El tema de la independencia de Cataluña ha tomado nuevos bríos con los recientes pasos adoptados por las autoridades regionales partidarias de la secesión con respecto al gobierno de Madrid.
Así, los actuales dirigentes políticos catalanes se comprometieron a declarar “inmediatamente” la independencia de esa región española en caso de que el “sí” gane el referéndum que el Gobierno autonómico espera realizar sobre el tema el primero de octubre próximo.
La confirmación de tales aspiraciones indica que el Parlamento local, en los dos días siguientes a la publicación de los resultados que determinen la victoria del “sí”, actuará en consecuencia con lo establecido en la ley de referendum presentada conjuntamente por todos los partidos independentistas.
“El día primero de octubre habrá un voto decisivo y respetaremos el deseo de todos los ciudadanos de Cataluña”, insistió el presidente autonómico, Carles Puigdemont, en un acto para explicar la citada ley y la organización de la planeada consulta.
El texto sobre el referéndum en Cataluña “establece un régimen jurídico excepcional” por el que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”.
Así pues, afirman analistas, los independentistas ignorarán la Constitución Española, que consagra la unidad nacional del país, y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que hasta ahora anula todos los pasos hacia el referéndum en esa controvertida región.
“Es un golpe de Estado con forma y apariencias democráticas”, criticó por su parte Xavier Garca Albiol, líder zonal del derechista Partido Popular.
De hecho, el presidente español, el conservador Mariano Rajoy, considera que las decisiones sobre la unidad de España deben ser tomadas por el conjunto de los españoles y repite incesantemente que no habrá referéndum catalán.
Mientras, algunos recuerdan que tras años de pulso entre Barcelona y Madrid, la sociedad catalana se muestra dividida en torno a la secesión.
Según recientes sondeos ordenados por el gobierno de Rajoy, poco más de cuarenta y ocho por ciento de los catalanes está en contra de una separación, en tanto cerca de cuarenta y cuatro por ciento la aprueba.
No obstante, una amplia mayoría de los catalanes, más del setenta por ciento, estima que la controversia debe resolverse en las urnas.
La ley de referéndum pregunta a los votantes si quieren que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república, y establece como integrantes del censo electoral a los residentes en la región mayores de dieciocho años con derecho al voto, y a los catalanes residentes en el extranjero.
Lo que si parece ya un hecho evidente es que, más allá de encuestas, planes de acción, pronunciamientos agrios y discusiones a todos los niveles, Cataluña parece decidida a conocer con toda certeza la preferencia de sus ciudadanos en cuanto a si siguen bajo la égida española o pasan a conformarse como un espacio independiente.
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