Ayotzinapa, la lucha sin fin

Casi cuatro meses después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, donde se forman 532 futuros profesores de comunidades pobres, la indignación no cesa en México. Continúan las protestas y se anuncia una gran manifestación en el Distrito Federal el próximo día 26, al cumplirse cuatro meses del macabro plan, supuestamente organizado por las autoridades y la mafia criminal en Iguala, un barrio de Ayotzinapa.

El lunes de esta semana, los parientes y otros ciudadanos se situaron frente al 27 Batallón del Cuartel Militar de Iguala para exigir la verdad sobre el eventual asesinato de los jóvenes por ese cuerpo. Armados de piedras y botellas, fueron ripostados por los militares hasta que debieron abandonar el lugar.

Mientras, otros grupos que también exigían justicia se personaron ante el Cuartel de Chiminangos, y en el balneario de Acapulco, con la misma exigencia. La madre de uno de los desaparecidos resultó detenida y luego puesta en libertad.

Incluso, desde el primer día del año, se han llevado a cabo varias concentraciones en distintos Estados mexicanos con el propósito de que la impunidad y el delito sean castigados por la justicia, que hasta ahora poco o nada ha hecho para aclarar las circunstancias del rapto de estos muchachos.

¿QUIÉNES SE FORMAN EN AYOTZINAPA?

La Isidro Burgos, conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es una institución educativa de nivel superior situada en el municipio de Tixtla (Guerrero, México). Forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de masificación educativa implementado por el presidente Lázaro Vargas en la década de 1920 del pasado siglo.

Ayotzinapa (en Náhuatl: río de calabacitas o tortuguitas ) pertenece al Estado de Guerrero, donde se concentra el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos. A esa banda, que según se comprobó trabaja en complicidad con las autoridades municipales y donde hay más de 60 implicados —incluyendo el alcalde José Luis Abarca y su esposa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ahora detenidos— , le fueron entregados por la Policía los 43 estudiantes normalistas, quienes se encontraban en Iguala para participar en una manifestación pública. Tales confesiones no han sido presentadas públicamente, sino mediante comunicados del gobierno.

Las escuelas normales creadas en la época se convirtieron, dada su formación política, en un elemento de transformación social de las localidades pobres. La mayoría de los gobiernos posteriores al de Cárdenas intentaron desaparecerlas, eliminando su financiamiento, al considerarlas cuna de los movimientos sociales mexicanos. Su ideario es formar maestros para que eduquen a las comunidades indígenas y pobres.

Quienes acuden a estos centros educativos son en su mayoría hijos de familias campesinas sin recursos de La Montaña, la Costa Chica, y el centro de Guerrero, donde existen algunas localidades con los más altos índices de analfabetismo y los más bajos de desarrollo humano del país. Guerrero ocupa el segundo lugar de pobreza en México: de cada 100 habitantes 31,7 sufren pobreza extrema.

En la historia de la Normal de Ayotzinapa, fundada en 1926, se denotan momentos de alta tensión con el gobierno mexicano, como el hecho ocurrido en 1941 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que intentó cerrarla de manera definitiva luego de difundir la mentira de que los alumnos habían agraviado la bandera nacional. Decenas de estudiantes fueron entonces detenidos, pero la escuela siguió abierta.

MÉXICO BUSCA JUSTICIA

Luego de casi cuatro meses de desaparición, pocos dudan de que los estudiantes aparezcan con vida, dado el poco interés mostrado por las autoridades federales, incluido el presidente Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en hallar a los verdaderos culpables de la desaparición y eventual asesinato de los jóvenes.

La Procuraduría General de la República (PGR) demoró ocho días en iniciar lo que calificó de investigaciones, y solo verificaron lo que era un clamor popular: cómplices eran las autoridades municipales, algunos policías y sicarios de Guerreros Unidos.

Padres y familiares, apoyados por movimientos sociales —recuérdese que en México desaparecieron casi todos los sindicatos durante la implantación del neoliberalismo a gran escala en el país—, no han cejado un día en la búsqueda de sus muchachos. Hasta ahora solo se identificó a uno, Alex Morales, por el ADN de los progenitores.

Los detenidos por el gobierno y un grupo de mafiosos aseguran que los jóvenes fueron tiroteados e incinerados en un basurero de Cocula, y las cenizas lanzadas en bolsas al río San Juan, según informó Murillo Karam, en una explicación que muchos consideran poco creíble.

Las preguntas comenzaron a tejer un manto de dudas sobre este episodio que salpica en el plano político a Peña Nieto de cara a las próximas elecciones legislativas, en las que su Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría salir mal parado. O no, dado el tejido creado entre la partidocracia mexicana y el crimen organizado en la mayoría de los Estados.

Para analistas, resulta ilógico que la mafia ganase algo incinerando estudiantes. Es difícil que lo hicieran en Cocula, un municipio diferente gobernado por un alcalde del PRI, rival del suyo y que los policías de allí le obedecieran. ¿O fue una componenda entre los dos alcaldes?

Queda en duda el por qué si fueron detenidos por la Policía, esta lo entregó a los mafiosos, ¿acaso por orden de Abarca o fueron los propios uniformados quienes los ultimaron?

 ¿Por qué no se aplicaron el 26 y el 27 de septiembre las reglas del mando policial único que desde hace varios años rige en Guerrero?

Según testigos, en Cocula nadie percibió el presunto incendio para incinerar los cuerpos que, confesaron los mafiosos, duró 15 horas, en una noche de lluvia intensa, sin que además haya testimonios de las llantas que, dijeron, derritieron para acometer el vil hecho.

Según publicó el diario La Jornada el pasado día 4: “…los físicos Jorge Montemayor del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y Pablo Ugalde de la UAM-Atzcapotzalco recalcaron que, conforme a lo que hasta ahora se sabe y se ha hecho público, no es posible que haya acontecido el asesinato e incineración de los estudiantes en el lugar señalado por la PGR; lo cual conduciría a abrir otras líneas de investigación y a la incorporación de otros datos y evidencias que a todas luces han sido minusvalorados.

”Con base en diversos análisis y explicaciones, en cuanto a las condiciones físico-químicas necesarias para cremar decenas de cuerpos (temperatura necesaria, insumos e infraestructura materiales requeridos para ese proceso de combustión, condiciones meteorológicas, entre otros), concluyeron que, contrario a lo sostenido por la PGR, no es físicamente factible que se hayan asesinado y calcinado a los normalistas en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre; y que, si efectivamente se asesinó y quemó a los jóvenes de esa manera, esto se llevó a cabo en otro lugar y con el sustento de infraestructura material adecuada (hornos especializados como crematorios)”.

El Ejército, si eso ocurrió de tal manera, se hizo de oídos sordos, pues los primeros hechos —la detención de los jóvenes— ocurrieron muy próximos al cuartel del 27 Batallón de Infantería, donde se pronunciaron los familiares. Recuérdese que el bus donde viajaban los muchachos de Ayotzinapa a Iguala fue tiroteado, con un saldo de seis muertos, entre ellos tres estudiantes.

Expertos consideran que hay un compromiso entre el gobierno federal, las autoridades de Guerrero —uno de los Estados más violentos de la nación— y las personas a las que evidentemente se está protegiendo en un país gobernado por siete familias mafiosas.

El pretexto dado por Abarca es poco creíble. Según dijo este político, él ordenó la masacre estudiantil porque con su manifestación ensombrecerían el acto en que su mujer se pronunciaría como candidata a la alcaldía de Iguala. Confesó —poco admisible también— que ordenó a sus policías, a los de Cocula, y a los Guerreros Unidos cometer actos de barbarie, como arrancarle la piel del rostro a uno de los tres primeros ejecutados, matar a dos extrajudicialmente y asesinar a otros 43.

Quizás, y todo cabe en las posibilidades, Abarca recibió órdenes superiores, lo que es muy probable jamás sea confirmado, al menos por ahora. El alcalde solo perdió en esta historia, empezando por su puesto, su eventual cargo de Gobernador, sus empresas, y a ello se suma que ya estaba acusado de asesinar a sangre fría a dos luchadores sociales, por lo que fue denunciado por un testigo.

El gobernador estadual también fue defenestrado del cargo, y con ello volaron sus posibilidades de que su hijo fuera candidato a la alcaldía municipal de Acapulco.

Guerreros Unidos nada ganó en estas acusaciones, porque el negocio del narcotráfico precisa de cierta estabilidad y seguridad, lo cual ahora no existe para el grupo, ya que todas las miradas están puestas en su actuación. Esa acción, quiera hacerlo o no, obliga al Estado, para quedar bien con la ciudadanía, a combatirlos aunque sea solo momentáneamente.

El doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Enrique González Ruiz, posee la hipótesis de que “alguien con poder vio la oportunidad de jugar políticamente y sacar ventaja. Estaba en un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, que ha ganado la mayoría de las elecciones en Guerrero en las décadas pasadas, y lo ocurrido posibilitaba darle un golpe demoledor. Había que llevar las cosas a su máximo nivel, secuestrando y desapareciendo a los normalistas de Ayotzinapa y haciéndolos víctimas de acciones brutales como el desollamiento y la incineración. De esa forma, asegurarían ‘la recuperación’ de Guerrero en la elección de 2015, y marcharían hacia el carro completo. La monstruosa orden sería bien vista arriba, porque implicaba un escarmiento a los Ayotzinapos, que tanta lata han dado”.

González también aseguró: “…no descarto que se haya dado la asesoría del general colombiano Óscar Naranjo, experto en armar y operar contrainsurgencia, que fue contratado por Peña Nieto desde que era candidato a la presidencia. Tampoco dejo fuera la posibilidad de la participación de agentes gringos, pues fueron estos quienes armaron a los grupos delincuenciales de México, con operativos como Rápido y Furioso”.

Los padres de los jóvenes quizás demoren años en conocer los móviles reales de los brutales asesinatos de sus hijos. “Fue tanto lo que nos quitaron, que hasta el miedo se llevaron”, rezan algunos de los carteles que portan en sus vindicaciones, acompañados por millares de personas en cada Estado por el que atravesaron México en diciembre pasado.

Así seguirán pasando semanas y meses, pero no menguará el espíritu de rebeldía y movilización ciudadana en un país que perdió sus ímpetus políticos cuando Estados Unidos y Canadá firmaron un Tratado de Libre Comercio con México, que ha dejado a millones en la pobreza, siempre bajo la presencia permanente de los militares norteños, que penetraron en el país para supuestamente combatir el narcotráfico.

Aunque el presidente Peña Nieto habló de la necesidad de pasar la hoja en el caso de Iguala —como si hubiese sido solo un tema local, cuando es lo contrario—, todo indica que 2015 será un año de lucha en el que la verdad quizás pueda irse abriendo paso en el antiguo país de los aztecas.