conocer la verdad y habrá justicia” para los normalistas.

Los familiares de los conocidos como “Los 43” ya tuvieron varios acercamientos con integrantes del equipo de transición de AMLO, en los que quedó pactado un compromiso esperanzador: llegar al fondo en las indagatorias del caso y castigar a los culpables. Vidulio Rosales, representante legal de los parientes, detalló que los encuentros son principalmente con Alejandro Encinas, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien se comprometió a esclarecer los hechos, aunque mencionó la posibilidad de “obstáculos institucionales”.

Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que encontrarán resistencia —según Encinas— en el Ejército y la Policía Federal, involucrados en los hechos. “Superarlos será la prueba de fuego del gobierno de López Obrador”, precisó. El objetivo de estas citas es que el equipo del futuro mandatario conozca los detalles del caso para que, dijo el especialista, “no partan de cero”, y refirió que el interés mostrado por el futuro secretario brinda al menos expectativas sobre la conducción de las indagatorias de manera distinta y eficiente, al contrario de lo acontecido hasta ahora.

Madres y padres de los desaparecidos solicitaron a Encinas no solo el esclarecimiento del caso sino también sanciones judiciales a quienes “han manipulado y obstaculizado las actuales investigaciones. Esta es una condición necesaria para llegar al total esclarecimiento”. Tanto Encinas como Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de gobernación del gobierno de AMLO, informaron a la prensa mexicana que solicitarán el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con la finalidad de que continúe las investigaciones de los hechos de Iguala.

Los futuros integrantes del equipo gubernamental dijeron que la petición se formalizará una vez que asuma López Obrador. Así lo comunicaron a la misión de la CIDH encargada de supervisar la indagación del saliente Ejecutivo sobre el caso Iguala, en su visita a México a principios de este mes. Encinas y Sánchez Cordero explicaron al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, la relatora para México, Esmeralda Arosamena, y el comisionado Luis Ernesto Vargas, que el régimen de Peña Nieto decidió no prorrogar la estancia de los expertos del GIEI el 30 de abril de 2016, por lo cual se vieron obligados a abandonar el país sin concluir su tarea.

Antes de salir de México los especialistas denunciaron que las autoridades obstaculizaron sus labores después de que presentaron un primer informe, en el cual echaron abajo la tesis central de la investigación de la Procuraduría General de la República de que los restos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, localidad cercana a Iguala.