Condena política a Lula da Silva

La condena en primera instancia al ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión y la inhabilitación por ocho años para ocupar cargos públicos solo por presunciones y sin pruebas posee carácter político para eliminar al eventual candidato más popular de cara a los comicios del 2018.

El juez federal Sergio Moro, quien se convirtió en los últimos años en un perseguidor del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) dictó la sentencia en primera instancia, sin enviarlo a la cárcel, y con la posibilidad de una apelación en segunda instancia, en la que podría hacerse firme o desestimada.

Moro presentó causa contra el ex Mandatario por la presunta comisión de delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo de la petrolera estatal Petrobrás. El Magistrado planteó que este recibió 3,7 millones de reales, equivalentes a un millón de dólares, en las llamadas propinas, cifra que utilizó, dijo, en la reforma de un apartamento cuya propiedad solo le es atribuida.

La sentencia ocurre nueve meses después de que los fiscales de la operación Lava Jato –destinada a desentrañar la corrupción en Petrobras, en la que están presos o indicados centenares de políticos vinculados  al actual gobierno de facto-, presentaran una acusación formal en contra de quien fuera el primer presidente obrero de Brasil, nacido en el empobrecido estado de Pernambuco en 1945.

De acuerdo con la defensa de Lula, su inocencia fue comprobada por las declaraciones de los 73 testigos oídos en el caso del lujoso apartamento, y el hecho que el propio Ministerio Público solicitara incluir nuevos declarantes “reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada”, según publica el diario digital Jornal do Brasil.
La decisión de Moro contiene errores fácticos y también provoca nulidad insalvable en el proceso, al denegar la realización de pruebas periciales obligatorias para demostrar quién es el real propietario del inmueble, precisaron los defensores.

El diario recordó que en julio del pasado año, el ex dignatario brasileño presentó su caso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,  ante el cual argumentó que la justicia brasileña estaba violando sus derechos mediante la práctica de actos ilegales, en particular del juez Moro “que no pueden ser satisfactoriamente corregidos en la legislación nacional”.

Lula da Silva, quien gobernó dos mandatos consecutivos (2002-2010) el gigantesco país con positivo saldo, en especial  para los sectores más pobres, aseguró al Ministerio Público que no es ni nunca fue dueño de la propiedad que pretenden atribuirle en Guarujá, Sao Paulo, por lo cual resulta imposible la ejecución por su cuenta de cambios en el inmueble.

Para la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, “es lamentable que un magistrado se preste a hacer política con el objetivo de impedir la candidatura del ex presidente en los comicios del próximo año, que ganaría con ventaja”.

Nadie es tonto en este país, comentó, pues se trata de una decisión basada en una convicción  mandada a ejecutar por elementos asociados a la corrupción verdadera. ¿Prender a Lula por qué, cuál es el riesgo que él representa para el país?, se preguntó la líder recién electa líder de la agrupación surgida entre los metalúrgicos de Sao Paulo en 1980, durante la dictadura militar.

Analistas coinciden en que la sentencia dictada contra Lula es eminentemente política – un plan regional también puesto en práctica contra otros gobernantes progresistas- para evitar el retorno del país al grupo antiimperialista surgido a finales de los años 90 en América Latina y que ahora Estados Unidos y la derecha internacional intentan derrocar o evitar que resurjan.

Lo que pretenden Moro y otros aliados del imperialismo estadounidense es sacar a Brasil de manera definitiva de las naciones que no responden a sus intereses expansionistas y colocar en la presidencia, en lugar del corrupto Michel Temer, a otro político de derecha aliado a la base neoliberal fomentada en el subcontinente.

También la condena al ex presidente que encabeza las encuestas para ganar los comicios presidenciales del 2018 es una cortina de humo para desviar la atención sobre las denuncias que analiza el Congreso Nacional contra Temer por corrupción, así como la aprobación parlamentaria de las reformas neoliberales contra la clase obrera y sus sindicatos, hechos ocurridos esta semana.

Para el periodista brasileño Betto Almeida, lo que ocurrió este miércoles en Brasil “es un absurdo jurídico” porque el juez Moro sabe que carece de fundamentación para una condena, ya que nada indica la propiedad de Lula del inmueble de Guarajá, y está comprobado que carece de riqueza personal.

En opinión de Almeida no solo se condena a un Mandatario que trabajó para la población más pobre, que redujo en más de 28 millones de personas, creó misiones sociales contra el hambre y el analfabetismo, y adelantó planes de vivienda y salud. Se está  condenando, dijo, al pueblo brasileño, a quien le arrebatan las esperanzas de su retorno.

Si la sentencia fuera aprobada en segunda instancia, lo que lo enviaría a la cárcel, la llamada justicia de Brasil lo estaría eliminando para siempre de la vida política, ya que ahora tiene 72 años y resultaría imposible que volviera al escenario nacional con 89 años, expresó el reconocido analista.  

Alexander Conceicao, dirigente del Movimiento sin Tierra y de la nueva agrupación Brasil Popular, anunció la convocatoria a movilizaciones populares a partir de la noche de este miércoles en grandes ciudades de los 27 estados, además de Brasilia, sede del gobierno federal. Hay llamados de los grupos sociales a manifestaciones de calle, precisó, en Recife, Sao Paulo –donde reside Lula da Silva- Río de Janeiro, Curitiba y Rio Grande do Sul, entre otras.

En opinión de Conceicao, vienen días de grandes protestas porque lo que se impone es derrotar la injusticia contra el Presidente que generó empleos, repartió tierras, fundó escuelas, sacó a miles de niños y jóvenes de las calles, y mantuvo una línea personal intachable en sus ocho años en el Palacio del Planalto.

Condenar a un inocente como es el caso de Lula da Silva es un delito, y se lo vamos a demostrar al juez Moro para que desestime la continuación del proceso, afirmó el dirigente de los campesinos a Telesur, vía telefónica.

Entretanto, el politólogo Ricardo de Oliveira, consideró que habrá grandes confrontaciones en el país y criticó la actitud de Moro, afirmando que la condenación por este juez revela “la instrumentación politiquera del Lava Jato. El Ministerio público pasa el mensaje de que no hay más democracia en Brasil y eso solo empeora la crisis que ya vive el sistema, con las denuncias contra Temer y la reciente liberación de algunos de sus aliados acusados de corrupción, como Aécio Neves y Rodrigo Rocha, lo que demuestra que existe todavía una casta privilegiada que utiliza las instituciones a su favor”.