América Latina está en las calles desde hace casi dos meses con una exigencia clara: los pueblos de esa región rica en recursos naturales exigen el respeto de sus derechos humanos y ciudadanos más elementales. Mas del 30% de los 600 millones de habitantes de la región vive bajo la línea de pobreza, y un 11,5% en pobreza extrema.
"En números absolutos, hoy por hoy, en 2019 las proyecciones nos dan 191 millones de pobreza y 72 de extrema pobreza, es decir, hay un recrudecimiento de la pobreza este año", expresó Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Al presentar el informe anual de Cepal, Bárcena dijo que el actual desencanto en la región está asociado a un modelo de décadas de concentración del ingreso, de la riqueza y de la tecnología.
La falta de acceso a una vida digna está dada, en su opinión, porque cuatro de cada 10 trabajadores tiene un trabajo considerado técnicamente como indecente porque no les permite cubrir la canasta básica de necesidades. Son las mujeres las más afectadas por esa situación.
El cambio –por uno u otro motivo– de varios gobiernos progresistas a otros de derecha trajo consigo la reimplantación del fracasado modelo neoliberal, que despoja al hombre de elementos imprescindibles para la supervivencia.
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Lo que viene ocurriendo en Latinoamérica desde el pasado octubre en Ecuador, Chile y Colombia, y también en Argentina, Honduras, Guatemala, y de manera casi permanente en Haití, –los focos más reveladores– es el resultado de la explotación capitalista a la que es sometida la clase trabajadora, y por extensión a otros grupos sociales.
En tres meses, el mundo conoció lo que realmente ocurre en América Latina luego de que Estados Unidos (EE.UU;) y sus lacayos de turno derrocaron o intentan hacerlo, mediante distintas fórmulas –hasta golpes de Estado en Honduras y Bolivia– a los legítimos gobiernos progresistas para colocar en su lugar regímenes que sirven a intereses capitalistas internacionales.
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La chispa de la insurrección popular estalló en Ecuador y cogió de sorpresa al presidente Lenin Moreno, un supuesto izquierdista que comenzó una reconversión de las estructuras nacionales con reformas económicas que desataron la furia popular.
Del 2 al 13 de octubre las principales ciudades de esa nación suramericana fueron desbordadas por miles de ciudadanos, en su mayoría indígenas y trabajadores, opuestos a un anunciado plan de austeridad que, entre otras medidas, eliminaba los subsidios a los combustibles, vigentes en ese país hace 40 años.
Moreno pensó que los 4 200 millones de dólares entregados al país meridiano por el Fondo Monetario Internacional, con la consiguiente reducción del déficit fiscal, sería aceptada por una población que durante 10 años fue protegida por la Revolución Ciudadana liderada por el presidente Rafael Correa.
Dos horas después de que el mandatario firmara la ley de subida del galón de gasolina extra de 1.85 dólar a 2.30 y el incremento de más del 120% del diesel en las bombas de expendio –con la consiguiente alza inmediata del transporte público– el pueblo se concentró en las calles. .
Nueve días permaneció el pueblo en las calles, bajo la brutal represión de fuerzas militares. Al mandatario no le quedó más sentarse a negociar y derogar el decreto neoliberal.
La medida sobre el combustible fue parte de un paquete de medidas exigidas por el FMI al gobierno ecuatoriano para avanzar hacia la neoliberación. O sea, retroceder en las conquistas económicas y sociales de la Revolución Ciudadana.
Cinco días después de que la calma relativa volviera a Ecuador, en Chile, a 3000 kilómetros de distancia, el presidente de derecha Sebastián Piñera, subió el alza del precio del metro.
Pero si Moreno logró contener la sublevación, en Chile desde el 18 de octubre pasado millares de personas se mantienen en las calles de las grandes ciudades para exigir no como en Ecuador la derogación de una ley sino la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna y sustituya la actual, nacida con la marca del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
En la cuna del neoliberalismo, se privatizó todo: la salud, la educación, las pensiones, la riqueza, los medios de comunicación, y hasta el agua.
Nada justifica la calificación de "oasis" brindada por el Mandatario a su país poco antes de la sublevación social, que mostró el descontento de un amplio sector con la desigualdad económica, la desconfianza hacia los políticos –ningún partido participó en la rebeldía– y la implantación de nuevas bases socio-económicas.
La desigualdad y la violación de los derechos humanos tiene múltiples caras en la nación austral. Concentración de la riqueza, sueldos bajos, pensiones miserables privatizadas, medicamentos costosos y universidades públicas muy caras.
El Panorama Social de América Latina, elaborado por la Cepal en 2018, demostró que el 1 % de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza en Chile, mientras el 50 % de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1 % de la riqueza total del país.
La Fundación Sol publicó en agosto pasado que siete de cada 10 trabajadores reciben un sueldo líquido inferior a 745 dólares, insuficientes para cubrir el alto costo de la vida. Sin embargo, el sueldo bruto de los parlamentarios asciende a 12 600 dólares mensuales.
Los bajos salarios causaron que más de 4,6 millones de chilenos, cerca del 26 % de la población adulta, tengan deudas crediticias vencidas en el primer semestre de este año, informó la Universidad San Sebastián y la empresa Equifax..
Según el informe, el 73,7 % de los morosos ha permanecido en esa condición durante los últimos 12 meses. El Banco Central informó que la deuda de los hogares chilenos alcanzó en el primer semestre de 2019 un máximo histórico y ya representa el 73,5 % del ingreso disponible de las familias.
Al cierre de 2018, la mitad de los casi 700 000 jubilados chilenos que recibieron una pensión por vejez -la modalidad más común– obtuvieron unos 205 dólares mensuales.
Otro de los reclamos de los trabajadores de Chile es la desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas en las que cotizan el 10 % de sus sueldos. Esas entidades aumentaron sus beneficios un 70 % entre enero y septiembre de este año en comparación con 2018.
La posibilidad de cursar estudios universitarios es una quimera para la juventud chilena, pues ese país tiene los aranceles más caros en las carreras universitarias, con 7654 dólares anuales de promedio, solo superada por los centros públicos de altos estudios de EE.UU. El porcentaje de alumnos en instituciones públicas de educación superior en Chile solo llega al 15 %.
La sanidad pública chilena tiene múltiples desafíos pendientes, como aumentar la cifra de hospitales y médicos especialistas, reducir las listas de espera y aumentar las coberturas
En Chile se vive una brutalidad masiva que dejó hasta ahora 32 muertos, más de 300 personas heridas en sus globos oculares con balines, muchas de ellas con pérdida total o parcial de la visión, y más de 3000 detenidos. Mujeres y hombres han sido violados sexualmente y torturados en las cárceles, El uso de gases lacrimógenos dan fe de la mano dura de Piñera, incapaz de controlar la rebeldía popular, y con solo un 4% de apoyo de los chilenos.
Otro mandatario derechista, el colombiano Iván Duque, también sufre la ira popular. Los colombianos, en paro general permanente, protestan contra un régimen de derecha que no soluciona los problemas económicos y sociales, le hace la guerra a Venezuela, y no concreta el Acuerdo de Paz de 2016 suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por el contrario, en los dos años de mandato de Duque, y con su evidente anuencia, grupos paramilitares han asesinado a más de 300 líderes sociales y ex guerrilleros, que entregaron sus armas voluntariamente.
Para los colombianos, el actual régimen no respeta la vida, en tanto está entregando el país a las multinacionales.
Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra proyectos mineros extractivista, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.
En Argentina, que este martes10 despide al neoliberal presidente Mauricio Macri para dar paso al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, la pobreza afecta al 40,8% de la población, o sea 16 millones de personas y la indigencia al 8,9%, equivalente a 3,6 millones más.
En ambos casos se trata de los registros más altos de la década , según se desprende del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), correspondiente al tercer trimestre de 2019.
Agustín Salvia, responsable del Observatorio de la Deuda Social de la UCA indicó que la pobreza aumenta desde 2017 y que hay “una población hundida en la marginalidad que produce una mayor desigualdad. Hubo mejoras, puntualizó, en acceso al agua potable y cloacas, pero fue muy negativo la adquisición de medicamentos, atención a la salud y un trabajo digno.
La penosa situación de la mayoría de las naciones latinoamericanas destapó también el fenómeno migratorio y su aumento. En la actualidad hay 40,5 millones de emigrantes, el 15% del total a nivel mundial, por lo que las remesas devienen pilar económico fundamental para los países de origen.
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