Amargo sabor de cierre de año en México

La violencia en México mantiene una ciudadanía en vilo, más aún después de la desaparición forzosa y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas en Iguala, estado de Guerrero, un suceso que aunque cotidiano en muchos territorios de ese país, devino un símbolo de la debilidad del Estado y el poder del crimen organizado con la complicidad de las autoridades de distintos niveles.

México es otro país luego de que el pasado 26 de septiembre en una acción policial en Iguala fueran asesinados seis personas que viajaban en un ómnibus rumbo a Iguala, Ayotzinapa. Tres de las víctimas eran estudiantes del conglomerado de la Escuela de Normalistas que se dirigía a una protesta pacífica, en tanto los restantes eran personas sin vínculo alguno con la acción.

A pesar de las movilizaciones nacionales que estremecieron hasta el Zócalo de la capital federal, de las intervenciones –ninguna convincente del presidente Enrique Peña Nieto-, de las protestas sociales que unieron a los mexicanos como nunca antes frente a la barbarie, los alumnos de Ayotnizapa no aparecieron y para muchos políticos, incluidos los federales, es hora de pasar esa página que mantiene en luto a la nación.

Lo cierto es que ni Peña Nieto posee solución alguna para el descontrol existente en el Estado dominado por el narcotráfico, ni tampoco sus colaboradores han descifrado el destino de los jóvenes que –según algunas cabecillas de poca monta- fueron ejecutados a mansalva, quemados y lanzados al río San Juan y al basurero del barrio de Cocula, en Guerrero.

Sólo uno de los 43 desaparecidos pudo ser identificado por un molar –de lo cual hay dudas entre los forenses argentinos llamados a esclarecer las identificaciones- , pero aún se desconoce, a ciencia cierta, qué pasó con aquellos que soñaban con ser maestros y brindar sus conocimientos a los habitantes del México pobre y olvidado por los políticos de turno.

Si débil, en opinión de observadores, es el papel jugado por Peña Nieto en este crimen que alcanzó titulares de la prensa mundial, también lo es la Procuraduría General de la República, que entre tejes y manejes nunca tuvo una respuesta concreta ni para los familiares ni para la opinión pública alrededor de este caso, uno más entre las decenas que ocurren a diario en el antiguo país de los aztecas.

Solo dos de los implicados directamente fueron apresados –luego de darse a la fuga- : el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, cuya responsabilidad directa en la masacre tiene en crisis al tradicional Partido de la Revolución Democrática (PRD), el llamado “Sol Azteca”. Este alcalde, vinculado a los narcotraficantes, entregó los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, encargados del trabajo sucio de asesinarlos, en una de las versiones más difundidas de la criminal acción.

Después del rapto de los muchachos, el  fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano —hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, considerado el último de la estirpe de Generales de la Revolución Mexicana de 1910—, renunció a esa organización el pasado 25 de noviembre, explicando         que el Partido que creó en 1989 está en “franco declive” y “ha perdido autoridad moral frente a la sociedad”.

Las autoridades estaduales y municipales complicadas en el caso son del PRD. Solo en Ayotzinapa ocurrieron más de 260 crímenes políticos conocidos en los últimos 16 años, sin contar los desconocidos enterrados en fosas comunes, muchas de ellas descubiertas durante la búsqueda de los estudiantes.

Pero si un alto costo tiene que pagar el PRD, tampoco el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) se queda atrás, al no poder detener la violencia causada por las guerras entre los narcotraficantes, la interacción entre las autoridades federales, estaduales y municipales con la mafia organizada, en tanto continúa el crecimiento de la miseria y la inestabilidad económica y social para los grupos más vulnerables.

Para analistas, los movimientos políticos y sociales que tomaron las calles desde el 26 de septiembre le pasarán la cuenta a los partidos tradicionalistas en las elecciones federales del 7 de junio del próximo año, en que se renovarán los 500 diputados al Congreso federal, 903 presidencias municipales (incluida Iguala), 639 diputados locales y nueve gubernaturas.

Este proceso electoral comenzó de manera oficial por el Instituto Nacional Electoral en medio de la especulación pública sobre el impacto que tendrá en sus resultados la crisis nacional que deriva contra el sistema político mexicano, surgida tras el crimen de Ayotzinapa.

Guerrero es considerado uno de los estados más violentos de México, sin materia alguna de seguridad, afirmó el analista Manuel Nava a la revista Siempre, en la que explicó que allí existe –como en otros territorios- una descomposición de hace cinco décadas debido a purgas políticas, grupos paramilitares y el narcotráfico. 

Durante ese tiempo, dijo, en Iguala se arrastran "una cadena de omisiones y falta de resultados en los que incurrieron las autoridades en los tres niveles de gobierno a lo largo de los años".

En su opinión, “los homicidios y secuestros son solo una parte del problema de la seguridad pública, pues hay otra latente que cada vez toma más fuerza", y es el tráfico y control de personas con diversos fines: explotación sexual y laboral, pornografía infantil, tráfico de órganos y venta de personas”.

Nava explicó a Siempre que la batalla del narcotráfico ha vivido al menos tres periodos críticos "cuya expresión ha sido una violencia desbordada". El primero, estimó, entre 2002 y 2007, cuando autoridades permitieron la llegada del cartel del Golfo; , la segunda entre 2008 y 2010, con la ruptura de Joaquín (El Chapo) Guzmán -líder cartel de Sinaloa- y los Beltrán Leyva, esta última una de las cinco grandes agrupaciones criminales; y en 2012 "la violencia se desató de nueva cuenta entre el grupo del crimen organizado para lograr el control de la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero".

La presencia de la mafia en Guerrero, donde existen las llamadas áreas estratégicas en la producción y trasiego de drogas, costó la vida hace dos años a 925 personas y una emigración de miles de ciudadanos hacia localidades menos peligrosas.

Al parecer, las palabras presidenciales de que el caso de Iguala es una oportunidad para fortalecer las instituciones de seguridad todavía es una quimera para la indefensa población mexicana, pues aunque ahora la Caja de Pandora se abrió en Iguala, los mexicanos conocen, por ejemplo, el alto número de violaciones sexuales y feminicidos cometidos en el país.

La pasada semana, en una vuelta de hoja, el Mandatario expresó que “los acontecimientos violentos ocurridos en Iguala (…) debe llevarnos a emprender ajustes y hacer de estos hechos tan lamentables una oportunidad para reconducir, reforzar y fortalecer las instituciones de Seguridad Pública", en tanto reconoció la debilidad de las instituciones, en especial las municipales.

Sin embargo, una investigación periodística demostró que el ataque contra los estudiantes fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército, lo cual echa por tierra la versión oficial de la Procuraduría General y del propio Mandatario, según el semanario Proceso.

Muchas incógnitas quedan aún sobre el crimen de Ayotzinapa. Para el Procurador Murillo Karam, las pruebas arrojadas por Proceso le “ayudarían” a esclarecer un crimen que ya está cerrado por las autoridades federales. Pero cabe entonces preguntarse qué pasará si el Ejército mexicano fuera el responsable de la vida de los jóvenes de Iguala.

Para la sociedad mexicana, el papel de Karam ampara a los grupos criminales, pues a pesar de las pruebas periodísticas no abrió una investigación sobre la presunta complicidad también del Ejército y la Policía Federal.

Como haya ocurrido o no quizás jamás se conozca realmente. Lo verdadero es que este diciembre –que hubiese podido ser de una felicidad condicionada por la violencia— es tristemente trágico. La certeza de que los muchachos no volverán es segura. Pero, por un mínimo de respeto y de credibilidad, cabría al Estado encontrar los restos de esos 43 chicos para conformidad espiritual de sus familias, muchas de ellas aun con la esperanza de que regresen vivos.