Colombia ya tiene un Duque en la Casa de Nariño

La lluvia cayó incesante, la tierra tembló, miles de opositores en las cercanías anunciaron una rebeldía imparable: en esa coyuntura política y de la naturaleza asumió el gobierno de Colombia el presidente Iván Duque, sin mucha experiencia política pero ahijado predilecto del ultraderechista exsenador Álvaro Uribe y seguidor de sus ideas políticas.

Ello significa que luego de la salida de la Casa de Nariño de Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa de Uribe y artífice de una paz frágil y quebradiza con las emblemáticas guerrillas colombianas, entra un líder que ganó las elecciones del 17 de junio pasado como candidato del partido de derecha Centro Democrático, fundado y liderado por su mentor, acusado en la actualidad de eventual soborno y fraude electoral en 2012.

Aunque obtuvo la presidencia con el 54 % de los sufragios y varias denuncias de violaciones en las urnas y amenazas de muerte a votantes en Estados del interior del país, Duque conoce que su principal rival, el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, con su coalición Colombia Humana, logró el 42 % de los votos, lo que significa que ocho millones de personas inclinaron sus razones a favor del postulado de la izquierda. Por ende, la oposición le resultará una piedra en el zapato a medida que avance su gobierno.

Aunque Santos, sin merecerlo, recibió el Premio Nobel de la Paz 2017 por sus gestiones para alcanzar un Acuerdo de Paz con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en la práctica existieron grandes contradicciones entre los poderes —Ejecutivo, Judicial y Legislativo— para que se hiciera efectiva la pacificación del país.

Las FARC-EP, constituidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, obtuvo algunas regalías parlamentarias y políticas, pero a cambio entregaron sus armas, desarmaron sus campamentos ocupados ahora por fuerzas militares, que solo este año asesinaron a 148 activistas sociales y no amnistiaron a cientos de sus miembros encarcelados, como prometió el exmandatario, entre otros desmanes que enturbian la ruta de hoja trazada en La Habana, sede de las conversaciones entre las partes.

El presidente Duque viene con otras ideas, pero peores. Analistas como Freddy Ordoñez, en un artículo publicado en Rebelión indican que los 10 puntos identificados entre sus 203 propuestas de campaña constituyen “elementos que muestran el reacomodo de la continuidad dentro de la clase dominante del sector que recoge lo que hoy se presenta como uribismo”.

En opinión de Ordoñez, “el uribismo tiene como principal apuesta la instalación y perpetuación del régimen social y civilizacional del fascismo social”.

Para Colombia Humana el pasado martes comenzó el reinicio de la era Uribe, ya que el exgobernante, promotor de los grupos paramilitares cuando era gobernador de Antioquia, esperó cuatro años para que uno de sus delfines, poco experimentados en los manejos políticos, recuperara lo que él considera perdió por culpa de Santos, y por mediación suya dirigir el rumbo de Colombia.

El desarme y desaparición como fuerza militar de la más antigua guerrilla de América Latina no le basta al dúo ultraderechista. Duque prometió cambios en varios de los articulados del Acuerdo de Paz de La Habana, siempre a favor de las clases oligárquicas, y prometió estudiar durante un mes el desarrollo de las conversaciones que en esa misma ciudad del Caribe continuará o no ahora su gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ya sabe lo que puede esperar del nuevo mandatario.

Para el analista político, abogado y defensor de los derechos humanos Luis Carlos Domínguez, el panorama para Colombia en los próximos cuatro años es desesperanzador, pues el nuevo mandatario gobernará para los ricos, y los pobres cada vez lo serán más.

En declaraciones a la multinacional TeleSur, Domínguez sostuvo que en contra de las leyes internacionales, Duque “habla de reformar el acuerdo de paz, el cual está depositado en Ginebra, de acuerdo con el artículo tres de los convenios suscriptos en esa ciudad suiza, y que está también entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y forma parte de la Constitución Nacional. Seguramente comenzará pronto una persecución de los integrantes de los partidos que participaron en los acuerdos, y que siguen esperando que el gobierno (ahora en manos de Duque) cumpla”.

Nacido en Bogotá, la capital, el 1 de agosto de 1976, abogado de profesión, el presidente declaró al periódico El Tiempo que tiene la “intención de reformar parte del legado de Juan Manuel Santos”, líder en la región del llamado Grupo de Lima y acusado por el gobierno de Venezuela de estar involucrado en el reciente intento de magnicidio contra el presidente de ese país Nicolás Maduro.

Nadie cree en Colombia que cambiará la política hostil hacia su vecina Venezuela, ya que cuando Uribe terminó su mandato declaró que no había atacado militarmente al vecino país —entonces bajo el mando del fallecido presidente Hugo Chávez— “porque me faltó tiempo”, lo cual fue contestado de manera viril por el líder bolivariano.

En un artículo publicado en El Tiempo, el nuevo jefe de gobierno, exsenador de Centro Democrático en 2014, y exconsultor de la Corporación Andina de Fomento, presentó varios puntos de su próxima gestión en la que aspira, dijo, a que las clases bajas (pobres) trabajen para alcanzar un más alto nivel social, sin mencionar a la millonaria oligarquía, que es intocable.

Enfatizó en el combate al corrupto, pero no al corruptor, por lo cual dejaría intacto el negocio del narcotráfico, la ineficiencia estatal, y la concentración del poder.

El presidente cuestionó el incumplimiento de justicia a las víctimas de la guerra —solo de la parte oficial— cuando su partido se opuso a la representación política mediante las circunscripciones transitorias especiales de paz pactadas en La Habana. Para él, las víctimas solo corresponden a las Fuerzas Armadas y sus familiares.

Muchas palabras en las 203 propuestas presentadas, entre ellas la que subordina el campesinado al empresariado rural, encargado de la política sectorial.

La prestación de los servicios de salud será por demanda (o sea, el paciente), y su particularidad radica en el aumento en la población al sistema de pago y el saneamiento de las dificultades presentadas por las empresas prestadoras del servicio.

A pesar de sus palabras dulzonas en ocasiones, como “haré un gobierno de diálogo con la ciudadanía, con presencia constante en los territorios”, “de nueva generación”, “sin revanchas”, sus discursos esconden lo que será, en opinión del excandidato Petro, un sistema gubernamental de élite que continuará con el despliegue y consolidación del fascismo social en el país y la región.

Duque tiene hasta el 2022, si no ocurre algún suceso intermedio que lo desplace del poder, para demostrar hasta dónde llegan sus mentiras y sus verdades.