En efecto. El recién estrenado primer ministro británico, Boris Johnson, ha estado en estos días de gira por el Viejo Continente justo para conversar con las autoridades francesas y alemanas acerca de su intención de sacar a su país de la Unión Europea el cercano 31 de octubre sin un acuerno de divorcio negociado, o Brexit duro.
Precisamente, los gatuperios políticos en torno a este asunto promovieron semanas atrás la renuncia de la jefa de gobierno Theresa May y la investidura de Johnson, quien ha reiterado que la separación va de todas formas.
No obstante, durante sus recientes conversaciones con el presidente galo, Emannuel Macron, y la canciller, Angela Merkel, todavía se habló de cierto espacio donde poder analizar algunos entuertos puntuales relativos al proceso de desgajamiento.
Johnson dijo a sus interlocutores que no está cerrado a determinados arreglos, mientras que Macron precisó que no existe ya tiempo para renegociar el Brexit y que, en todo caso, un cambio en ese sentido solo debe provenir ahora de las decisiones de las fuerzas políticas británicas.
Por su parte la Merkel, a quienes algunos dan la tarea de “policía bueno” en este tema, dejó abierta la puerta de un posible lapso de 30 días para estudiar en conjunto la llamada “salvaguarda irlandesa”, relativa a las normativas aduanales que podrían comenzar a regir entre Irlanda del Norte (bajo posesión británica) y la República de Irlanda, ubicadas ambas en la misma ínsula.
De todas formas Macron ya advirtió a su interlocutor británico que Francia está lista para asumir los nuevos giros fronterizos con relación a Londres, especialmente en el puerto de Calais y en el Eurotúnel, que conecta a Gran Bretaña con el Continente mediante un ferrocarril rápido bajo el canal de la Mancha.
Por otra parte, y como pasos oficiales de las autoridades locales inclinadas a un Brexit duro, se informó que la libre circulación de personas establecida por la UE entre sus miembros quedaría abolida en el caso de Gran Bretaña a partir del 31 de octubre, y anunciaron que las nuevas normas migratorias que entrarían en vigor ya están en fase de elaboración.
Además, precisaron las mismas fuentes, con la implantación del Brexit duro dejarían de regir en suelo británico las leyes comunitarias europeas, que hoy se aplican automáticamente en todo el conglomerado.
Sin embargo, entre aquellos británicos aún escépticos en torno a la separación, no cesan los cálculos pesimistas sobre el futuro de un país de espaldas a su contexto geográfico inmediato.
Así, la firma local de consultores Anderson, reveló a la prensa que la salida británica de la UE provocará pérdidas multimillonarias al sector agropecuario nacional, empezando por el fin de los subsidios europeos a sus productores.
En un informe que divulgó la cadena BBC, luego de la separación la agricultura británica podría asumir déficits en beneficios que rondarían los 950 millones de euros anuales.
Las fuente precisó que, por ejemplo, las exportaciones de cordero y ovejas podrían verse gravadas con aranceles incrementados entre 45 Y 50 por ciento, mientras que la carne de ternera asumiría tarifas con alzas de más del 90 por ciento.
En esas condiciones, si las empresas europeas deben pagar más para importar carne procedente del Reino Unido, entonces recurrirán a proveedores de otros países.
En pocas palabras, “la viabilidad” de buena parte de la granjas británicas estaría en juego, y habría que ver si las autoridades gubernamentales cumplirían entonces con sus promesas de apoyo y rescate a los afectados…y mientras, el tiempo sigue su inexorable andar.
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