Brasil: un golpe a la democracia

La desaprobación del habeas corpus preventivo presentado por los Abogados del líder histórico del Partido de los Trabajadores, reduce las posibilidades del exmandatario, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación.

Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por  una acusación no comprobada de aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras. Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro. La audiencia del Tribunal de Justicia, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales violaría su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.

De momento, la aplicación de la condena está paralizada porque la defensa de Lula presentó un recurso ante el propio tribunal que la dictó. Pero esa acción es apenas una maniobra para ganar tiempo, ya que se trata de un tipo de recurso que no permite cuestionar el fondo de la sentencia sino solamente pedir aclaraciones sobre los argumentos que llevaron a la condena. Todo indica que el Tribunal de Porto Alegre, que lo condeno a 12 a lo rechazará y a continuación podrá ordenar en cualquier momento la entrada del expresidente en prisión. Para adelantarse a esa posible decisión, los abogados de Lula acudieron al STJ en solicitud de un habeas corpus que paralizase la ejecución de la condena. Pero ninguno de los cinco magistrados atendió la solicitud de la defensa. Pese a esta derrota, Lula aún tiene la posibilidad de ir al Tribunal Supremo como recurso final.

La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF. Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) le queda aún el Tribunal Supremo como última posibilidad de esquivar la prisión en las próximas semanas.

El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario de 72 años, favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad y postularse para un nuevo mandato. La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.

La condena a Lula y las amenazas similares a Cristina Kirchner y Rafael Correa, llevan al extremo la estrategia de Estados Unidos y las corporaciones locales contra la democracia y los líderes que desafían sus intereses. Jueces y fiscales tienen más poder que las decisiones democráticas de la ciudadanía.

Se puede advertir claramente como una farsa la presunta búsqueda de “justicia” de los jueces y fiscales brasileños, hay que recordar que jamás fueron juzgados los militares -y civiles- que en ese país gobernaron entre 1964 y 1985 mediante la más prolongada dictadura que haya existido en América, y que precisamente tuvo lugar en la Nación más importante del Sur continental. Allí, los grandes criminales consiguieron impunidad para siempre.

Desde el llamado golpe de estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, Brasil se ha visto envuelto en una permanente crisis política. El cuestionamiento a las instituciones, los casos de corrupción y la falta de liderazgos han abierto las puertas a una inestabilidad pocas veces vista y que incluso ha servido de pretexto para una intervención militar en Río de Janeiro.

Si es que la condena a Lula llega a hacerse efectiva, el candidato presidencial con más posibilidades de quedarse en el cargo sería Jair Bolsonaro, actual diputado y ex policía militar, homofóbico declarado y un ferviente defensor de la última dictadura en su país, y se ha reconocido como profacista.

Las instituciones brasileñas están viviendo un proceso crítico, una metástasis -para usar una metáfora que utilizó el propio Temer cuando decretó la intervención militar a mediados de mes en Río de Janeiro-, una metástasis que ha llegado al propio poder judicial, que ha sido un poder que está reiteradamente incidiendo con decisiones de origen judicial pero con enormes consecuencias políticas.

Cercado por la justicia, Lula continúa liderando las encuestas de intención de voto para las elecciones, los resultados de las más recientes muestran que toda esta campaña de desgaste y torpedeo a su candidatura que han pretendido dañar su popularidad, se ha revertido a su favor. Y es que independientemente de las condiciones actuales de la política brasileña, sigue siendo un consenso en los sectores mayoritarios de la población que el gobierno de Lula implicó un progreso significativo en la calidad de vida de las personas, en la estabilidad del país, en el crecimiento económico, que son cosas que en estos momentos tambalean. En los gobiernos del PT, sobre todo en el de Lula, cerca de 30 millones de personas salieron de la pobreza, y sin embargo hoy esta cifra se está revirtiendo. En materia electoral, la condena alejaría a Lula de la posibilidad de ser candidato, según la legislación brasileña, aunque todavía caben recursos que le permitirían ganar tiempo y seguir haciendo campana.

Hay fuerzas muy poderosas en Brasil intentando dar marcha atrás al reloj, para deshacer los avances de su Gobierno y devolver el país a una pequeña pero todopoderosa élite.

Sin dudas es visible que una ofensiva conservadora trata de remover la democracia e impedir que el Partido de los Trabajadores llegue al poder en Octubre.