Congreso de Estados Unidos contra Nicaragua

La Cámara de Representantes de Estados Unidos arremetió esta semana contra el gobierno revolucionario de Nicaragua con la aprobación unánime de la Nica Act, un proyecto de ley que impedirá la entrada de préstamos financieros internacionales a la nación centroamericana, bajo el pretexto de una supuesta falta de democracia interna.

La Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act 2017 o Nica Act pasará ahora a debate en el Senado, lo que no debería ocurrir hasta después de las celebraciones de elecciones municipales en Nicaragua el próximo mes, bajo el ojo vigilante de la Organización de Estados Americanos (OEA) como presunta garantía de la participación de los candidatos de oposición.

Algunos analistas coinciden en que la presencia de la OEA en los comicios no variará el plan trazado por los congresistas que, en consonancia con el presidente Donald Trump, intentan desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega y tachar del mapa otro sistema progresista.

En la Cámara Alta el proyecto de Ley es patrocinado por los senadores de derecha Ted Cruz y Marcos Rubio. A Rubio, las autoridades nicaragüenses le impidieron el ingreso al país en diciembre del 2014, al igual que a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, en reciprocidad a las restricciones migratorias que Washington impuso a varios funcionarios del gobierno de Venezuela.

La republicana Ros-Lehtinen, conocida por sus actividades contrarrevolucionarias, preside el Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, donde presentó el proyecto legislativo y fue aceptado. El pasado martes anunció en su cuenta en twitter lo que calificó de “un triunfo” sobre el gobierno legítimo del Comandante Daniel Ortega.

Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ganó en 2016 las presidenciales con más del 70 % de los votos, pero Estados Unidos, devenido gendarme del mundo, consideró que hubo trampas por parte del oficialismo, mientras analistas internacionales interpretaron que se trataba de otro ataque contra un proyecto revolucionario.

La Nica Act intenta perjudicar la llegada de inversiones a Nicaragua, lo cual, en principio, frenaría el sostenido desarrollo del país y perjudicaría sus programas sociales.

La acción de esta congresista de triste recordación para el pueblo cubano, pues fue una de las instigadoras del secuestro en Miami del niño Elián González en 1999, espera, según dijo, que su propuesta pase sin problemas por el Senado y por la firma del ultraderechista Trump, enfrascado en un plan global para la reversión de la democracia participativa en Latinoamérica.

En su opinión, con el visto bueno de la legislación, la Casa Blanca impondrá sanciones a Nicaragua por supuestas “violaciones a los derechos humanos y retroceso de la democracia” en ese país.

Poco antes de la votación por los Representantes viajó a Washington una delegación del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), para reunirse con miembros de las dos Cámaras del Congreso norteamericano, así como con diferentes sectores de la sociedad civil norteamericana.

El pasado año, militantes del opositor Movimiento Renovador Sandinista, del Movimiento por Nicaragua y supuestos organismos de derechos humanos viajaron a la nación norteña y se reunieron con Ros-Lehtinen, a la que solicitaron medidas de presión contra los sandinistas, lo que demuestra la complicidad estadounidense con los contrarrevolucionarios locales.

La economista argentina Lucia Converti considera en una publicación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que “la caída de la calificación de las aseguradoras de riesgo y el consecuente descenso de la inversión extranjera directa sería un hecho a sumar si Estados Unidos pone las garras sobre esta economía. La inversión privada y la actividad crediticia local ya mostraron un descenso desde que esta iniciativa se puso en marcha”.

Converti asegura en su artículo Nica Act, la amenaza estadounidense a la economía de Nicaragua que “la situación económica a la que se expondría a este país (con la aplicación de la ley) iría en contra de las políticas aplicadas hasta el momento para mejorar las condiciones de vida y disminuir la pobreza. La financiación internacional es utilizada en gran parte para mejorar las condiciones estructurales de vida de la población e impulsar el desarrollo de la economía. En ambos casos la ley estaría provocando los efectos contrarios a los que pretende”.

Economistas nicaragüenses precisaron que tal ley afectaría grandemente a los sectores más vulnerables del país, imposibilitado entonces de recibir los préstamos anuales del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros organismos financieros.

SENADO ESPERARÍA CELEBRACIÓN DE MUNICIPALES

El gobierno de Ortega es considerado de conciliación nacional entre un amplio espectro de partidos, el empresariado y la Iglesia Católica, gracias a lo cual ha logrado una estabilidad interna y un respaldo a sus políticas públicas. Tal unidad, evidentemente, molesta al régimen de derecha encabezado por Trump, quien hasta ahora demuestra su aversión contra quienes practican una ideología diferente a la suya y la de su régimen supremacista.

La amenaza lanzada desde el Congreso Nacional estadounidense tuvo una rápida respuesta de distintas organizaciones e instituciones nicaragüenses, encabezadas por el propio presidente, una de las figuras más relevantes del pensamiento unitario de América Latina.

En una declaración, el Ejecutivo de ese país se pronunció contra las pretensiones de destruir la Revolución Sandinista y las calificó de “una violación a la soberanía de Nicaragua”.

“En distintos momentos y con la misma firmeza hemos expresado nuestra posición frente a esta acción irracional, ofensiva y lesiva de los derechos humanos de las y los nicaragüenses”, consideradas también “retrógradas, injerencistas e irrespetuosas que todavía no superan conflictividad e intereses ajenos a la voluntad y la tranquilidad de los pueblos”.

La vicepresidenta Rosario Murillo, por su parte, ratificó el compromiso de los dirigentes sandinistas “con la paz, el bien común, la democracia, la unidad, la seguridad y la prosperidad de todas las familias nicaragüenses”.

La decisión de la Cámara Baja fue considerada como una acción deplorable por el Partido Social Cristiano (PSC) de Nicaragua, la que calificó de violatoria de la soberanía del pueblo de Nicaragua y también del orden del derecho internacional, reportó la agencia de noticias Prensa Latina.

A la postura del PSC se unieron la Iglesia Católica y otras entidades que condenaron el carácter lesivo de esa ley y abogaron por hacer frente a sus consecuencias mediante una agenda que involucre a todos los sectores de la nación para resistir la posible firma de la Nica Act por Trump.

También el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, expresó en Managua el pasado miércoles su confianza en que los planes de la ultraderecha estadounidense fracasarán en el Senado.

Para Aguerri, el acuerdo entre el gobierno nacional y la OEA —entidad que hasta ahora es reconocida como un agente regional de desestabilización al servicio de Washington— podría detener la cacería emprendida contra su país.

La OEA tendrá una misión de observador en los comicios del próximo día 5 para monitorear e informarle a la Casa Blanca sobre su celebración de manera “libre, justa y transparente”, tal como exigen los ideólogos del régimen trumpista.

El pasado 28 de febrero la entidad regional, declarada también enemiga de la Revolución Bolivariana de Venezuela, acordó con el gobierno inspeccionar las elecciones, previa firma de un memorando que incluye, entre otros asuntos, el apoyo técnico para fortalecer los registros, cedulación y depuración del padrón de votantes.

Enemigos del sandinismo, a pesar de la victoria indiscutible de Ortega y Murillo, acusaron a la pareja (el fue reelecto por cuarta vez consecutiva, tal como ocurrió con Ángela Merkel en Alemania sin que los centros de poder se alarmaran) de excluir del proceso al principal bloque opositor, suspendido por las autoridades electorales.

Observadores recordaron el amplio apoyo de los nicaragüenses a su gobierno, pero también que Estados Unidos aprovecha cualquier posibilidad para desestabilizar los sistemas revolucionarios, y esta es una oportunidad para hacerlo en Nicaragua, dado su historial contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su apoyo a los contrarrevolucionarios durante la primera administración de Ortega en los años 80 del pasado siglo.

En opinión de esas fuentes, el cierre de las necesarias inversiones foráneas podrían destruir los programas sociales y crear el descontento en la población.
Estados Unidos es, asimismo, el principal destino de las exportaciones de los productos nicaragüenses y su principal fuente de entrada de remesas, las que significan un 6 % del Producto Interno Bruto. Las inversiones norteñas, asimismo, generan alrededor de 300 000 empleos en el país.

Se estima que en Estados Unidos residen casi 400 000 emigrantes procedentes de la nación centroamericana.