Miles de brasileños están este jueves en la calle después de la negativa de habeas corpus del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, decisión adoptada luego de las declaraciones del comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, contra el político izquierdista que aspira a ganar de nuevo el Palacio de Planalto.
Villas Bôas afirmó en dos tuites que su fuerza “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz y a la Democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales”.
El mensaje del general, que traza un camino muy peligroso hacia un retorno a una dictadura militar, determinó, en opinión de analistas de varios países, el apretado resultado de la votación del habeas corpus que permitiría a Lula da Silva no ser detenido, luego de la ratificación en segunda instancia de una condena a 12 años y un mes de prisión.
El exmandatario, candidato oficial del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de octubre próximo, con el primer lugar en las encuestas preliminares, fue acusado, sin pruebas incriminatorias y así se ha demostrado, de recibir un apartamento de lujo durante su gestión de la empresa constructora OAS, por el valor de unos tres millones de reales (mn).
La realidad de esta mentirosa acusación orquestada por la derecha que usó como instrumento al juez Sergio Moro, investigador del escándalo de corrupción de la empresa Petrobrás, es que la oligarquía local teme a que el izquierdista líder y fundador del PT retorne con sus políticas inclusivas al Palacio del Planalto y le haga la guerra a las reformas neoliberales impuestas por el presidente de facto, el derechista Michel Temer.
Los millares de seguidores del PT en distintas ciudades brasileñas están hoy en las calles en protesta por la actitud del STF para evitar el apresamiento.
Cinco magistrados votaron a favor del habeas corpus, cinco lo hicieron en contra y fue el voto de la presidenta de ese órgano, Carmen Lúcia, el que determinó la negativa al beneficio.
En ese sentido, el columnista del diario digital Brasil 247, Paulo Moreira, calificó la votación 6-5 como “una suprema cobardía histórica” bajo la amenaza de la intervención de los militares, que están también detrás del proceso judicial.
Moreira previno asimismo que la prisión de Lula encenderá las pasiones del pueblo, “donde milicias fascistas y generales indisciplinados intentan atemorizar al pueblo y reprimir sus movimientos”.
Brasil 247 reprodujo trechos de un comentario del periodista de Oˈ Globo —uno de los mayores incitadores del odio hacia Lula— Bernardo Mello Franco, quien refirió que el Supremo “juzgó a Lula con la bayoneta en el pescuezo”. La bayoneta, dijo, fue apuntada por el general Villas Boâs, quien no necesitó tanques, solo el celular desde donde disparó dos tuites que sonaron como amenaza y creó una tensión adicional en el Supremo Tribunal.
Mello Franco aludió igualmente a la maniobra de la presidenta del STF, sin la cual “el voto negativo de la magistrada Rosa (Weber) sería otro, y el petista no estaría camino a la cárcel”.
La intervención de los militares brasileños en el montaje contra Lula recibió el repudio del ministro del STF Celso de Mello, quien advirtió en la sesión de 12 horas de este miércoles, luego de votar a favor del exmandatario, que “las intervenciones pretorianas en el ámbito político han llevado a una inflexión en el desarrollo de las libertades fundamentales.
De inmediato fue criticado por el general de la reserva Paulo Chagas, quien preguntó al Magistrado vía tuiter: “cómo puede no ser político un enjuiciamiento en que se intenta la argumentación de presunción de inocencia a un criminal, condenado y mundialmente reconocido, como Lula da Silva”.
Varios hechos de los últimos días indican que Brasil va camino a una nueva dictadura, quizás no visible pero con poder para decidir la vida política nacional. La última de las caravanas de Lula por Brasil, por la parte Sur del país, fue atacada y tiroteada por elementos todavía sin identificar.
Hace poco más de una semana, la concejala de izquierda Marielle Franco fue asesinada a tiros en una céntrica calle de Río de Janeiro, poco después de realizar un discurso en defensa de los derechos de las discriminadas mujeres negras de Brasil.
En un comunicado emitido poco después de conocerse el resultado del STF, el PT reafirmó que Lula da Silva es el candidato único de ese partido a las presidenciales y que, aun cuando a base de mentiras y sin pruebas vaya a la cárcel, será inscripto como tal el próximo 15 de agosto.
El PT dijo que de ninguna manera permitirá que su líder sea llevado preso tras el juicio orquestado por las fuerzas de derecha que usaron al juez Sérgio Moro como su monigote, comprando los votos de los jueces del Tribunal de Justicia N.o 4, que dirimió la causa en segunda instancia y elevó la condena a 12 años y un mes.
Todavía quedan algunos recursos para evitar que Lula sea privado de libertad, aunque son pocas las esperanzas de que resulten favorables. La defensa del político que pudiera cambiar el proceso neoliberal impuesto por Temer posee aún dos trámites técnicos pendientes en el Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4), segunda instancia de la Justicia Federal con sede en Porto Alegre, que pueden retardar la orden de prisión.
La Constitución Nacional precisa que ningún acusado podrá ser detenido sin que se hayan agotado todos los recursos impuestos por la defensa, además de que, incluso, hay la posibilidad de presentar nuevas documentaciones a su favor.
Una vez encerrada la tramitación en segunda instancia, la defensa puede entrar en el plazo de 15 días con un recurso especial en el Superior Tribunal de Justicia contra la condena. En esa nueva apelación, en la cual no habrá reexamen de pruebas, se somete al análisis la legalidad del juicio. Los abogados pueden pedir un efecto de suspensión de la condena, lo que puede resultar en la liberación de Lula, en caso de que ya estuviera preso. También pueden entrar, paralelamente y en el mismo plazo, con otro recurso de carácter extraordinario en el propio STF, en contesta a las irregularidades de carácter constitucional.
Ahora, a pesar del papeleo, la libertad de Lula depende del juez Moro, de la 13º Sala Federal de Curitiba, iniciador del falseado proceso, quien puede emitir un mandato de prisión, pues es el responsable por la condena en primera instancia.
La desesperación de la oligarquía brasileña por deshacerse de su peor enemigo político genera un movimiento popular de grandes consecuencias para Brasil, que no olvida que tuvo una dictadura militar entre 1964 y 1986, la más larga de América Latina.
En declaraciones este jueves, el líder popular de Brasil, Joao Pedro Stedile, afirmó que el pueblo trabajador no aceptará ningún otro presidente que no sea Lula y anunció grandes movilizaciones para evitar la detención del exmandatario, quien cambió la imagen de su país a lo interno y en el campo internacional durante sus dos mandatos (2003-2011).
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